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Por: Eduardo Fernández Armendáriz
El país donde peligran más los periodistas no es Ucrania, sino México de acuerdo a datos de diversas organizaciones de informadores internacionales.
En este año han sido 16 los periodistas asesinados en nuestro país, por lo que México está en el lugar número uno del mundo.
Ahora bien, no es algo nuevo pues este sitio lo ha ocupado en los últimos cuatro años.
Unos 63 periodistas han sido victimados en este gobierno federal sin que en la mayoría de los casos se haya aclarado bien la culpabilidad de sus autores y menos hayan sido procesados judicialmente.
El atentado al conocido periodista Ciro Gómez Leyva es uno de los últimos casos en los que se ataca violentamente a un comunicador mexicano.
La camioneta de Ciro le salvó la vida pues estaba blindada y los balazos no pudieron dar en su blanco cuando éste viajaba a su domicilio.
El vehículo se lo proporcionó la empresa de medios para la que labora después de que recibiera amenazas en el 2017.
La reacción presidencial fue supuestamente de apoyo al agredido, aunque no dejó de ser una crítica a la labor periodística que realizan algunos de los más connotados comunicadores del país.
Los periodistas han sido objeto de deslegitimación y escarnio por parte del presidente López Obrador en repetidas ocasiones en sus declaraciones públicas, sobre todo en las emisiones de las “mañaneras”.
La actitud presidencial ha sido continuamente hostil para los informadores que lo critican en los diversos medios, un hecho inusual en la tradición política del país.
Menos común es la oleada de ataques violentos a los periodistas en diversas regiones del país, los que usualmente quedan impunes y propician que continúen creciendo los intentos de represión para los comunicólogos.
De poco han servido las protestas de organismos nacionales e internacionales pues la vida de quienes se atreven a informar cada día está más en juego, ya que quienes tienen poder lo utilizan para evitar que sean descubiertos sus negocios ilícitos.
No se trata de que los periodistas sean intocables y gocen de fuero, sino de que el Estado reconozca los riesgos que corren y les otorgue la protección adecuada, así como el reconocimiento social de su labor.
Los funcionarios públicos deben aceptar que por su puesto son objeto de señalamientos, sin que ello sea motivo para que consideren como sus enemigos mortales a los que realizan la cotidiana labor periodística con ética profesional.
El mensaje del atentado en contra de Gómez Leyva es preocupante para sus colegas, pues si se atrevieron a intentar matar a un comunicador tan prestigioso con más razón lo harán con quienes realizan su tarea en forma modesta y local.
En toda democracia la libertad de expresión es uno de sus cánones irrenunciables, por lo que se debe no sólo respetar sino defender no sólo por parte de los informadores, sino también del gobierno.
Claro que como toda libertad debe tener sus límites y debe estar acorde a los derechos humanos.
Los dimes y diretes ofensivos no son precisamente una forma adecuada de ejercer esta libertad de expresión, pues motivan reacciones violentas e ilegales por parte de los agraviados.
No es el caso particular de Ciro, quien no utiliza este estilo, por lo que no se justifica de ninguna manera la agresión que sufrió, menos la descalificación de su calidad profesional.
El estigma de ser el país con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos cuatro años debería ser algo vergonzoso para quienes tienen el deber de dirigirlo y por consiguiente deberían obrar en consecuencia para enmendarlo con todo el poder del Estado mexicano.
Por: Eduardo Fernández Armendáriz
El país donde peligran más los periodistas no es Ucrania, sino México de acuerdo a datos de diversas organizaciones de informadores internacionales.
En este año han sido 16 los periodistas asesinados en nuestro país, por lo que México está en el lugar número uno del mundo.
Ahora bien, no es algo nuevo pues este sitio lo ha ocupado en los últimos cuatro años.
Unos 63 periodistas han sido victimados en este gobierno federal sin que en la mayoría de los casos se haya aclarado bien la culpabilidad de sus autores y menos hayan sido procesados judicialmente.
El atentado al conocido periodista Ciro Gómez Leyva es uno de los últimos casos en los que se ataca violentamente a un comunicador mexicano.
La camioneta de Ciro le salvó la vida pues estaba blindada y los balazos no pudieron dar en su blanco cuando éste viajaba a su domicilio.
El vehículo se lo proporcionó la empresa de medios para la que labora después de que recibiera amenazas en el 2017.
La reacción presidencial fue supuestamente de apoyo al agredido, aunque no dejó de ser una crítica a la labor periodística que realizan algunos de los más connotados comunicadores del país.
Los periodistas han sido objeto de deslegitimación y escarnio por parte del presidente López Obrador en repetidas ocasiones en sus declaraciones públicas, sobre todo en las emisiones de las “mañaneras”.
La actitud presidencial ha sido continuamente hostil para los informadores que lo critican en los diversos medios, un hecho inusual en la tradición política del país.
Menos común es la oleada de ataques violentos a los periodistas en diversas regiones del país, los que usualmente quedan impunes y propician que continúen creciendo los intentos de represión para los comunicólogos.
De poco han servido las protestas de organismos nacionales e internacionales pues la vida de quienes se atreven a informar cada día está más en juego, ya que quienes tienen poder lo utilizan para evitar que sean descubiertos sus negocios ilícitos.
No se trata de que los periodistas sean intocables y gocen de fuero, sino de que el Estado reconozca los riesgos que corren y les otorgue la protección adecuada, así como el reconocimiento social de su labor.
Los funcionarios públicos deben aceptar que por su puesto son objeto de señalamientos, sin que ello sea motivo para que consideren como sus enemigos mortales a los que realizan la cotidiana labor periodística con ética profesional.
El mensaje del atentado en contra de Gómez Leyva es preocupante para sus colegas, pues si se atrevieron a intentar matar a un comunicador tan prestigioso con más razón lo harán con quienes realizan su tarea en forma modesta y local.
En toda democracia la libertad de expresión es uno de sus cánones irrenunciables, por lo que se debe no sólo respetar sino defender no sólo por parte de los informadores, sino también del gobierno.
Claro que como toda libertad debe tener sus límites y debe estar acorde a los derechos humanos.
Los dimes y diretes ofensivos no son precisamente una forma adecuada de ejercer esta libertad de expresión, pues motivan reacciones violentas e ilegales por parte de los agraviados.
No es el caso particular de Ciro, quien no utiliza este estilo, por lo que no se justifica de ninguna manera la agresión que sufrió, menos la descalificación de su calidad profesional.
El estigma de ser el país con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos cuatro años debería ser algo vergonzoso para quienes tienen el deber de dirigirlo y por consiguiente deberían obrar en consecuencia para enmendarlo con todo el poder del Estado mexicano.
Osvaldo
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