Directora Ejecutiva de FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón)
Por lo general, las medidas adoptadas por esta legislación incluyen la posibilidad, por parte de las personas demandadas, de obtener una desestimación anticipada del juicio y de reclamar y obtener una compensación total por los daños materiales e inmateriales sufridos, en caso de que la demanda se declare abusiva, así como de apelar inmediatamente la denegación de una moción anti-SLAPP por parte de un tribunal de primera instancia.
Así, pese a la diferencia entre los distintos tipos de sistemas jurídicos, estas legislaciones pioneras se han convertido en un ejemplo a seguir para Europa.
Sin embargo, hoy en día, ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea cuenta con garantías específicas contra las demandas estratégicas contra la participación pública y solo tres están estudiando su introducción: Irlanda, Malta y Reino Unido.
Irlanda se encuentra en este momento en un proceso de revisión de su marco normativo en materia de difamación (Defamation Act 2009), considerado unos de los más duros de toda Europa, lo que le ha costado varias condenas por parte del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Comisión Europea, así como de las organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, debe recordarse que el gobierno de Irlanda también ha de participar en la adopción y aplicación de la Directiva propuesta por la Comisión Europea. De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda puede decidir si participar en la adopción y aplicación de la Directiva.
Entre las varias opciones de reformas planteadas, el informe hace hincapié sobre todo en la necesidad de establecer una definición legal que ayude a identificar los casos de SLAPP y a definir la base legal para la predisposición de un marco normativo especifico, en particular con respecto a la gestión de los casos de SLAPP, a través de un mecanismo de desestimación anticipada del juicio, y de los costes procesales.
Si bien son evidentes las dificultades de legislar sobre un fenómeno tan complejo como el de las demandas estratégicas contra la participación pública, asimismo la situación actual en que nos encontramos en Europa destaca claramente por la necesidad de introducir cuanto antes mecanismos que garanticen una verdadera protección de la libertad de expresión para todos los actores del debate público, no solo los periodistas profesionales, sino también los activistas medioambientales y sociales, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, los denunciantes en sentido amplio, los ciudadanos comprometidos, los sindicatos y todas las demás personas y organizaciones que se expresan públicamente sobre cuestiones con relevancia social.
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