La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de analizar su impugnación a la orden de una jueza para que busque “exhaustivamente” y entregue información pública sobre la situación patrimonial del fiscal Alejandro Gertz Manero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de analizar su impugnación a la orden de una jueza para que busque exhaustivamente y entregue información pública sobre la situación patrimonial del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Por unanimidad, la primera sala del máximo tribunal aprobó un proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat en el que se propuso no ejercer su facultad de atracción para revisar el caso, en el que también se busca que se revele, de existir, cualquier investigación que haya iniciado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el titular de la FGR.
Según registros judiciales, fue el 12 de enero de 2022 cuando se presentó una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que la FGR informara sobre los inmuebles y cuentas bancarias en México y el extranjero de Gertz Manero.
El área de transparencia de la Fiscalía expuso que no podía proporcionar la información solicitada por tratarse de datos personales de su titular.
Además indicó que la respuesta sobre la supuesta indagatoria iniciada contra el fiscal por la UIF debía responderse desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, tras analizar el amparo promovido por un solicitante de información, una jueza de Yucatán explicó que el umbral de protección de los datos personales y la vida privada de los servidores públicos es menor que el de los particulares, en razón del interés público del contenido de esta información y con la finalidad de evitar conductas irregulares.
La titular del juzgado tercero de distrito en el estado de Yucatán, Karla Domínguez Aguilar, amparó al quejoso y ordenó el acceso a la información solicitada con las clasificaciones que se estimen aplicables.
Ante esto, la fiscalía impugnó el fallo el cual, tras el rechazo de la Suprema Corte, será finalmente resuelto por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Yucatán.
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