Jorge Pérez, director de Uno de Siete Migrando, afirmó que es responsabilidad del estado, el Estado de Derecho, una garantía de la vida a las personas en situación de movilidad
El director de la asociación Uno de Siete Migrando, Jorge Pérez, explicó que son las mismas políticas públicas que exigen documentación y comprobación de la situación migratoria de las personas en movilidad, las que empujan a los migrantes a acudir con delincuentes del crimen organizado y que los exponen a situaciones de trata y a ser víctimas de otros delitos, entre los cuales, puede estar también que pierdan la vida.
“Invitamos a las autoridades también de las empresas de camiones, vender los boletos a las personas migrantes que tienen lo necesario, porque a veces se están poniendo requisitos, que ni siquiera son de su competencia.
A todas las empresas de transporte, a que garanticen y respeten el derecho de las personas a la movilidad.
Están haciendo una verificación migratoria, que corresponde únicamente al Instituto Nacional de Migración, todo esto después que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un comunicado solicitando que hicieran eso, pero está mal.
No tienen por qué violentar la Ley, no pueden hacerlo ni las autoridades, menos un privado, no tienen facultades para hacer nada de eso, son privados”, expresó el titular de la asociación Uno de Siete Migrando.
El defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, mencionó que ese tipo de revisiones y solicitudes, se están haciendo a las personas migrantes, aprovechando la vulnerabilidad en la que están; y muchas veces aprovechando también y siendo parte a lo que orilla a las personas migrantes de no tener alternativa, y acudir a estas personas que se dedican al tráfico de personas.
“Es la misma política pública la que está dándole personas al crimen organizado, dando trabajo al crimen organizado y propiciando este tipo de situaciones, y desde donde se abona a estas muertes”, aseveró.
En ese sentido, manifestó evidentemente las personas migrantes, ya sean nacionales o extranjeras, se ponen en mucho riesgo a la hora de migrar, y es por nuestro territorio donde corren el riesgo.
“A final de cuentas, hay muchos estados que criminalizan la migración, pero no están tomando en cuenta que los criminales están en nuestro territorio, que los delitos se están cometiendo en nuestro territorio a personas que están cruzándonos”, acusó.
Afirmó que es responsabilidad del estado, el Estado de Derecho, una garantía de la vida, ya hablamos de la vida, ni siquiera del tránsito, de la salud o del bienestar, estamos hablando de la garantía de la vida a las personas.
Y sostuvo que eso, ningún estado lo puede esquivar, es algo que se tiene que garantizar, sea de cualquier nacionalidad.
En este caso, eran mexicanos, chihuahuenses.
“Ya no nos hagamos tontos con esto, ya no nos volteemos el tema, tenemos que garantizar la vida de las personas en el territorio, y eso entre más solidarios seamos como comunidad, ya más que el Gobierno, también como comunidad, cuando entendamos que la necesidad es real e ineludibles.
Las personas no migran por gusto, las personas están migrando por necesidad, por miedo, por violencia.
Eso es lo que tenemos que empezar a entender desde los gobiernos”, refirió.
Para finalizar, acotó que son los gobiernos los que emanan de la sociedad, entonces, y que como sociedad se tiene que ir por la raíz, y tiene que cambiar.
“Invitar a la población migrante en general, acudir a los espacios de atención, donde es más seguro.
Puede haber cosas que no son perfectas, pero son más seguras que caer en las redes de trata.
Hay oportunidades y formas de migrar de manera segura”, concluyó Jorge Pérez.
El director de la asociación Uno de Siete Migrando, Jorge Pérez, explicó que son las mismas políticas públicas que exigen documentación y comprobación de la situación migratoria de las personas en movilidad, las que empujan a los migrantes a acudir con delincuentes del crimen organizado y que los exponen a situaciones de trata y a ser víctimas de otros delitos, entre los cuales, puede estar también que pierdan la vida.
“Invitamos a las autoridades también de las empresas de camiones, vender los boletos a las personas migrantes que tienen lo necesario, porque a veces se están poniendo requisitos, que ni siquiera son de su competencia.
A todas las empresas de transporte, a que garanticen y respeten el derecho de las personas a la movilidad.
Están haciendo una verificación migratoria, que corresponde únicamente al Instituto Nacional de Migración, todo esto después que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un comunicado solicitando que hicieran eso, pero está mal.
No tienen por qué violentar la Ley, no pueden hacerlo ni las autoridades, menos un privado, no tienen facultades para hacer nada de eso, son privados”, expresó el titular de la asociación Uno de Siete Migrando.
El defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, mencionó que ese tipo de revisiones y solicitudes, se están haciendo a las personas migrantes, aprovechando la vulnerabilidad en la que están; y muchas veces aprovechando también y siendo parte a lo que orilla a las personas migrantes de no tener alternativa, y acudir a estas personas que se dedican al tráfico de personas.
“Es la misma política pública la que está dándole personas al crimen organizado, dando trabajo al crimen organizado y propiciando este tipo de situaciones, y desde donde se abona a estas muertes”, aseveró.
En ese sentido, manifestó evidentemente las personas migrantes, ya sean nacionales o extranjeras, se ponen en mucho riesgo a la hora de migrar, y es por nuestro territorio donde corren el riesgo.
“A final de cuentas, hay muchos estados que criminalizan la migración, pero no están tomando en cuenta que los criminales están en nuestro territorio, que los delitos se están cometiendo en nuestro territorio a personas que están cruzándonos”, acusó.
Afirmó que es responsabilidad del estado, el Estado de Derecho, una garantía de la vida, ya hablamos de la vida, ni siquiera del tránsito, de la salud o del bienestar, estamos hablando de la garantía de la vida a las personas.
Y sostuvo que eso, ningún estado lo puede esquivar, es algo que se tiene que garantizar, sea de cualquier nacionalidad.
En este caso, eran mexicanos, chihuahuenses.
“Ya no nos hagamos tontos con esto, ya no nos volteemos el tema, tenemos que garantizar la vida de las personas en el territorio, y eso entre más solidarios seamos como comunidad, ya más que el Gobierno, también como comunidad, cuando entendamos que la necesidad es real e ineludibles.
Las personas no migran por gusto, las personas están migrando por necesidad, por miedo, por violencia.
Eso es lo que tenemos que empezar a entender desde los gobiernos”, refirió.
Para finalizar, acotó que son los gobiernos los que emanan de la sociedad, entonces, y que como sociedad se tiene que ir por la raíz, y tiene que cambiar.
“Invitar a la población migrante en general, acudir a los espacios de atención, donde es más seguro.
Puede haber cosas que no son perfectas, pero son más seguras que caer en las redes de trata.
Hay oportunidades y formas de migrar de manera segura”, concluyó Jorge Pérez.
