Denuncian estragos causados por constructoras, mineras y granjas
Más de una veintena de comunidades mayas y colectivos solicitaron al gobierno federal que la península de Yucatán sea declarada “zona de emergencia socioambiental” debido a los estragos que han causado por años la industria inmobiliaria, las megafábricas porcícolas y avícolas, el uso de agroquímicos, así como la minería.
En conferencia de prensa, representantes de comunidades de Hopelchén, Tizimín, Bacalar, Chablekal, Maxcanú, Ixil, Kinchil y Santa María Chi, entre otras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, aseguraron que los megaproyectos han provocado deforestación, despojo de tierras, “una disminución masiva” de la población de abejas y contaminación del agua y la tierra.
Silvia Beatriz Chalé, originaria de Chablekal, expuso que las industrias porcícola y avícola “están contaminando nuestro suelo y el acuífero maya. Hay más de 800 granjas porcícolas en Yucatán y muchas de ellas carecen de permiso ambiental; también hay 350 granjas en zonas protegidas. Sin embargo, hasta hoy ninguna de las instituciones han podido establecer mecanismos para cambiar todo este sistema”.
En el caso de la industria inmobiliaria, indicó que su expansión no sólo afecta la zona costera de Mérida, sino también a Bacalar y Campeche. “En contubernio con la mafia agraria, con las instituciones de todos los niveles, están permitiendo el despojo de las tierras de los pueblos… Violan su derecho a la tierra y a los recursos”.
Itzel Pech, de Hopelchén, mencionó que su municipio es el más deforestado del país, pues se calcula que se han perdido “410 mil hectáreas entre 2000 a 2024”.
Además, dijo que en su comunidad, Ich-Ek, de alrededor de mil habitantes, “tenemos 10 casos activos de cáncer por el uso excesivo de plaguicidas, sobre todo por la agroindustria”. Refirió que ya se han amparado para que no se cultive soya transgénica.
Los representantes de las comunidades mayas también alertaron sobre la agroindustria menonita, “que no solamente se ha quedado en Hopelchén, pues el corredor operado por este grupo está permeando la Península. La mortandad de abejas responde al crecimiento de la agricultura industrial”.
Otro problema, destacaron, es “la destrucción de los cenotes y la deforestación de millones de árboles por el proyecto del Tren Maya y el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan nuestro manto freático”.
Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, detalló que la declaratoria de emergencia socioambiental ya fue entregada a la Presidencia, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras dependencias federales, para que contengan los megaproyectos y ordenen medidas de reparación.
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