El PP y PSOE alcanzaron ayer un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe …
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El PP y PSOE alcanzaron ayer un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023.
Ambos partidos también han pactado presentar una proposición de ley orgánica que «reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023».
Han acordado, además, nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
La proposición de ley que han pactado PSOE y PP con la intención de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) pretende evitar las denominadas ‘puertas giratorias’ en los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General, lo que evitaría casos como el de la exministra Dolores Delgado, que fue nombrada jefa del Ministerio Público al salir del Ministerio de Justicia, o del exministro Juan Carlos Campo, que regresó a la Audiencia Nacional tras dejar el cargo.
Según consta en la iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, la nueva redacción también busca que los 94 nombramientos que debe realizar el CGPJ por las vacantes en el Tribunal Supremo y la cúpula de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y Audiencias Provinciales sean elegidos por mayoría de tres quintos y no por mayoría simple, como hasta ahora.
En el apartado de la exposición de motivos del texto se defiende que la redacción responde a la «necesidad de continuar ahondando en el perfeccionamiento» de la LOPJ –vigente desde 1985– y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
La proposición apunta que pretende «reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial en su configuración actual a través de la modificación de dos normas que desarrollan el Título VI de la Constitución Española, dedicado al poder judicial».
La redacción consta de dos artículos, una disposición adicional, una transitoria y una final.
El artículo uno tiene trece apartados que, entre otras cuestiones, afectan a los requisitos para el nombramiento de magistrados en las Salas del Tribunal Supremo y a los servicios especiales y las excedencias voluntarias de jueces y magistrados.
De 15 a 20 años de experiencia para aspirar al Supremo
El nuevo texto incrementa de 15 a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Supremo.
Asimismo, exige una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ para el nombramiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como su sustituto.
También establece que las Cámaras elegirán un suplente por cada vocal titular.
Y prevé la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ, que estaría integrada por cinco vocales.
Dicha comisión informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del Pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas.
La ley también prevé la posibilidad de que el Pleno pueda crear «otras comisiones», por mayoría de tres quintos.
Dos años fuera de la carrera judicial tras ser cargo público
Además, la redacción plantea una serie de cuestiones para evitar las denominadas ‘puertas giratorias’.
Fija que se deberá declarar en la situación de excedencia voluntaria a los jueces que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado, Asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de una Alcaldía.
También cuando un juez sea efectivamente elegido para alguno de los cargos públicos referidos en el punto anterior; y cuando sea nombrado para cargo político de confianza con rango superior a director general.
La proposición además establece que cuando sean elegidos para cargos públicos o nombrados cargos políticos de confianza «no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria».
El texto aclara que los jueces que sean nombrados para cargo político de confianza con rango de director general o inferior deberán ser declarados en la situación de «servicios especiales».
No podrá ser vocal un exdiputado reciente
La proposición también modifica varias cuestiones referidas al CGPJ.
En primer lugar, introduce un «régimen de incompatibilidades» para poder ser designado como vocal del órgano de gobierno de los jueces por el turno de juristas de reconocida competencia.
Según la proposición, «no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, bien hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado o Asambleas legislativas de las comunidades autónomas».
En segundo lugar, obliga a que los candidatos comparezcan ante la comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente y presenten una memoria de méritos y objetivos, antes de ser elegidos vocales.
Régimen de incompatibilidades para el Fiscal General
El artículo dos de la proposición de ley se centra en modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El texto regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento como fiscal general.
En este sentido, fija que «no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma».
La nueva redacción determina que el fiscal general del Estado «deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la LOPJ».
Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso.
«Cuando se trate del fiscal general del Estado las partes intervinientes podrán dirigirse al teniente fiscal del Tribunal Supremo», apunta, al tiempo que precisa que la decisión sobre su intervención en el proceso será resuelta, en su caso, por la Junta de Fiscales de Sala.
Estos son los 20 nuevos vocales que integrarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después del acuerdo alcanzado este martes por el PSOE y por el Partido Popular, según han informado fuentes ‘populares’:
Vocales de procedencia judicial nombrados por el Congreso
-Ángel Arozamena (Magistrado del Tribunal Supremo)
-Esther Erice (Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra)
-Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona)
-José María Fernández Seijo (Juez de lo Mercantil de Barcelona)
-José María Páez (Juez decano de Málaga)
-José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño)
Vocales de procedencia judicial nombrados por el Senado
-José Antonio Montero (Magistrado del Tribunal Supremo)
-José Eduardo Martínez Mediavilla (Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca)
-Esther Rojo (Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia)
-Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)
-Alejandro Abascal (Audiencia Nacional)
-Lucía Avilés (Juez de lo penal de Mataró)
Vocales juristas elegidos por el Congreso
-José Luis Costa Pillado (Presidente del Consello Consultivo de Galicia)
-Inés María Herreros Hernández (Fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales)
-Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria)
-Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional)
Vocales juristas elegidos por el Senado
-Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo)
-Bernardo Fernández (Ex presidente del Consejo Consultivo de Asturias)
-Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo)
-Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes)
Las asociaciones judiciales celebran la renovación del CGPJ: «Pone fin a una anomalía inadmisible»
Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han celebrado este martes el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del poder Judicial (CGPJ) porque así «se pone fin a una anomalía inadmisible» que se ha mantenido durante «demasiado tiempo».
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Alejandro Gómez Mariscal de Gante, ha señalado que con este acuerdo anunciado en Bruselas se vuelve «a la normalidad institucional» y ha aplaudido que, en paralelo, «se inicien los trámites para reformar la ley».
Por su parte, en un comunicado de la asociación JJpD, su portavoz Edmundo Rodríguez ha indicado que los acuerdos hechos públicos «van por el camino correcto» dado que no aborda solo la renovación del órgano de gobierno de los jueces sino que contempla una futura reforma «basada en el consenso y el pacto».
Destaca además que es positivo «que se hayan respetado las responsabilidades institucionales del futuro nuevo CGPJ» dado que el acuerdo «no alcanza a la presidencia» de ese órgano, que corresponde concretar a los nuevos vocales.
Desde esta asociación reclaman ahora a los futuros nuevos vocales que «afronten rápidamente la enorme tarea de recomponer el prestigio perdido y de normalizar la institución, evitando que vuelva a ser utilizado con fines partidistas».
“Anomalía democrática sin parangón”
Por su parte, desde la AFJV señalan en un comunicado que con el acuerdo «se pone fin a una anomalía democrática sin parangón que duraba más de cinco años» –debió renovarse en 2018–, pero matizan que se pone fin a esa anomalía «de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces».
Para esta asociación, PP y PSOE «en un nuevo obsceno intercambio de cromos han decidido quién forma parte del CGPJ, hurtando de una participación real al Parlamento español, único competente para renovar el CGPJ».
Así, consideran que se ha perdido una «oportunidad histórica» de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir «que la carrera judicial eligiese a sus doce vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano».
Lamentan que los partidos «no quieran perder su cuota de poder en el CGPJ» y creen que eso traslada una imagen a la ciudadanía de que los vocales del Consejo «tienen una falta de apariencia de independencia y falta de apariencia de imparcialidad».
“Ataque a la independencia judicial”
Por otro lado, Foro Judicial Independiente (FJI) ha insistido en que el acuerdo político alcanzado «no elimina esta politización sino que más bien parece orientado a perpetuarla», por lo que ha denunciado en un comunicado un «nuevo ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes» anunciando al mismo tiempo su intención de ejercer «las acciones legales que procedan contra los actos dimanantes del nuevo Consejo».
En este sentido, la asociación ha pedido a los nuevos vocales designados que «no colaboren ni sean cómpices de este bochornoso espectáculo» y sea «efectivamente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial quien designe a su Presidente, con libertad de criterio, y sin sujetarse a las instrucciones de los partidos políticos que los han nombrado», han recalcado.
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