Del año 2021 a la fecha, suma 196 carpetas de investigación por incumplimiento de obligación alimentaria
Lo anterior, debido a que el año 2021, se contó un registro de 145 carpetas, en tanto el 2022 finalizó con 142 casos, e inició el primer mes del 2023 con nueve denuncias correspondientes a este delito.
El segundo lugar lo ocupa el municipio de Jiménez, con 73 casos a la fecha, siendo 32 de estos registrados en el 2021 y en el 2022, 37 carpetas de investigación; en tanto, en el presente año, van cuatro denuncias.
Le sigue Guachochi, con 20 denuncias por este delito, siendo el mayor número en el 2021, cuando se presentaron 11 denuncias y nueve durante el 2022 y en Santa Bárbara, once casos y ocho, respectivamente.
En la lista figuran, otros ocho municipios con un menor número de carpetas de investigación presentadas ante la FGE, por ejemplo; Matamoros con cuatro hechos durante el 2021 y cinco en el 2022; de igual forma, en Guadalupe y Calvo con cuatro hechos, contando con el mismo número durante el año pasado.
Para Allende, se tiene un registro total de siete incidencias de este delito, siendo tres casos en el 2021 y en el periodo pasado, cuatro; en tanto, Balleza cuenta a la fecha con seis carpetas, de las cuales cuatro fueron turnadas en el 2021 y dos en el 2022.
De igual forma, San Francisco del Oro presenta la cifra de seis casos por el incumplimiento de la obligación alimentaria; de estos, uno fue en el 2021 y se obtuvo un repunte, al contar con cinco denuncias durante el año pasado.
Mientras que, para los municipios de Valle de Zaragoza, Huejotitán y El Tule, se abrieron solamente investigaciones en el periodo del 2021 al tener tres, dos y un caso respectivamente.
Cabe mencionar que, el Artículo 188 del Código Penal del Estado, establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años, para; “Quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos”.
Además, la comisión de este delito, tiene como consecuencia el pago de las cantidades que no fueron suministradas oportunamente y la suspensión hasta por un año de derechos familiares.
Lo anterior, debido a que el año 2021, se contó un registro de 145 carpetas, en tanto el 2022 finalizó con 142 casos, e inició el primer mes del 2023 con nueve denuncias correspondientes a este delito.
El segundo lugar lo ocupa el municipio de Jiménez, con 73 casos a la fecha, siendo 32 de estos registrados en el 2021 y en el 2022, 37 carpetas de investigación; en tanto, en el presente año, van cuatro denuncias.
Le sigue Guachochi, con 20 denuncias por este delito, siendo el mayor número en el 2021, cuando se presentaron 11 denuncias y nueve durante el 2022 y en Santa Bárbara, once casos y ocho, respectivamente.
En la lista figuran, otros ocho municipios con un menor número de carpetas de investigación presentadas ante la FGE, por ejemplo; Matamoros con cuatro hechos durante el 2021 y cinco en el 2022; de igual forma, en Guadalupe y Calvo con cuatro hechos, contando con el mismo número durante el año pasado.
Para Allende, se tiene un registro total de siete incidencias de este delito, siendo tres casos en el 2021 y en el periodo pasado, cuatro; en tanto, Balleza cuenta a la fecha con seis carpetas, de las cuales cuatro fueron turnadas en el 2021 y dos en el 2022.
De igual forma, San Francisco del Oro presenta la cifra de seis casos por el incumplimiento de la obligación alimentaria; de estos, uno fue en el 2021 y se obtuvo un repunte, al contar con cinco denuncias durante el año pasado.
Mientras que, para los municipios de Valle de Zaragoza, Huejotitán y El Tule, se abrieron solamente investigaciones en el periodo del 2021 al tener tres, dos y un caso respectivamente.
Cabe mencionar que, el Artículo 188 del Código Penal del Estado, establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años, para; “Quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos”.
Además, la comisión de este delito, tiene como consecuencia el pago de las cantidades que no fueron suministradas oportunamente y la suspensión hasta por un año de derechos familiares.
