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Por: José Luis Jáquez Balderrama
La democracia se fortalece cuando se respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información que hoy en México tienen amenaza constante.
Para no ir muy lejos, tenemos el caso de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionadas a los derechos de las audiencias.
Y fue el pasado 28 de agosto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma, pues consideró que hubo violaciones al procedimiento legislativo durante su aprobación.
Se eliminó la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para emitir lineamientos de derechos de las audiencias.
Los efectos de la invalidez incluyen la derogación del decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión aseguró: “Con lo acordado queda frenado el intento de obligar a los concesionarios a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia y, todo intento de sobre regular a la radio y televisión mexicana”.
Consideró la CIRT que se protegió la libertad de expresión y ahora corresponderá al Congreso –de nueva cuenta- emprender una reforma en esta materia escuchando a todas las voces involucradas.
No a la decisión unilateral.
Este tipo de reformas no tienen el impacto social, como sucede con la inflación superior al 8%, la creciente falta de empleo o la imparable violencia, pero debemos advertir a la sociedad de los peligros que corre la democracia y la paz, como sucede actualmente en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha suprimido la libertad de culto, expresión y empresarial.
El periodista mexicano Ernesto Villanueva, en su libro “Derecho de la información” puntualiza: “La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre porque representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad”.
En materia de derechos humanos en México, el periodismo ha sido vulnerado.
Nos encontramos en los primeros lugares en el mundo con relación a los asesinatos, desapariciones forzadas, atentados y agravios, sólo por debajo de Venezuela, Nicaragua e Irak.
Es deber del Estado mexicano erradicar la impunidad y respetar a cabalidad la libertad de expresión, pues hacerlo abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por lo tanto más libre, participativa y democrática.
Pero cuando el Estado no actúa, los periodistas libres y el ciudadano necesariamente deben convertirse en lo que en países con madurez democrática se le llama el “quinto poder”… Un poder ciudadano, que se organiza, se moviliza, lucha contra la impunidad y logra resultados.
Por: José Luis Jáquez Balderrama
La democracia se fortalece cuando se respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información que hoy en México tienen amenaza constante.
Para no ir muy lejos, tenemos el caso de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionadas a los derechos de las audiencias.
Y fue el pasado 28 de agosto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma, pues consideró que hubo violaciones al procedimiento legislativo durante su aprobación.
Se eliminó la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para emitir lineamientos de derechos de las audiencias.
Los efectos de la invalidez incluyen la derogación del decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión aseguró: “Con lo acordado queda frenado el intento de obligar a los concesionarios a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia y, todo intento de sobre regular a la radio y televisión mexicana”.
Consideró la CIRT que se protegió la libertad de expresión y ahora corresponderá al Congreso –de nueva cuenta- emprender una reforma en esta materia escuchando a todas las voces involucradas.
No a la decisión unilateral.
Este tipo de reformas no tienen el impacto social, como sucede con la inflación superior al 8%, la creciente falta de empleo o la imparable violencia, pero debemos advertir a la sociedad de los peligros que corre la democracia y la paz, como sucede actualmente en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha suprimido la libertad de culto, expresión y empresarial.
El periodista mexicano Ernesto Villanueva, en su libro “Derecho de la información” puntualiza: “La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre porque representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad”.
En materia de derechos humanos en México, el periodismo ha sido vulnerado.
Nos encontramos en los primeros lugares en el mundo con relación a los asesinatos, desapariciones forzadas, atentados y agravios, sólo por debajo de Venezuela, Nicaragua e Irak.
Es deber del Estado mexicano erradicar la impunidad y respetar a cabalidad la libertad de expresión, pues hacerlo abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por lo tanto más libre, participativa y democrática.
Pero cuando el Estado no actúa, los periodistas libres y el ciudadano necesariamente deben convertirse en lo que en países con madurez democrática se le llama el “quinto poder”… Un poder ciudadano, que se organiza, se moviliza, lucha contra la impunidad y logra resultados.
Osvaldo
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