Legaltech, legaltech, legaltech… Parece que los abogados no hablan de otra cosa. Pero, ¿qué es exactamente? El término nace de la combinación de dos anglicismos: legal (legal, en español) y tech (tecnología) y engloba todas las herramientas, plataformas y aplicaciones desarrolladas para facilitar, por un lado, el día a día de los abogados, procuradores y el resto de profesionales del ámbito jurídico; por otro, para potenciar el negocio legal. En resumen, facturar más con menos recursos.
Los analistas no dudan: estos recursos ya impactan en el modelo de negocio de los abogados. La pregunta es, ¿qué cabe esperar para el año que arranca? ¿Hay mucho ruido y pocas nueces con estas herramientas –como dicen algunos– o el legaltech será la gran revolución que cambiará para siempre el sector –como auguran otros–? Para 2025, los expertos no solo vaticinan el auge y perfeccionamiento de las herramientas que ya existen, al abrigo del empuje de la inteligencia artificial (IA) como gran revulsivo. En el año que arranca, el pronóstico es que, además, se abrirá la veda para la democratización definitiva de la inteligencia aplicada a los procesos legales. Las grandes herramientas tecnológicas no serán monopolio de las firmas jurídicas de gran tamaño o las consultoras de cabecera con grandes cotas de facturación.
“La inteligencia artificial ha dejado de ser un avance de lujo”, lo que incluye la nueva fase de los modelos fundacionales, modelos de base o foundation models, constata Moisés Barrio, Letrado del Consejo de Estado, Consultor, Profesor de Derecho digital y miembro del Consejo asesor de Aranzadi LA LEY. El experto lanzó esta reflexión en el último encuentro organizado por el Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital, de la Escuela Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y que el propio Barrio dirige. En la sede madrileña de la escuela, este martes tuvo lugar una mesa redonda para profundizar con un panel de expertos, que analizaron cómo están calando estas herramientas en el sector y escudriñaron las tendencias del año que arranca.
Moisés Barrio, quien dirigió el encuentro, remarcó que lo conocido hasta el momento es solo la punta de un iceberg enorme. “En 2025 los programas informáticos apenas están utilizando la inteligencia artificial”, pero cuando su implementación sea total en los softwares, el impacto en el negocio legal a ojos del experto será “imparable”. “La aplicación de los modelos fundacionales al ámbito de Derecho ofrece una línea de progreso formidable”, subrayó, y ahora nos encontramos en una primera etapa de su implementación.
Los ponentes coincidieron. Hay un enorme potencial. De hecho, el impacto del legaltech ya se deja percibir en la forma en la que algunos bufetes facturan y operan en el mercado, remarcaron los ponentes. “Es posible ver cómo algunos bufetes muy techies están funcionando, además de como abogados, como consultores de tecnología”, enfocándose en ayudar a otros a actores a aplicar la tecnología en su negocio de forma segura y legal, “como ÉCIJA”, señaló José María Fernández Comas, director de Derecho Práctico Media y creador de la Guía LegalTech. Fernández afirmó que la inteligencia artificial está calando mejor “en las asesorías que en los despachos”.
La razón es la enorme utilidad que ciertas herramientas de inteligencia artificial tienen para “detectar riesgos” y “tomar decisiones”. Y ello imbrica con el compliance, materia a la orden del día. Si bien, apostilló, no hay duda de que hay entre los bufetes una carrera por “ver quién desarrolla mejor la inteligencia artificial”. Ser la punta de lanza en la maratón tecnológica, con el desarrollo de tecnologías y servicios propios, genera un impacto en “cómo las empresas perciben al bufete”. Es algo que las firmas jurídicas no ignoran. ¿Desaparecerá el sistema de horas facturables? No en 2025. En opinión del experto, tampoco lo hará en los próximos dos años, aunque admitió que el año abre la puerta al auge de los “trabajos por proyectos”.
En el encuentro, Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Aranzadi LA LEY y profesora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, casa que ha lanzado al mercado herramientas de solución legal como Jurimetría o K+, remarcó cómo la inteligencia artificial generativa “copa la intención de nueva inversión del 48 % de los operadores jurídicos”, tal como recoge un reciente estudio de la Fundación Aranzadi LA LEY. Las firmas, de hecho, ya dedican partidas presupuestarias a herramientas que “aporten trazabilidad de lo que ha ocurrido con un servicio” – un recurso útil en compliance –; o en analítica predictiva, que permite, sobre el análisis de grandes cantidades de jurisprudencia, predecir el resultado de un pleito.
La experta coincidió con los ponentes en que los asistentes basados en inteligencia artificial llegarán para quedarse. El reto está en perfeccionar la fiabilidad de las respuestas, lo que dependerá de “la calidad del dato que sirve para entrenar a la máquina”. “Es crítico que la fuente de estos datos esté actualizada. Si hablamos de jurisprudencia, podemos estar obteniendo respuestas de una sentencia de hace cinco años que, quizás, puede no ser útil en la actualidad”, puso como ejemplo.
¿Cómo conseguirlo? Contar con una base de datos actualizadas y especializada en el sector jurídico es vital. “Hay muchos modelos generalistas y están surgiendo otro nuevos, pero en el segmento legal tenemos que remar hacia modelos especializados, donde garantizamos que le resultado será fiable”. En este sentido, Retana destacó el desarrollo de Aranzadi FUSIÓN, “el primer software que está integrando la inteligencia artificial en la gestión de notificaciones”; o K+, el asistente legal de Aranzadi LA LEY que ya “se está integrando en las herramientas de la compañía y que utiliza los documentos de los más de 6.000 autores que trabajan con nosotros”.
El avance de lo público
La Administración de Justicia busca seguir el compás de los avances tecnológicos, con algunos éxitos, sí, pero también con dificultades. Así lo apuntó Patricia Frade, analista de negocio sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Ineco, empresa pública de ingeniería y consultoría especializada en digitalización de procesos. La analista reconoció el lento progreso de la Administración de Justicia en el terreno de la digitalización. Una de las razones que explican este lento progreso, expuso la experta, es el enorme riesgo de exponer los datos de los ciudadanos a posibles brechas. Otro bache es la una enorme complejidad de coordinar los diecisietes autonomías en el paraguas de una misma revolución digital. Hay regiones que avanzan más lentas que otras. Además, unas regiones son competencias del Ministerio de Justicia y otras tienen las competencias cedidas.
También existe un problema de comunicación: el Ministerio encara dificultades a la hora de trasladar a los ciudadanos las bondades de las herramientas tecnológicas de carácter público. Existen y son muchas, reivindicó Frade, pero no todos las conocen. “No llegamos a los profesionales de Justicia ni a los ciudadanos como nos gustaría”. En esta dirección, la abogada aprovechó la ocasión para destacar la puesta en marcha del Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia (PAGAC), portal que recoge algunos de estos recursos.
Por su parte, Rodrigo González Ruiz, socio de Deloitte y copresidente de la Sección de Protección de Datos y Big Data del ICAM, destacó cómo las firmas “hemos invertido mucho en la automatización de procesos, de gestión de expedientes, de contratos y de clientes”. Pero, en opinión del experto, lo que viene será mucho más impactante en el modelo de negocio, con la inteligencia artificial generativa basada en grandes lenguajes como gra protagonista. Si bien queda camino por hacer, pues “la generación de texto tiene debilidades”, reconoció. En especial en un ámbito “donde los abogados se nos reconocen por ser fiables y precisos”. Bajo perspectiva del experto, lo que el mercado actualmente ofrece son herramientas “utilísimas”, pero “siempre que trabajan sobre documentos ya elaborados por el abogado”.
Lo agentes de sistemas o de inteligencia artificial, esto es, asistentes que no solo devuelven una respuesta sino que razonan las órdenes recibidas, consultan otras bases y herramientas ajenas y ofrecen “respuestas más sofisticadas, precisas y fiables”, marcarán el paso del mercado. “Esta será la tendencia del 2025 e incluso del 2026”, subrayó González. Pero el experto deparó en que lo ideal sería que los abogados “no necesitasen ser juristas ni cinturones negros en tecnología para utilizar la inteligencia artificial”. Una herramienta puede ser muy potente y útil, pero no será exitosa si “no es fácil de usar” por la comunidad. Los usuarios que conjuguen el conocimiento jurídico con el manejo de los recursos tecnológicos tendrán ventaja. “Generarán horas facturables más caras”.
Seguridad y control
Más enfocado en la cuestión de la seguridad y la confidencialidad, Albi Rodríguez Jaramillo, Legaltech Consultant de Garrigues y coordinador del Observatorio LegalTech & NewLaw Garrigues-ICADE de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, recordó que subirse a la ola de la tecnología no es una opción para la abogacía de élite. En este nicho, Rodríguez detectó cómo el cliente “ya no solo exige ser buenos”, en términos jurídicos, sino también “sostenibles”.
En esta ecuación, en opinión del experto la optimización de recursos juega un papel clave. Rodríguez coincidió con sus compañeros de mesa en que, en 2025, las firmas deben poner en foco en la seguridad. El gran miedo es que se produzcan brechas. De nuevo surgió la idea de que las soluciones de inteligencia artificial deben aplicarse en un “entorno controlado”. La previsión del experto es que los despachos pondrán especial atención en garantizar “la anonimización y el respeto a las obligaciones con el cliente” en materia de seguridad de los datos, es decir, garantizar que el uso de los datos que alimentan las máquinas de inteligencia artificial respeta la normativa. Este será, vaticinó Rodríguez, “el gran reto de los operadores jurídicos”.
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