Post Content
Sin lugar a dudas, ha quedado evidenciado que Chihuahua, a pesar de ser el estado grande del país y de ser punta de lanza en muchos temas e iniciativas diversas, en materia ambiental presenta un rezago importante; es de los pocos estados que no cuenta con áreas naturales protegidas de competencia estatal, es de los pocos estados que no cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente en su gabinete estatal, que no tiene una Procuraduría Estatal o autoridad propia para vigilar el cumplimiento ambiental y así podemos seguir mencionando las carencias que en la política ambiental estatal se presentan.
En semanas anteriores, el Instituto Estatal Electoral, a petición de un colectivo preocupado por estos temas, lanzó la consulta pública para reformar seis leyes estatales en materia ambiental y mediante la consulta pública, como instrumento de participación ciudadana activa, se busca que quienes habitan en el territorio estatal expresen sus opiniones y formulen propuestas para la resolución de diversas problemáticas sociales, en este caso, las problemáticas relacionadas con el derecho humano de acceso a un medio ambiente sano y adecuado.
Cabe mencionar, que, aunque la consulta pública no genera ninguna obligación a la autoridad, sí es un mecanismo mediante el cual se hace escuchar la voz de la ciudadanía y las autoridades competentes deciden si la hacen valer o no.
Pero, ¿qué implicaciones conlleva esta propuesta? Teniendo claro que es urgente y necesario que las autoridades le apuesten a las políticas públicas de sostenibilidad, es importante recordar que cualquier tipo de reforma requiere de un análisis profundo y detallado, un conocimiento total de las problemáticas y los contextos que éstas presentan y el objetivo de promover un equilibrio entre los elementos ambientales, sociales y económicos, es decir, cómo logramos que las actividades sociales y productivas presenten una total responsabilidad con el entorno y sus recursos naturales… esto se escucha muy romántico, sin embargo, si se busca un bienestar socioambiental, es necesario sensibilizar a los sectores productivos y hacerles ver que los costos ambientales son costos que deben internalizarse y asumirse, que hay una responsabilidad para con el entorno y sus recursos, ya que solamente así, dichas actividades productivas podrán sostenerse en el tiempo y en el espacio; se requiere que la visión productiva sea de largo plazo.
Cuando se habla de reformas, es necesario también reformar las estructuras encargadas de aplicarlas, de lo contrario solamente quedarán en letra muerta.
En la materia ambiental existe el principio de concurrencia y esto es que cada uno de los tres órdenes de gobierno tienen competencias, facultades y atribuciones claramente definidas, por lo tanto, la propuesta de reforma estatal debe delimitarse por dichas competencias, facultades y atribuciones.
Una reforma de esta índole requiere de un proceso metodológico en el que se instalen mesas de diálogo y análisis, respaldado por los conocimientos técnicos, socioeconómicos y jurídicos necesarios para ello.
Estoy de acuerdo en que urge una reforma a las leyes ambientales estatales que venga acompañada de una reforma estructural y administrativa, así como de un intenso proceso de sensibilización y educación ambiental permanente, que permita llevar a la sociedad y a los sectores productivos a un nivel de madurez y responsabilidad socioambiental de tal grado que no se requiera tener al vigilante “encima” sino que con tal conciencia entremos a los mecanismos de autorregulación y una verdadera responsabilidad social, ambiental y empresarial.
Sin lugar a dudas, ha quedado evidenciado que Chihuahua, a pesar de ser el estado grande del país y de ser punta de lanza en muchos temas e iniciativas diversas, en materia ambiental presenta un rezago importante; es de los pocos estados que no cuenta con áreas naturales protegidas de competencia estatal, es de los pocos estados que no cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente en su gabinete estatal, que no tiene una Procuraduría Estatal o autoridad propia para vigilar el cumplimiento ambiental y así podemos seguir mencionando las carencias que en la política ambiental estatal se presentan.
En semanas anteriores, el Instituto Estatal Electoral, a petición de un colectivo preocupado por estos temas, lanzó la consulta pública para reformar seis leyes estatales en materia ambiental y mediante la consulta pública, como instrumento de participación ciudadana activa, se busca que quienes habitan en el territorio estatal expresen sus opiniones y formulen propuestas para la resolución de diversas problemáticas sociales, en este caso, las problemáticas relacionadas con el derecho humano de acceso a un medio ambiente sano y adecuado.
Cabe mencionar, que, aunque la consulta pública no genera ninguna obligación a la autoridad, sí es un mecanismo mediante el cual se hace escuchar la voz de la ciudadanía y las autoridades competentes deciden si la hacen valer o no.
Pero, ¿qué implicaciones conlleva esta propuesta? Teniendo claro que es urgente y necesario que las autoridades le apuesten a las políticas públicas de sostenibilidad, es importante recordar que cualquier tipo de reforma requiere de un análisis profundo y detallado, un conocimiento total de las problemáticas y los contextos que éstas presentan y el objetivo de promover un equilibrio entre los elementos ambientales, sociales y económicos, es decir, cómo logramos que las actividades sociales y productivas presenten una total responsabilidad con el entorno y sus recursos naturales… esto se escucha muy romántico, sin embargo, si se busca un bienestar socioambiental, es necesario sensibilizar a los sectores productivos y hacerles ver que los costos ambientales son costos que deben internalizarse y asumirse, que hay una responsabilidad para con el entorno y sus recursos, ya que solamente así, dichas actividades productivas podrán sostenerse en el tiempo y en el espacio; se requiere que la visión productiva sea de largo plazo.
Cuando se habla de reformas, es necesario también reformar las estructuras encargadas de aplicarlas, de lo contrario solamente quedarán en letra muerta.
En la materia ambiental existe el principio de concurrencia y esto es que cada uno de los tres órdenes de gobierno tienen competencias, facultades y atribuciones claramente definidas, por lo tanto, la propuesta de reforma estatal debe delimitarse por dichas competencias, facultades y atribuciones.
Una reforma de esta índole requiere de un proceso metodológico en el que se instalen mesas de diálogo y análisis, respaldado por los conocimientos técnicos, socioeconómicos y jurídicos necesarios para ello.
Estoy de acuerdo en que urge una reforma a las leyes ambientales estatales que venga acompañada de una reforma estructural y administrativa, así como de un intenso proceso de sensibilización y educación ambiental permanente, que permita llevar a la sociedad y a los sectores productivos a un nivel de madurez y responsabilidad socioambiental de tal grado que no se requiera tener al vigilante “encima” sino que con tal conciencia entremos a los mecanismos de autorregulación y una verdadera responsabilidad social, ambiental y empresarial.
Osvaldo
Cartones
