Juan S. Mora-Sanguinetti, abogado y economista del Banque de France y el Banco de España
Por razón del último informe del Observatorio de Justicia de la Fundación Aranzadi LA LEY, donde participa, Mora-Sanguinetti desgrana algunas de las últimas conclusiones de sus investigaciones.
Desde una perspectiva económica, ¿qué conclusiones pueden alcanzarse del último informe del Observatorio de la Justicia, del que usted ha formado parte?
Lo que hacemos en el informe, en síntesis, es proponer un instrumento de comparación entre modelos organizativos judiciales de países europeos. Esto tiene dos dificultades. La primera, decidir cómo comparar que un sistema es mejor que otro. La segunda estriba en cómo clasificar los sistemas. El criterio por el cual comparamos es su eficacia. Es decir, si un sistema resuelve más rápido los procedimientos que otro podemos decir que es mejor (aunque existen otros factores). Ciudadanos, operadores, clientes, empresas… todos tienen claro que un sistema judicial que tarda menos en resolver es mejor. Cuando comparamos los modelos partimos de la metodología de la OCDE e identificamos cinco categorías, en función de a quién corresponde ciertas funciones organizativas: si a una oficina judicial, si a los letrados de justicia o bien a los propios jueces. La conclusión que alcanzamos es que España está en una posición intermedia.
¿Por qué tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial les interesa que la Justicia sea ágil?
Sabemos que la agilidad judicial tiene implicaciones importantísimas para la economía española. Por hablar de un tema candente como la vivienda, sabemos que reducir la congestión judicial en un punto implicaría que Madrid ganara 3.400 viviendas en alquiler. O que Barcelona ganara 3.100. Una mejor justicia implicaría tener un mercado inmobiliario más amplio. Si las provincias más rezagadas consiguen alcanzar a las provincias más eficaces, tendríamos mayor emprendimiento empresarial y empresas más grandes. Otra conclusión, por añadir más ejemplos, es que fluiría más crédito en la economía española.
Una de las conclusiones del informe del Observatorio es que volvemos a la lista de espera que teníamos en 2020. ¿Cuál es, en su opinión, la receta, la fórmula secreta para ganar en eficiencia en el juzgado?
Creo que el problema de funcionamiento de la justicia es un problema multisectorial o multifactorial. Hay muchos problemas que deben ser abordados. Grosso modo, la justicia necesita más medios, pero no de forma indiscriminada. Esta es una frase que ya dijo Santos Pastor [reputado economista y jurista español]. Hay varias cosas que se pueden hacer. Por un lado, invertir en tecnología. Siempre. Por otro, impulsar los mecanismos alternativos de resolución de controversias, por ejemplo.
Tenemos el doble de funcionarios que Austria y que Alemania. ¿Por qué, entonces, la justicia española no es tan eficiente?
Efectivamente, España tiene muchos más funcionarios que la media europea. Pero tenemos, en cambio, menos Letrados de la Administración de Justicia (con respecto a los países donde existe esta figura o su equivalente). ¿Qué podemos hacer? Tal vez podemos replantear las funciones de estos funcionarios. Por ejemplo, podrían tener, además de tareas de gestión y tramitación, más tareas de corte analítico. Respetando, por supuesto, el monopolio jurisdiccional del juez.
*El entrevistado subraya que las opiniones vertidas en esta entrevista son a título personal y no como portavoz del Banco de España
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