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Por: Comité de Participación Ciudadana
De acuerdo con la mayoría de los sondeos de opinión pública desde 2015 a la fecha, sólo después de la inseguridad y el desempleo, la corrupción es uno de los principales problemas de México.
La corrupción está en boca de todos: aspirantes a cargos de elección popular en época electoral, gobernantes y población en general.
Pero ¿Qué entendemos por corrupción en el gobierno?
En las leyes de la materia no se establece una definición específica de corrupción, sino su tipología, es decir, las conductas que la legislación mexicana, en materia administrativa y penal, consideran como corrupción.
En la literatura contemporánea, una definición comúnmente utilizada es la de Transparencia Internacional: “El abuso de un poder encomendado para obtener ganancias o beneficios personales”.
Concepto que contiene tres elementos objetivos: un poder encomendado, el ejercicio abusivo y el beneficio propio o de terceros.
La falta de pedagogía pública respecto del concepto y los tipos de corrupción que son sancionables en México abona a que la mayoría de los desaciertos de los gobiernos se encuadren en corrupción, tanto por parte de la ciudadanía como de los grupos antagónicos del gobierno en turno.
Por ello, es común escuchar en las sobremesas aseveraciones como esta: “Los baches de la ciudad, las inundaciones, las fallas en el alumbrado público, el desabasto de medicamentos, la opacidad de las instituciones, los atrasos en las obras, la inseguridad, el ‘tortuguismo’ de las instituciones y la impunidad son resultado de la corrupción de los servidores públicos”.
Del ejemplo citado, no se excluye la posibilidad de que la corrupción haya contribuido a generar estas ineficiencias, sin embargo, existen otras probables causas que se relacionan con la condición económica del país que afecta la recaudación fiscal y, en consecuencia, disminuye el grado de maniobra presupuestal del gobierno.
La opacidad, el “tortuguismo”, los errores involuntarios o la calidad de atención de una institución se podría deber a múltiples factores como la falta de profesionalización de su personal, la pobre oferta laboral, los pocos incentivos ofrecidos, entre otros.
Estas posibles causas no configuran los tres elementos objetivos de la definición de corrupción: un poder encomendado, el ejercicio abusivo y el beneficio propio o de terceros.
Bajo ese análisis, si a todos los problemas le colocamos el adjetivo “corrupto” corremos el riesgo de perder la brújula para lograr su efectivo control y disuasión ya que, por su propia naturaleza, la corrupción no es un fenómeno sencillo de medir.
Aunado a ello, si se agrega que la causa anticorrupción ha sido enarbolada por muchos actores con propósitos de grupo, la perversidad del discurso contra la corrupción, y no la corrupción como problema, da indicios de la degradación ética que se ha alcanzado.
No se trata de defender la corrupción o de negarla como problema, sino de subrayar cómo la comprensión del flagelo puede llegar a ser manipulada por cuestiones ideológicas y para fines distintos a los públicos.
Más aún si nos encontramos en una época en la que la disponibilidad de tanta información sobre un tema, tanto cierta como falsa, vuelve difícil su procesamiento y análisis, afectando la percepción de la sociedad sobre los avances o retrocesos en la lucha anticorrupción.
En mi opinión, lo anterior propicia, gradualmente, que la causa anticorrupción se vaya difuminando y enrareciendo, para beneficio de unos cuantos.
Por ello, el problema de la corrupción debe ser atendido con mucha seriedad, de forma imparcial y objetiva, con participación ciudadana informada y consciente no sólo de las consecuencias que genera el flagelo, sino, incluso, desde una perspectiva conceptual clara y precisa, para poder identificarla y denunciarla de una forma más efectiva.
-La verdad desde mi ignorancia
Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Por: Comité de Participación Ciudadana
De acuerdo con la mayoría de los sondeos de opinión pública desde 2015 a la fecha, sólo después de la inseguridad y el desempleo, la corrupción es uno de los principales problemas de México.
La corrupción está en boca de todos: aspirantes a cargos de elección popular en época electoral, gobernantes y población en general.
Pero ¿Qué entendemos por corrupción en el gobierno?
En las leyes de la materia no se establece una definición específica de corrupción, sino su tipología, es decir, las conductas que la legislación mexicana, en materia administrativa y penal, consideran como corrupción.
En la literatura contemporánea, una definición comúnmente utilizada es la de Transparencia Internacional: “El abuso de un poder encomendado para obtener ganancias o beneficios personales”.
Concepto que contiene tres elementos objetivos: un poder encomendado, el ejercicio abusivo y el beneficio propio o de terceros.
La falta de pedagogía pública respecto del concepto y los tipos de corrupción que son sancionables en México abona a que la mayoría de los desaciertos de los gobiernos se encuadren en corrupción, tanto por parte de la ciudadanía como de los grupos antagónicos del gobierno en turno.
Por ello, es común escuchar en las sobremesas aseveraciones como esta: “Los baches de la ciudad, las inundaciones, las fallas en el alumbrado público, el desabasto de medicamentos, la opacidad de las instituciones, los atrasos en las obras, la inseguridad, el ‘tortuguismo’ de las instituciones y la impunidad son resultado de la corrupción de los servidores públicos”.
Del ejemplo citado, no se excluye la posibilidad de que la corrupción haya contribuido a generar estas ineficiencias, sin embargo, existen otras probables causas que se relacionan con la condición económica del país que afecta la recaudación fiscal y, en consecuencia, disminuye el grado de maniobra presupuestal del gobierno.
La opacidad, el “tortuguismo”, los errores involuntarios o la calidad de atención de una institución se podría deber a múltiples factores como la falta de profesionalización de su personal, la pobre oferta laboral, los pocos incentivos ofrecidos, entre otros.
Estas posibles causas no configuran los tres elementos objetivos de la definición de corrupción: un poder encomendado, el ejercicio abusivo y el beneficio propio o de terceros.
Bajo ese análisis, si a todos los problemas le colocamos el adjetivo “corrupto” corremos el riesgo de perder la brújula para lograr su efectivo control y disuasión ya que, por su propia naturaleza, la corrupción no es un fenómeno sencillo de medir.
Aunado a ello, si se agrega que la causa anticorrupción ha sido enarbolada por muchos actores con propósitos de grupo, la perversidad del discurso contra la corrupción, y no la corrupción como problema, da indicios de la degradación ética que se ha alcanzado.
No se trata de defender la corrupción o de negarla como problema, sino de subrayar cómo la comprensión del flagelo puede llegar a ser manipulada por cuestiones ideológicas y para fines distintos a los públicos.
Más aún si nos encontramos en una época en la que la disponibilidad de tanta información sobre un tema, tanto cierta como falsa, vuelve difícil su procesamiento y análisis, afectando la percepción de la sociedad sobre los avances o retrocesos en la lucha anticorrupción.
En mi opinión, lo anterior propicia, gradualmente, que la causa anticorrupción se vaya difuminando y enrareciendo, para beneficio de unos cuantos.
Por ello, el problema de la corrupción debe ser atendido con mucha seriedad, de forma imparcial y objetiva, con participación ciudadana informada y consciente no sólo de las consecuencias que genera el flagelo, sino, incluso, desde una perspectiva conceptual clara y precisa, para poder identificarla y denunciarla de una forma más efectiva.
-La verdad desde mi ignorancia
Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Osvaldo
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