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El Congreso de Chihuahua señala que que la desaparición de recursos provenientes del FORTASEG y el FORTAMUN impacta negativamente en la capacidad de los municipios
El Congreso de Chihuahua ha emitido un llamado urgente al Congreso de la Unión para que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de la recién aprobada Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
Este llamado surge ante las preocupaciones planteadas sobre las implicaciones que esta nueva legislación podría tener para los estados y municipios, particularmente en lo que respecta a la asunción de costos por desastres naturales.
En una proposición con carácter de punto acuerdo, se destacó que el pasado viernes 22 de marzo se aprobó en lo general la mencionada ley, la cual establece normativas para la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la gestión de desastres.
Por primera vez, esta legislación asigna la responsabilidad principal a los estados y municipios, quienes deberán disponer de recursos propios para la creación de un fondo destinado a atender los daños causados por fenómenos naturales.
La nueva normativa también obligaría a los estados y municipios a prever los recursos necesarios para enfrentar emergencias relacionadas con fenómenos naturales, así como a contratar seguros para la cobertura de daños.
El dictamen de esta ley pasará ahora al Senado para su evaluación y consideración en términos de su aprobación y sus efectos constitucionales.
Se señala además que la desaparición de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) impacta negativamente en la capacidad de los municipios para financiar a sus cuerpos policiales y mejorar sus condiciones.
En caso de ser aprobada, esta ley tendría implicaciones directas en el estado de Chihuahua, que actualmente se encuentra en estado de emergencia debido a la sequía.
Según el informe del Monitor de Sequía, una gran parte del territorio chihuahuense enfrenta condiciones de sequía extrema, excepcional, severa y moderada.
Además, se teme que la aprobación de esta legislación signifique el fin definitivo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Ante esta situación, se hace un enérgico llamado al Congreso de la Unión para que realice un análisis detallado de la mencionada ley, teniendo en cuenta las repercusiones que podría tener en la protección y seguridad de los ciudadanos mexicanos.
El Congreso de Chihuahua ha emitido un llamado urgente al Congreso de la Unión para que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de la recién aprobada Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
Este llamado surge ante las preocupaciones planteadas sobre las implicaciones que esta nueva legislación podría tener para los estados y municipios, particularmente en lo que respecta a la asunción de costos por desastres naturales.
En una proposición con carácter de punto acuerdo, se destacó que el pasado viernes 22 de marzo se aprobó en lo general la mencionada ley, la cual establece normativas para la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la gestión de desastres.
Por primera vez, esta legislación asigna la responsabilidad principal a los estados y municipios, quienes deberán disponer de recursos propios para la creación de un fondo destinado a atender los daños causados por fenómenos naturales.
La nueva normativa también obligaría a los estados y municipios a prever los recursos necesarios para enfrentar emergencias relacionadas con fenómenos naturales, así como a contratar seguros para la cobertura de daños.
El dictamen de esta ley pasará ahora al Senado para su evaluación y consideración en términos de su aprobación y sus efectos constitucionales.
Se señala además que la desaparición de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) impacta negativamente en la capacidad de los municipios para financiar a sus cuerpos policiales y mejorar sus condiciones.
En caso de ser aprobada, esta ley tendría implicaciones directas en el estado de Chihuahua, que actualmente se encuentra en estado de emergencia debido a la sequía.
Según el informe del Monitor de Sequía, una gran parte del territorio chihuahuense enfrenta condiciones de sequía extrema, excepcional, severa y moderada.
Además, se teme que la aprobación de esta legislación signifique el fin definitivo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Ante esta situación, se hace un enérgico llamado al Congreso de la Unión para que realice un análisis detallado de la mencionada ley, teniendo en cuenta las repercusiones que podría tener en la protección y seguridad de los ciudadanos mexicanos.
