Ana Lorena Delgadillo Pérez presenta una serie de reflexiones con Luis Pásara, experto en la elección popular de integrantes del Poder Judicial y los sistemas de justicia de América Latina.
Ana Lorena Delgadillo Pérez presenta una serie de reflexiones con Luis Pásara, experto en la elección popular de integrantes del Poder Judicial y los sistemas de justicia de América Latina.
La pérdida de la independencia judicial es una de las rutas más peligrosas que acercan a un país hacia un régimen autoritario.
En otras otras ocasiones hemos dicho que México no cuenta con el Poder Judicial que se requiere, pero el camino que se ha tomado está lejos de resolver la falta de justicia.
En conversación con Luis Pásara, uno de los expertos que más ha estudiado la elección popular de integrantes del Poder Judicial y los sistemas de justicia de América Latina, incluyendo México, examinamos algunos de los riesgos de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los países que ya pasó por ese proceso, y sin ningún éxito, fue Bolivia.
En 2011, el gobierno boliviano determinó que la elección de jueces y juezas de altas cortes sería por voto popular.
La pregunta inicial es ¿cuáles fueron las razones que llevaron a Bolivia a esta reforma?
De acuerdo a Luis Pásara, en Bolivia se percibía también un alto grado de insatisfacción con el sistema de justicia que se reflejaba en las encuestas y fue denunciado por instancias nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas.
A la falta de idoneidad de los jueces, es decir, de capacidad profesional e independencia, se sumaba el deficiente sistema de nombramientos o designaciones en el Poder Judicial.
El gobierno de Evo Morales recoge esta demanda e introduce el mecanismo de elección popular para lo que en Bolivia se denomina las altas cortes (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura).
Hasta donde se sabe, por comentarios del propio Evo Morales, él tomó el “modelo” de Suiza, donde se elige a los jueces en el nivel “cantonal” que es el nivel inferior jerárquicamente; el más comunitario.
En diversos países, cuando existe un alto nivel de impopularidad respecto a la administración de justicia, los políticos aprovechan el contexto para hacer reformas que les permita obtener ventajas en las decisiones judiciales, máxime si el Poder Judicial existente no les ha sido grato con algunas resoluciones tomadas.
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Y ¿esta reforma en Bolivia solucionó los problemas que la originaron? Pásara considera que no, ya que la situación actual, en términos generales, es similar o peor a la que existía antes y esto se refleja en encuestas, análisis y exámenes cuidadosos que se han hecho respecto al retraso, lo inadecuado y la corrupción del Poder Judicial.
Los impactos de esta reforma en Bolivia son claros: al politizarse el mecanismo de elección de jueces y juezas de las cortes y tribunales mas importantes del sistema, se dejó en manos del partido mayoritario el proceso de selección de aquellos que llegan a la boleta, en la cual las y los ciudadanos escogerían a los candidatos.
Esto es: el partido mayoritario pasó a seleccionar en la Asamblea Legislativa a los jueces y juezas, envolviendo su mano en el guante de una elección popular.
Pero el pueblo boliviano no se dejó engañar por el sistema.
En las dos elecciones de jueces y juezas que ha habido hasta ahora -la tercera está en proceso porque se ha frustrado- alrededor de dos tercios de los electores participantes ha votado en blanco o han viciado el voto.
Esto es una señal indudable respecto al fracaso del sistema.
Si el presidente López Obrador habla de que quiere “liberar” a un sistema cooptado, podríamos decir que entonces el Poder Judicial pasaría de una cooptación a otra y frente a todo esto ¿dónde queda el mérito, la capacidad y la experiencia que se requiere en las y los juzgadores? Según Luis Pásara, lo más grave es la politización de la designación de los jueces que acaba con la independencia judicial.
Las decisiones adoptadas por los jueces de las altas cortes de Bolivia desde 2012, han sido claramente complacientes con el poder político.
Hay un caso extremo que es de interés: la Constitución boliviana establece que el presidente de la República solo puede ser re-elegido por un período adicional.
En 2017 el Tribunal Constitucional de Bolivia interpretó esa norma y facultó a Evo Morales para postularse a un tercer periodo presidencial.
Dos años después el país cayó en una crisis política gravísima de cuyos efectos todavía no se ha recuperado totalmente.
El otro tema es el de la evaluación técnico-profesional de aquellos que son postulados para ser jueces y juezas.
En Bolivia el nivel de preparación de los jueces era muy débil; con la elección popular ha declinado aún más y esto se debe a una razón muy clara: el partido en el poder, que es el que postula a los candidatos que finalmente fueron y son “elegidos”, busca lealtad, no capacidad, y a menudo los incondicionales son los que menos capacidad tienen y esos son los que en definitiva llegan a los cargos, aparentemente elegidos por el pueblo.
En el caso de México, estamos hablando de cientos de jueces y juezas que serán removidos de su cargo en un solo momento y no otro país de América Latina donde se haya realizado una reforma de tal magnitud.
Por la cantidad tremenda de juzgadores que se estarían eligiendo, es prácticamente imposible que la gente tenga conocimiento de los candidatos, y entonces, es difícil decir que la gente va a “elegir” si hay un desconocimiento de las y los candidatos.
Ahí… “el partido les dirá por quién votar” de acuerdo a Pásara; la clave está en quién hace la lista que llega a la boleta.
Sin embargo el principal problema de la elección es el relativo a la independencia, que no es algo un principio establecido a favor de los jueces sino de quien litiga, de quien acude ante ellos y ellas.
De acuerdo a Pásara, en todo América Latina la independencia judicial es débil, es insuficiente, y en el caso mexicano estamos lejos de que haya alcanzado su plenitud.
Cuando no hay independencia, los jueces van a decidir lo que se les dicte desde las instancias del poder, máxime en los casos que involucra a estas.
Además, si el propio tribunal disciplinario será elegido por voto popular, aumentará el control político de las y los jueces que sean elegidos.
El proceso estará inevitablemente teñido del color del partido o de los partidos políticos.
Esto es volver a los peores tiempos de la dependencia de los jueces a un régimen político.
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El sistema actual de elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México no es idóneo y esto se ha venido subrayando desde diversas organizaciones de la sociedad civil.
Luis Pásara considera que no hay experiencia ideal sino mecanismos que producen mejores o peores resultados.
Los resultados no dependen tanto del mecanismo, sino del nivel de consolidación y madurez de las instituciones del régimen político y de su propia ciudadanía.
Cuando existe un mejor equilibrio de relación de los poderes del Estado, cualquier sistema presenta buenos resultados.
Hay países de Europa donde el Ministro de Justicia designa a los jueces, pero a nadie se le ocurre que va a designar a un abogado que no tiene las capacidades, porque es amigo suyo o porque no tiene trabajo o alguien se lo presentó, pero en nuestros países esto es lo que probablemente sucedería.
Sin embargo, hay dos aspectos que mejoran estos procesos: mayor diversificación de las instancias -o de los participantes- que eligen y mayor vigilancia de la sociedad civil.
El crimen organizado puede también jugar un papel importante en un proceso de elección de jueces, desde colocar candidatos hasta eliminar a un candidato que no les conviene.
En México es lo que les ocurre a algunos candidatos a las legislaturas.
Si uno de los fines de la reforma empujada por el presidente es evitar la corrupción y la captura del Poder Judicial, el camino elegido no es el correcto.
Si lo que quiere el Presidente es un mejor sistema de justicia que llegue a la gente que más lo necesita, tampoco es el camino correcto.
La narrativa presidencial está lejos de lo que mostrará la realidad, de llevarse a cabo esa reforma.
El caso boliviano es el mejor ejemplo y debería servir como ejemplo para aprender en cabeza ajena.
A la larga quienes serán mas afectados serán las personas que menos posibilidades tienen de llegar a la justicia.
Por último, no podemos olvidar que la forma como se elige a quienes ocupan un cargo en el Poder Judicial, es en sí misma una llave para abrir o cerrar las puertas a la corrupción.
