Un 35.4% de los reos que se encuentran en la entidad son adictos a una o más sustancias y no hay suficientres programas de rehabilitación según datos de la CNDH
Un 35.
4% de las personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios de la entidad, tienen adicción a una o más sustancias psicoactivas, pese a lo cual, no cuentan con suficientes programas de atención a las adicciones ni a rehabilitación.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las personas con alguna adicción, el alcohol representó el mayor porcentaje con 27.
1%.
A este sigue la marihuana con 25.
4% y el tabaco con 21.
3% como principal sustancia que identificaron las mismas personas encuestadas.
Sin embargo, dijeron que tienen adicción de entre una y tres drogas.
El último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado en 2023, señala que entre las principales áreas en las que encontró violación de derechos, o incumplimiento para garantizar una estancia digna para personas privadas de la libertad, está la insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Además, la inadecuada clasificación de personas privadas de su libertad, e insuficientes vías para la remisión de quejas, de probables violaciones a derechos humanos.
Por ejemplo, en el Centro de Readaptación Social Estatal número 1 en Aquiles Serdán, se mencionan insuficientes programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Además, de deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiente o inexistente presencia de actividades laborales y capacitación insuficiente del personal de seguridad y custodia.
Insuficientes programas para la prevención de atención de accidentes violentos e insuficientes vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el Centro de Readaptación Social Estatal femenil en Aquiles Serdán, se detectó insuficiencia en programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como la inadecuada clasificación de personas privadas de la libertad e insuficientes vías para la remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos.
Durante la presentación de este diagnóstico a mediados de 2023, se indicó que se ubicó a seis Centros Penitenciarios de las entidades de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala, y Chihuahua, que obtuvieron puntuaciones entre el 7.
06 y 7.
62 en una calificación de distintas áreas.
Además, tuvieron una tendencia a la baja, con respecto a las calificaciones obtenidas en el año de 2021.
Se indicó que de los 235 centros penitenciarios estatales a nivel nacional, en la mayoría se observó una mayor incidencia en los siguientes puntos: inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; deficientes condiciones materiales e higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Además, se identificó insuficiencia de personal de seguridad y custodia; insuficiencia de vías para la remisión de quejas violaciones a los derechos humanos; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro; insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas y deficiencias en los servicios de salud inadecuado.
También insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; deficiente integración del expediente técnico jurídico, e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
La CNDH consideró que estás deficiencias, impactan directamente las condiciones de habitabilidad y estancia digna, en el acceso de servicios y actividades para una debida reinserción social; en la debida gobernabilidad y seguridad de los centros y en la observancia a sus derechos de defensa.
Por lo anterior, se solicitó una pronta respuesta, pues consideró que estos hallazgos, trascienden los derechos, tales como la salud, la integridad personal, la vida, el debido proceso y la seguridad jurídica
Un 35.
4% de las personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios de la entidad, tienen adicción a una o más sustancias psicoactivas, pese a lo cual, no cuentan con suficientes programas de atención a las adicciones ni a rehabilitación.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las personas con alguna adicción, el alcohol representó el mayor porcentaje con 27.
1%.
A este sigue la marihuana con 25.
4% y el tabaco con 21.
3% como principal sustancia que identificaron las mismas personas encuestadas.
Sin embargo, dijeron que tienen adicción de entre una y tres drogas.
El último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado en 2023, señala que entre las principales áreas en las que encontró violación de derechos, o incumplimiento para garantizar una estancia digna para personas privadas de la libertad, está la insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Además, la inadecuada clasificación de personas privadas de su libertad, e insuficientes vías para la remisión de quejas, de probables violaciones a derechos humanos.
Por ejemplo, en el Centro de Readaptación Social Estatal número 1 en Aquiles Serdán, se mencionan insuficientes programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Además, de deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiente o inexistente presencia de actividades laborales y capacitación insuficiente del personal de seguridad y custodia.
Insuficientes programas para la prevención de atención de accidentes violentos e insuficientes vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el Centro de Readaptación Social Estatal femenil en Aquiles Serdán, se detectó insuficiencia en programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como la inadecuada clasificación de personas privadas de la libertad e insuficientes vías para la remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos.
Durante la presentación de este diagnóstico a mediados de 2023, se indicó que se ubicó a seis Centros Penitenciarios de las entidades de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala, y Chihuahua, que obtuvieron puntuaciones entre el 7.
06 y 7.
62 en una calificación de distintas áreas.
Además, tuvieron una tendencia a la baja, con respecto a las calificaciones obtenidas en el año de 2021.
Se indicó que de los 235 centros penitenciarios estatales a nivel nacional, en la mayoría se observó una mayor incidencia en los siguientes puntos: inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; deficientes condiciones materiales e higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Además, se identificó insuficiencia de personal de seguridad y custodia; insuficiencia de vías para la remisión de quejas violaciones a los derechos humanos; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro; insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas y deficiencias en los servicios de salud inadecuado.
También insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; deficiente integración del expediente técnico jurídico, e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
La CNDH consideró que estás deficiencias, impactan directamente las condiciones de habitabilidad y estancia digna, en el acceso de servicios y actividades para una debida reinserción social; en la debida gobernabilidad y seguridad de los centros y en la observancia a sus derechos de defensa.
Por lo anterior, se solicitó una pronta respuesta, pues consideró que estos hallazgos, trascienden los derechos, tales como la salud, la integridad personal, la vida, el debido proceso y la seguridad jurídica
