El desplazamiento en la Sierra Tarahumara sigue creciendo
Personas víctimas de desplazamiento forzado interno repartieron volantes en el primer cuadro de la ciudad para exigir que se cumpla con la recomendación CNDH 96/2022 que se emitió a favor de las comunidades rarámuri El Manzano en Uruachi y Monterde en Guazapares.
Con una lona donde exigen se cumpla la pacificación de la zona serrana, las víctimas se apostaron frente a Palacio de Gobierno, justo a un costado del anti monumento a la impunidad que se ubica en la Plaza Hidalgo, donde iniciaron con el volanteo de sensibilización hacia la sociedad, para que sepan que son víctimas de la inseguridad y el terror que siembran los grupos criminales en la Sierra Tarahumara.
En Chihuahua, las condiciones de inseguridad en los territorios indígenas, la omisión estatal y la sistemática violación a derechos humanos genera las condiciones para el desplazamiento forzado interno de cientos de persona que se han visto en la necesidad de abandonar su hogar para sobrevivir.
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 96/2022 versa sobre la pacificación de las zonas para el retorno seguro; acceso a la justicia y detención a los responsables del desplazamiento, el reasentamiento definitivo con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad, y la ayuda humanitaria.
A pesar de que el Gobierno del Estado aceptó la recomendación sólo ha cumplido con una ayuda humanitaria de mil pesos al mes, así como una renta de una vivienda muy precaria en zonas inseguras.
Además hay sentencia previa y existe una resolución pendiente del Primer Tribunal Colegiado, pues desde hace un año y tres meses, las representantes jurídicas de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) que brindan acompañamiento a los integrantes de las comunidades detallaron que con la pandemia los asuntos en los tribunales federales se dilatan.
En este asunto piden la indemnización para el asentamiento definitivo.
El desplazamiento en la zona serrana sigue creciendo, no solo en Uruachi y Guazapares, también en Guadalupe y Calvo.
Una de las comunidades del triángulo dorado es Baborigame donde siguen los enfrentamientos armados y la gente sale huyendo a causa de las amenazas y homicidios.
El crimen organizado está despoblando la zona donde existen varias concesiones mineras de empresas extranjeras y además la tala ilegal es creciente y grave.
Tras repartir volantes en la Plaza Hidalgo caminaron hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado donde continuaron repartiendo volantes donde explican a la ciudadanía que para salvar su vida tuvieron que abandonar sus tierras, casa, animales y pertenencias.
La comunidad de El Manzano, en el municipio de Uruachi, fueron desplazados desde el 2015, a pesar de que su caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de organizaciones civiles, no existe avance.
Los desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su territorio, pero cada intento les ha costado la vida de un miembro.
En el 2015 empezaron a recibir amenazas.
El 29 de marzo llegaron hombres armados para atacar a la comunidad, desde entonces viven en desplazamiento.
Personas víctimas de desplazamiento forzado interno repartieron volantes en el primer cuadro de la ciudad para exigir que se cumpla con la recomendación CNDH 96/2022 que se emitió a favor de las comunidades rarámuri El Manzano en Uruachi y Monterde en Guazapares.
Con una lona donde exigen se cumpla la pacificación de la zona serrana, las víctimas se apostaron frente a Palacio de Gobierno, justo a un costado del anti monumento a la impunidad que se ubica en la Plaza Hidalgo, donde iniciaron con el volanteo de sensibilización hacia la sociedad, para que sepan que son víctimas de la inseguridad y el terror que siembran los grupos criminales en la Sierra Tarahumara.
En Chihuahua, las condiciones de inseguridad en los territorios indígenas, la omisión estatal y la sistemática violación a derechos humanos genera las condiciones para el desplazamiento forzado interno de cientos de persona que se han visto en la necesidad de abandonar su hogar para sobrevivir.
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 96/2022 versa sobre la pacificación de las zonas para el retorno seguro; acceso a la justicia y detención a los responsables del desplazamiento, el reasentamiento definitivo con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad, y la ayuda humanitaria.
A pesar de que el Gobierno del Estado aceptó la recomendación sólo ha cumplido con una ayuda humanitaria de mil pesos al mes, así como una renta de una vivienda muy precaria en zonas inseguras.
Además hay sentencia previa y existe una resolución pendiente del Primer Tribunal Colegiado, pues desde hace un año y tres meses, las representantes jurídicas de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) que brindan acompañamiento a los integrantes de las comunidades detallaron que con la pandemia los asuntos en los tribunales federales se dilatan.
En este asunto piden la indemnización para el asentamiento definitivo.
El desplazamiento en la zona serrana sigue creciendo, no solo en Uruachi y Guazapares, también en Guadalupe y Calvo.
Una de las comunidades del triángulo dorado es Baborigame donde siguen los enfrentamientos armados y la gente sale huyendo a causa de las amenazas y homicidios.
El crimen organizado está despoblando la zona donde existen varias concesiones mineras de empresas extranjeras y además la tala ilegal es creciente y grave.
Tras repartir volantes en la Plaza Hidalgo caminaron hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado donde continuaron repartiendo volantes donde explican a la ciudadanía que para salvar su vida tuvieron que abandonar sus tierras, casa, animales y pertenencias.
La comunidad de El Manzano, en el municipio de Uruachi, fueron desplazados desde el 2015, a pesar de que su caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de organizaciones civiles, no existe avance.
Los desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su territorio, pero cada intento les ha costado la vida de un miembro.
En el 2015 empezaron a recibir amenazas.
El 29 de marzo llegaron hombres armados para atacar a la comunidad, desde entonces viven en desplazamiento.
