Post Content
Este ha sido un tema sumamente controvertido, no sólo en nuestro país, sino en la mayoría de las democracias que, por medio de propaganda gubernamental, influyen en la ciudadanía tanto para informar como para inducir un voto.
El 27 de diciembre del año pasado, ya terminada la temporada de presupuestos, se aprobó en el Congreso de la Unión una nueva Ley General en Materia de Comunicación Social que regula el gasto que los gobiernos deben ejercer como máximo en este rubro en sus respectivos presupuestos.
La ley básicamente dicta que ningún gobierno puede destinar ni un peso más que exceda el .
1% de su presupuesto de egresos total.
Para que tengan una idea, en 2021 los 32 estados del país sumaron un gasto en este rubro por más de 7 mil 225 millones de pesos, con esta ley ese mismo año se hubieran podido ejercer solamente 2 mil 161 millones de pesos.
Hubiera representado un ahorro del 70% en 2021 (información de politicacolectiva.
com).
Es importante señalar que la comunicación social de un gobierno representa la información que le llega a las personas para saber sobre programas sociales, obras, modificaciones en leyes, prevención, etc.
Lo malo es que por muchos años, gobernantes de todos los partidos, han abusado de este recurso para convertir la información gubernamental en propaganda publicitaria personal.
Es por esto último, que este tema ha generado tensión en muchos espacios de diálogo y llegó a tener una ley que lo regulara de manera tajante.
Esto, como todo, tiene sus propias ventajas y desventajas.
La ventaja se vería en los estados y municipios que se abusa de este rubro y llega a porcentajes altísimos de lo que representa en sus presupuestos.
Pero también, es importante señalar que el límite que se puso en la ley es sumamente bajo y podría afectar la información básica que un ciudadano debe recibir.
Debemos recordar que este país tiene más de 2,000 municipios sumamente diversos y con necesidades muy diferentes.
Además, sus presupuestos son totalmente desiguales, por lo que fijar un solo límite para todos es una falla de la ley.
Hace años, los gobiernos tenían espacios en radio y televisión que se les otorgaba de forma gratuita al ser concesiones que el gobierno le otorga a particulares, pero estos espacios se han ido reduciendo tras los años y ahora para que un gobierno pueda publicitar tiene que pagar por el espacio correspondiente.
Esto representa otro de los problemas de esta ley porque reduce el presupuesto pero no otorga espacios extraordinarios.
Por supuesto que había que hacer algo para controlar los gastos indiscriminados en materia de comunicación social y publicidad oficial, pero tenemos que tener mucho cuidado en no afectar el derecho de las personas a estar bien informadas sobre las acciones que realizan nuestros gobiernos.
Además, debemos verificar que los cambios presupuestales que se tienen que dar para poder cumplir la ley, vayan a rubros que beneficien a las personas como la inversión pública o los programas sociales de los tres niveles de gobierno.
Este ha sido un tema sumamente controvertido, no sólo en nuestro país, sino en la mayoría de las democracias que, por medio de propaganda gubernamental, influyen en la ciudadanía tanto para informar como para inducir un voto.
El 27 de diciembre del año pasado, ya terminada la temporada de presupuestos, se aprobó en el Congreso de la Unión una nueva Ley General en Materia de Comunicación Social que regula el gasto que los gobiernos deben ejercer como máximo en este rubro en sus respectivos presupuestos.
La ley básicamente dicta que ningún gobierno puede destinar ni un peso más que exceda el .
1% de su presupuesto de egresos total.
Para que tengan una idea, en 2021 los 32 estados del país sumaron un gasto en este rubro por más de 7 mil 225 millones de pesos, con esta ley ese mismo año se hubieran podido ejercer solamente 2 mil 161 millones de pesos.
Hubiera representado un ahorro del 70% en 2021 (información de politicacolectiva.
com).
Es importante señalar que la comunicación social de un gobierno representa la información que le llega a las personas para saber sobre programas sociales, obras, modificaciones en leyes, prevención, etc.
Lo malo es que por muchos años, gobernantes de todos los partidos, han abusado de este recurso para convertir la información gubernamental en propaganda publicitaria personal.
Es por esto último, que este tema ha generado tensión en muchos espacios de diálogo y llegó a tener una ley que lo regulara de manera tajante.
Esto, como todo, tiene sus propias ventajas y desventajas.
La ventaja se vería en los estados y municipios que se abusa de este rubro y llega a porcentajes altísimos de lo que representa en sus presupuestos.
Pero también, es importante señalar que el límite que se puso en la ley es sumamente bajo y podría afectar la información básica que un ciudadano debe recibir.
Debemos recordar que este país tiene más de 2,000 municipios sumamente diversos y con necesidades muy diferentes.
Además, sus presupuestos son totalmente desiguales, por lo que fijar un solo límite para todos es una falla de la ley.
Hace años, los gobiernos tenían espacios en radio y televisión que se les otorgaba de forma gratuita al ser concesiones que el gobierno le otorga a particulares, pero estos espacios se han ido reduciendo tras los años y ahora para que un gobierno pueda publicitar tiene que pagar por el espacio correspondiente.
Esto representa otro de los problemas de esta ley porque reduce el presupuesto pero no otorga espacios extraordinarios.
Por supuesto que había que hacer algo para controlar los gastos indiscriminados en materia de comunicación social y publicidad oficial, pero tenemos que tener mucho cuidado en no afectar el derecho de las personas a estar bien informadas sobre las acciones que realizan nuestros gobiernos.
Además, debemos verificar que los cambios presupuestales que se tienen que dar para poder cumplir la ley, vayan a rubros que beneficien a las personas como la inversión pública o los programas sociales de los tres niveles de gobierno.
Osvaldo
Cartones
