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El 22 de julio de 2020 en un memorándum dirigido a los servidores públicos e integrantes de los órganos reguladores del sector eléctrico, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expuso con toda claridad y transparencia los lineamientos básicos de la política energética que seguiría el gobierno federal y que, a su juicio, redundarían en beneficio del pueblo y la nación mexicana.
La intención, según detallaba el documento, era revertir la política de “pillaje”, instrumentada y legalizada constitucionalmente con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, la cual, como es del dominio público, se llevó a cabo mediante sobornos a legisladores y el engaño mediático a la población, según señalaba el comunicado.
Fundamentalmente, el memorándum llamaba a rescatar a las empresas Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), convertidas por la reforma en empresas productivas del estado, para recuperar en el país la soberanía energética.
Se llamaba a revertir la privatización del sector energético, para lo que se exhortaba a llevar al límite en esa dirección el marco jurídico existente; dejando abierta la posibilidad, en su caso, de promover una reforma constitucional ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de hacer valer el principio de dominio de la nación sobre sus recursos naturales.
Lo anterior como sabemos sucedió y no prosperó al no alcanzarse en la Cámara de Diputados la mayoría calificada requerida para lograr los cambios constitucionales.
Exhortaba el presidente a que los organismos reguladores del sector energético le informaran si con el marco regulatorio existente podría lograrse el fortalecimiento de Pemex y la CFE en la forma descrita, apegándose siempre a las normas legales y al Estado de Derecho.
Derivado de la política sugerida, durante los cuatro años del gobierno actual se ha negado o retrasado, en ocasiones al margen de la ley, el otorgamiento de permisos, obstaculizado el desarrollo de proyectos privados o dejado de responder solicitudes, con un resultado negativo, que ha generado incertidumbre, falta de confianza en el gobierno, desincentivado la inversión y una virtual parálisis en las actividades de desarrollo y financiamiento del sector energético.
Previamente al intento de reforma constitucional, el Ejecutivo federal había propuesto cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los cuales también fueron impugnados con una acción de inconstitucionalidad presentada por el Senado de la República a finales de 2021.
Básicamente se cuestionó: 1) el cambio en el orden del despacho eléctrico para favorecer a la CFE sobre otros generadores independientemente de si el costo de generación de CFE fuere más alto o la energía utilizada más sucia; y 2) la compra de energía eléctrica y productos por parte de la CFE fuera de subastas.
Si bien no se logró la mayoría calificada de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la citada acción de inconstitucionalidad fuere procedente (se alcanzaron siete), no hubo tampoco un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad y los argumentos vertidos por los ministros se consideran como “criterios orientadores” para los tribunales que están revisando los amparos individuales promovidos por los distintos actores de la industria que han visto afectados sus derechos por las reformas a la LIE.
Actualmente las reformas de la LIE por la interposición de amparos individuales se encuentran suspendidas en forma definitiva, lo que impedirá eventualmente el actual bloqueo en la operación de las centrales privadas y renovables.
Considero importante, dada la situación jurisdiccional de la normatividad energética en México, el formular un replanteamiento de la estrategia instrumentada para alcanzar la muy anhelada soberanía energética propuesta, de frente al rumbo que está tomando la industria en el mundo en función de los vertiginosos cambios tecnológicos motivados por la realidad del cambio climático y los no menos relevantes compromisos internacionales adquiridos por México en los tratados multilaterales de comercio internacional.
El 22 de julio de 2020 en un memorándum dirigido a los servidores públicos e integrantes de los órganos reguladores del sector eléctrico, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expuso con toda claridad y transparencia los lineamientos básicos de la política energética que seguiría el gobierno federal y que, a su juicio, redundarían en beneficio del pueblo y la nación mexicana.
La intención, según detallaba el documento, era revertir la política de “pillaje”, instrumentada y legalizada constitucionalmente con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, la cual, como es del dominio público, se llevó a cabo mediante sobornos a legisladores y el engaño mediático a la población, según señalaba el comunicado.
Fundamentalmente, el memorándum llamaba a rescatar a las empresas Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), convertidas por la reforma en empresas productivas del estado, para recuperar en el país la soberanía energética.
Se llamaba a revertir la privatización del sector energético, para lo que se exhortaba a llevar al límite en esa dirección el marco jurídico existente; dejando abierta la posibilidad, en su caso, de promover una reforma constitucional ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de hacer valer el principio de dominio de la nación sobre sus recursos naturales.
Lo anterior como sabemos sucedió y no prosperó al no alcanzarse en la Cámara de Diputados la mayoría calificada requerida para lograr los cambios constitucionales.
Exhortaba el presidente a que los organismos reguladores del sector energético le informaran si con el marco regulatorio existente podría lograrse el fortalecimiento de Pemex y la CFE en la forma descrita, apegándose siempre a las normas legales y al Estado de Derecho.
Derivado de la política sugerida, durante los cuatro años del gobierno actual se ha negado o retrasado, en ocasiones al margen de la ley, el otorgamiento de permisos, obstaculizado el desarrollo de proyectos privados o dejado de responder solicitudes, con un resultado negativo, que ha generado incertidumbre, falta de confianza en el gobierno, desincentivado la inversión y una virtual parálisis en las actividades de desarrollo y financiamiento del sector energético.
Previamente al intento de reforma constitucional, el Ejecutivo federal había propuesto cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los cuales también fueron impugnados con una acción de inconstitucionalidad presentada por el Senado de la República a finales de 2021.
Básicamente se cuestionó: 1) el cambio en el orden del despacho eléctrico para favorecer a la CFE sobre otros generadores independientemente de si el costo de generación de CFE fuere más alto o la energía utilizada más sucia; y 2) la compra de energía eléctrica y productos por parte de la CFE fuera de subastas.
Si bien no se logró la mayoría calificada de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la citada acción de inconstitucionalidad fuere procedente (se alcanzaron siete), no hubo tampoco un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad y los argumentos vertidos por los ministros se consideran como “criterios orientadores” para los tribunales que están revisando los amparos individuales promovidos por los distintos actores de la industria que han visto afectados sus derechos por las reformas a la LIE.
Actualmente las reformas de la LIE por la interposición de amparos individuales se encuentran suspendidas en forma definitiva, lo que impedirá eventualmente el actual bloqueo en la operación de las centrales privadas y renovables.
Considero importante, dada la situación jurisdiccional de la normatividad energética en México, el formular un replanteamiento de la estrategia instrumentada para alcanzar la muy anhelada soberanía energética propuesta, de frente al rumbo que está tomando la industria en el mundo en función de los vertiginosos cambios tecnológicos motivados por la realidad del cambio climático y los no menos relevantes compromisos internacionales adquiridos por México en los tratados multilaterales de comercio internacional.
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