Catedrático de Derecho financiero y tributario, UCM. Jean Monnet Chair EU FairTax.
Hace unos días en el marco del IV Workshop Aranzadi de Precios de Transferencia debatíamos sobre la compatibilidad y la interacción entre la Propuesta de Directiva de la UE sobre precios de transferencia, de fecha 12 de septiembre de 2023 COM (2023) 529 final (la propuesta), y las Directrices de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias de la OCDE (las Directrices). En este revival, parece repetirse la carrera entre la OCDE y la UE relativa a la tributación mínima global y el Pilar II; o, la de la Directiva Antiabuso – ATAD y el Plan de Acción BEPS, que observamos hace unos años.
El fundamento de la propuesta de Directiva se encuentra en el hecho de que casi todos los Estados miembros de la UE también son parte de la OCDE y, por lo tanto, se comprometen a seguir los principios y recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, a pesar del compromiso político de la mayoría de los Estados miembros, el estatus y el papel de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE difieren actualmente de un Estado miembro a otro. Además, en la Unión Europea, las normas sobre precios de transferencia no están actualmente armonizadas, aunque todos los Estados miembros cuentan con legislación interna que prevé un enfoque común de los principios básicos. Sin embargo, esto no está completamente alineado. El hecho de que cada Estado miembro disfrute de una gran discreción a la hora de interpretar y aplicar las Directrices de la OCDE genera complejidad y desigualdad de condiciones para las empresas. Es por ello por lo que, en principio, la generalidad de los operadores jurídicos ha visto de forma muy positiva esta iniciativa europea.
Asimismo, la complejidad de las normas sobre precios de transferencia y su diferente aplicación en la legislación nacional de los Estados miembros de la UE da lugar a una serie de problemas:
La propuesta de la UE tiene como objetivo simplificar las normas fiscales aumentando la seguridad fiscal para las empresas en la UE, reduciendo así el riesgo de litigios y doble imposición y los correspondientes costes de cumplimiento y mejorando así la competitividad y la eficiencia del mercado único. Este objetivo se logra: (i) incorporando el principio de plena competencia al Derecho de la Unión; (ii) armonizando las reglas de precios de transferencia; (iii) aclarando el papel y el estatus de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE; y (iv) creando la posibilidad de establecer, dentro de la Unión, normas vinculantes comunes sobre temas específicos de precios de transferencia en el marco de las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia.
Entonces, ¿por qué se ha avivado la polémica en las últimas semanas sobre la bondad de esta propuesta de directiva de precios de transferencia en la UE? La razón se encuentra en una serie de puntos conflictivos, diferentes soluciones e incompatibilidades entre las Directrices OCDE y la propuesta de la UE, algunos de ellos puestos de manifiesto en las opiniones vertidas en la consulta pública de la UE que acaba de finalizar. Pasemos a analizar los puntos más litigiosos entre ambas:
Estas seis diferencias que hemos identificado entre la Propuesta de Directiva y las Directrices de la OCDE serán un asunto fundamental en la tramitación entre los Estados miembros de la UE de la citada propuesta (previsión de ser traspuesta por los Estados antes del 31.12.2025 y se aplicaría a ejercicios iniciados a partir de 1.1.2026). Aunque ésta aboga por una mayor seguridad jurídica para los grupos empresariales en la UE, por la construcción de un marco de referencia nacional en las ayudas de Estado y por la armonización de las normas sobre precios de transferencia, no parece, sin embargo, nada claro que se alcance un consenso con la OCDE.
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