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En ocasiones quien gobierna cae en la tentación de sentir que el poder es él mismo; es decir, que todo lo puede hacer, que nada ni nadie lo puede detener y que sus ideas son las mejores, únicas en el ámbito político y social.
Una especie de dioses que descargan su ira en contra de quien caiga en el error de oponerse o bien pensar distinto; la regla con este tipo de personas es no pensar, actuar sólo cuando y como lo pide quien detenta el poder.
Para ello, existe la tesis de pesos y contrapesos que Montesquieu diseñó como mecanismo para evitar la concentración del poder en un solo individuo y que existiera un funcionamiento más transversal en la toma de decisiones públicas; la legalidad de los actos de Gobierno, entiéndase los tres poderes constituidos, debe ser la premisa fundamental de los mismos, junto con el problema que pretenden solucionar; es decir, un acto de gobierno de buscar la solución de un problema social y, a su vez, debe cumplir con la legislación para que tenga plena validez.
Así las cosas, en nuestro país si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta inconstitucional un acto, porque no cumple con los requisitos que la Carta Magna prevé para que sea válido, el presidente de la República recurre al señalamiento despótico, calumniador y lleno de ira, con el propósito de mantener una división social, polarizar y mantener una narrativa que lo posicione entre su base electoral.
Que la Corte no permitiera que la Guardia Nacional dependiera del Ejército es un acto de legalidad que tarde que temprano se presentaría; pero la reacción del Presidente fue desproporcionada al pedir públicamente romper relaciones con la Suprema Corte, ni siquiera contestarles el teléfono.
El Gobierno se divide para su ejercicio en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada quien con sus facultades definidas en el marco constitucional; con esta actitud el Presidente violenta de nueva cuenta la Constitución, se va actualizando aquella expresión del pasado donde dijo en el zócalo capitalino, “al diablo con las instituciones”; pareciera una expresión anecdótica, pero tiene una validez que llama la atención por lo peligroso que es que un personaje de la política mexicana, en este caso el Presidente, actúe con ánimo dictatorial.
Podemos estar o no de acuerdo con una decisión jurisdiccional, pero el Presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución; sí, esa Constitución que ha violentado con sus iniciativas, que le ha aprobado su mayoría de Morena en el Congreso de la Unión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho que carecen de constitucionalidad,
Aquí es donde se actualiza la división de poderes y donde se hace valer el régimen democrático de derecho al que todos debemos defender.
No debemos mandarlas al diablo, como el inquilino de palacio lo ha hecho.
Ánimo, falta menos… sí se puede.
ALEX DOMÍNGUEZ
En ocasiones quien gobierna cae en la tentación de sentir que el poder es él mismo; es decir, que todo lo puede hacer, que nada ni nadie lo puede detener y que sus ideas son las mejores, únicas en el ámbito político y social.
Una especie de dioses que descargan su ira en contra de quien caiga en el error de oponerse o bien pensar distinto; la regla con este tipo de personas es no pensar, actuar sólo cuando y como lo pide quien detenta el poder.
Para ello, existe la tesis de pesos y contrapesos que Montesquieu diseñó como mecanismo para evitar la concentración del poder en un solo individuo y que existiera un funcionamiento más transversal en la toma de decisiones públicas; la legalidad de los actos de Gobierno, entiéndase los tres poderes constituidos, debe ser la premisa fundamental de los mismos, junto con el problema que pretenden solucionar; es decir, un acto de gobierno de buscar la solución de un problema social y, a su vez, debe cumplir con la legislación para que tenga plena validez.
Así las cosas, en nuestro país si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta inconstitucional un acto, porque no cumple con los requisitos que la Carta Magna prevé para que sea válido, el presidente de la República recurre al señalamiento despótico, calumniador y lleno de ira, con el propósito de mantener una división social, polarizar y mantener una narrativa que lo posicione entre su base electoral.
Que la Corte no permitiera que la Guardia Nacional dependiera del Ejército es un acto de legalidad que tarde que temprano se presentaría; pero la reacción del Presidente fue desproporcionada al pedir públicamente romper relaciones con la Suprema Corte, ni siquiera contestarles el teléfono.
El Gobierno se divide para su ejercicio en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada quien con sus facultades definidas en el marco constitucional; con esta actitud el Presidente violenta de nueva cuenta la Constitución, se va actualizando aquella expresión del pasado donde dijo en el zócalo capitalino, “al diablo con las instituciones”; pareciera una expresión anecdótica, pero tiene una validez que llama la atención por lo peligroso que es que un personaje de la política mexicana, en este caso el Presidente, actúe con ánimo dictatorial.
Podemos estar o no de acuerdo con una decisión jurisdiccional, pero el Presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución; sí, esa Constitución que ha violentado con sus iniciativas, que le ha aprobado su mayoría de Morena en el Congreso de la Unión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho que carecen de constitucionalidad,
Aquí es donde se actualiza la división de poderes y donde se hace valer el régimen democrático de derecho al que todos debemos defender.
No debemos mandarlas al diablo, como el inquilino de palacio lo ha hecho.
Ánimo, falta menos… sí se puede.
ALEX DOMÍNGUEZ
Osvaldo
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