El juicio político contra Samuel García había sido detenido porque el gobernador interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la continuidad del juicio político contra el gobernador Samuel García.
Por ello, los diputados del PRI y PAN, representados por las diputadas Lorena de la Garza, Perla Villarreal y Carlos de la Fuente, exhortaron a que la Comisión Anticorrupción, del Congreso de Nuevo León, retome el procedimiento.
Lorena de la Garza señaló la importancia de retomar de inmediato el procedimiento de juicio político iniciado previamente, a fin de determinar la responsabilidad política del gobernador por no presentar tiempo y forma del presupuesto de egresos del gobierno de Nuevo León para el ejercicio de 2023.
De la Garza enfatizó que, sin obstáculos jurídicos, este proceso debe avanzar con prontitud y seriedad.
El Congreso de Nuevo León también acordó realizar un “atento y respetuoso exhorto” a Samuel García, instándolo a evitar el uso de acciones dilatorias que podrían retardar el debido procedimiento de juicio político.
El 12 de diciembre de 2022, los diputados federales José Luis Garza Ochoa y Annia Sarahí Gómez Cárdenas entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León una solicitud de juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, por no presentar en tiempo y forma el presupuesto de egresos para el ejercicio 2023.
Esta solicitud fue turnada por el presidente del Congreso, Diputado Mauro Guerra Villarreal, a la Comisión Anticorrupción.
Y, el 31 de enero de 2023, la comisión inició el juicio.
En respuesta, Samuel García interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
La SCJN resolvió que el Congreso de Nuevo León puede continuar el juicio político en contra de Samuel García, pero otorga a este último el derecho de mantenerse en el cargo mientras el procedimiento de orden constitucional sigue su desahogo.
Ello invalida la porción normativa del artículo 203 de la Constitución local, párrafo segundo, que establece que “cualquier funcionario debe ser separado de su cargo una vez iniciado el juicio político en su contra”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la continuidad del juicio político contra el gobernador Samuel García.
Por ello, los diputados del PRI y PAN, representados por las diputadas Lorena de la Garza, Perla Villarreal y Carlos de la Fuente, exhortaron a que la Comisión Anticorrupción, del Congreso de Nuevo León, retome el procedimiento.
Lorena de la Garza señaló la importancia de retomar de inmediato el procedimiento de juicio político iniciado previamente, a fin de determinar la responsabilidad política del gobernador por no presentar tiempo y forma del presupuesto de egresos del gobierno de Nuevo León para el ejercicio de 2023.
De la Garza enfatizó que, sin obstáculos jurídicos, este proceso debe avanzar con prontitud y seriedad.
El Congreso de Nuevo León también acordó realizar un “atento y respetuoso exhorto” a Samuel García, instándolo a evitar el uso de acciones dilatorias que podrían retardar el debido procedimiento de juicio político.
El 12 de diciembre de 2022, los diputados federales José Luis Garza Ochoa y Annia Sarahí Gómez Cárdenas entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León una solicitud de juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, por no presentar en tiempo y forma el presupuesto de egresos para el ejercicio 2023.
Esta solicitud fue turnada por el presidente del Congreso, Diputado Mauro Guerra Villarreal, a la Comisión Anticorrupción.
Y, el 31 de enero de 2023, la comisión inició el juicio.
En respuesta, Samuel García interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
La SCJN resolvió que el Congreso de Nuevo León puede continuar el juicio político en contra de Samuel García, pero otorga a este último el derecho de mantenerse en el cargo mientras el procedimiento de orden constitucional sigue su desahogo.
Ello invalida la porción normativa del artículo 203 de la Constitución local, párrafo segundo, que establece que “cualquier funcionario debe ser separado de su cargo una vez iniciado el juicio político en su contra”.
