Se pretende replicar esta reforma en la Ley Federal de Trabajo, para que quede establecido que lo correspondiente a esos pagos sea usado para la reparación del daño de la víctima
Con el objetivo de salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Georgina Zapata, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que pretende reformar diversas leyes tanto estatales como nacionales a fin de que los agresores pierdan el derecho a su liquidación o finiquito y por el contrario pase a disposición de la víctima como reparación del daño.
En cuanto a las modificaciones que se pretenden hacer al Código Penal del Estado de Chihuahua, se establece que, en caso de que un trabajador que se encuentre activo y sea condenado por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, violación, feminicidio, entre otros que vayan en contra de la mujer, perderá el derecho a recibir liquidación o finiquito.
Lo anterior, es la modificación que se pretende replicar igualmente en la Ley Federal del Trabajo, en donde buscan que quede igualmente establecido que lo correspondiente a la liquidación o finiquito pase íntegramente a la reparación del daño de la víctima, “salvo que se tenga que cumplir con pago de alimentos”.
Asimismo, se agrega una fracción en la misma ley en donde se especifique que será causa de terminación de las relaciones de trabajo el hecho de que el trabajador sea condenado por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento sexual, acoso y abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.
De acuerdo a la modificación que se busca implementar, y de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 162, también podría hacerse lo propio con la prima de antigüedad a la que acceden los trabajadores.
Todo lo anterior, de acuerdo a la exposición de motivos, corresponde al cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se menciona que las autoridades mexicanas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y repara las violaciones a los mismos.
Aparte, se busca contribuir en las acciones afirmativas para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, garantizando de este modo sus derechos, endureciendo las sanciones y haciendo más efectivas la reparación del daño a las víctimas de violencia.
“Lamentablemente la violencia contra nosotras las mujeres es persistente, son de nuestro conocimiento diario historias que se suscitan en todo nuestro país y que nos aterran como mujeres, pero también como sociedad en general, pues laceran a la víctima y a su familia”, externó la legisladora.
Con el objetivo de salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Georgina Zapata, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que pretende reformar diversas leyes tanto estatales como nacionales a fin de que los agresores pierdan el derecho a su liquidación o finiquito y por el contrario pase a disposición de la víctima como reparación del daño.
En cuanto a las modificaciones que se pretenden hacer al Código Penal del Estado de Chihuahua, se establece que, en caso de que un trabajador que se encuentre activo y sea condenado por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, violación, feminicidio, entre otros que vayan en contra de la mujer, perderá el derecho a recibir liquidación o finiquito.
Lo anterior, es la modificación que se pretende replicar igualmente en la Ley Federal del Trabajo, en donde buscan que quede igualmente establecido que lo correspondiente a la liquidación o finiquito pase íntegramente a la reparación del daño de la víctima, “salvo que se tenga que cumplir con pago de alimentos”.
Asimismo, se agrega una fracción en la misma ley en donde se especifique que será causa de terminación de las relaciones de trabajo el hecho de que el trabajador sea condenado por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento sexual, acoso y abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.
De acuerdo a la modificación que se busca implementar, y de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 162, también podría hacerse lo propio con la prima de antigüedad a la que acceden los trabajadores.
Todo lo anterior, de acuerdo a la exposición de motivos, corresponde al cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se menciona que las autoridades mexicanas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y repara las violaciones a los mismos.
Aparte, se busca contribuir en las acciones afirmativas para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, garantizando de este modo sus derechos, endureciendo las sanciones y haciendo más efectivas la reparación del daño a las víctimas de violencia.
“Lamentablemente la violencia contra nosotras las mujeres es persistente, son de nuestro conocimiento diario historias que se suscitan en todo nuestro país y que nos aterran como mujeres, pero también como sociedad en general, pues laceran a la víctima y a su familia”, externó la legisladora.
