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La división de poderes parafraseando a Montesquieu implica que “sólo el poder puede limitar al poder”, sustentando los pesos y contrapesos en un país que verdaderamente constituya una democracia de derecho.
Estas semanas fuimos testigos de un hecho que acontece por segunda vez desde la vigencia de la Constitución de 1917: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La renuncia de Arturo Zaldívar, por causa grave, no deja lugar a dudas sus lealtades siempre fueron para Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a punto tal, de que sea éste y no la presidenta que sea electa, quien proponga quién lo sustituya, ya que su mandato concluía en diciembre del año entrante.
AMLO busca perpetuarse dictatorialmente avasallando a la Suprema Corte de Justicia y alcanzar impunidad para él y su familia.
No debemos permitirlo porque es el Judicial, el que debe ser el poder más libre por ser garante de la constitucionalidad y legalidad.
Hay una clara intención de OBRADORIZAR a la Suprema Corte de Justicia con el propósito de contar con mayoría de sus incondicionales, como lo señaló abiertamente y sin desparpajo el diputado de Morena Alejandro Robles Gómez.
La intentona es una pésima noticia para la justicia, la integridad de la Corte y de la democracia misma.
No le basta al presidente Andrés Manuel López Obrador con que sus candidatas sean cercanas al pensamiento de Morena, sino que no cuentan con experiencia en el ámbito judicial, aunque sí con trayectorias jurídicas; tristemente lo más destacable para la postulación de las tres candidatas se basa en la cercanía personal que tienen con AMLO, que son o han sido sus subordinadas o parientes de personajes íntimos a él.
AMLO intentó desaparecer los contrapesos con sus llamados planes A y B, pretendiendo eliminar el INE y los organismos locales encargados de los procesos electorales, siendo la sociedad misma y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes se lo impidieron.
A esta semana se le suma una nueva embestida contra la Corte: la intención de que el ministro Laynez, quien se ha distinguido por ser una voz libre y contundente, no conozca del caso de la eliminación de los fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial.
El Ejecutivo pide que Laynez se excuse, cuando es algo que debe hacer el propio ministro.
Debemos recordar que los votos de Laynez junto con otros ministros, han sido incómodos para AMLO.
No debe considerarse que un ministro no es imparcial cuando sus resoluciones no son conforme a sus intereses.
El presidente considera enemigos a quienes han mostrado lealtad a su alta función y a la república.
No podemos permitirnos un Plan C que acabe con nuestra joven democracia.
Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben distinguirse por su imparcialidad, capacidad y compromiso con la nación.
Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con Maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y especialidad en Estudios Políticos Aplicados en Madrid, España.
Actualmente, soy catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
He participado en diversos diplomados, incluyendo el Diplomado en Mando Policial por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el Diplomado en Prevención Local por la Universidad de Chile y en Economía Social y de Mercado por la Universidad Iberoamericana, Campus Torreón.
Actualmente, soy diputada reelecta por el Distrito 12 de la LVII Legislatura en el H.
Congreso del Estado de Chihuahua, donde fui nombrada presidenta del Congreso durante el primer año Legislativo.
También, ocupé el puesto de secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo.
Entre 2016 y 2018, dirigí el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua.
A nivel federal, fui secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de la Unión de 2013 a 2016 y asesora de la presidencia del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en 2012.
En el ámbito municipal, coordiné la zona III del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2011-2012 y fui subdirectora en el área de Profesionalización en la Procuraduría General de la República de 2010 a 2011.
La división de poderes parafraseando a Montesquieu implica que “sólo el poder puede limitar al poder”, sustentando los pesos y contrapesos en un país que verdaderamente constituya una democracia de derecho.
Estas semanas fuimos testigos de un hecho que acontece por segunda vez desde la vigencia de la Constitución de 1917: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La renuncia de Arturo Zaldívar, por causa grave, no deja lugar a dudas sus lealtades siempre fueron para Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a punto tal, de que sea éste y no la presidenta que sea electa, quien proponga quién lo sustituya, ya que su mandato concluía en diciembre del año entrante.
AMLO busca perpetuarse dictatorialmente avasallando a la Suprema Corte de Justicia y alcanzar impunidad para él y su familia.
No debemos permitirlo porque es el Judicial, el que debe ser el poder más libre por ser garante de la constitucionalidad y legalidad.
Hay una clara intención de OBRADORIZAR a la Suprema Corte de Justicia con el propósito de contar con mayoría de sus incondicionales, como lo señaló abiertamente y sin desparpajo el diputado de Morena Alejandro Robles Gómez.
La intentona es una pésima noticia para la justicia, la integridad de la Corte y de la democracia misma.
No le basta al presidente Andrés Manuel López Obrador con que sus candidatas sean cercanas al pensamiento de Morena, sino que no cuentan con experiencia en el ámbito judicial, aunque sí con trayectorias jurídicas; tristemente lo más destacable para la postulación de las tres candidatas se basa en la cercanía personal que tienen con AMLO, que son o han sido sus subordinadas o parientes de personajes íntimos a él.
AMLO intentó desaparecer los contrapesos con sus llamados planes A y B, pretendiendo eliminar el INE y los organismos locales encargados de los procesos electorales, siendo la sociedad misma y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes se lo impidieron.
A esta semana se le suma una nueva embestida contra la Corte: la intención de que el ministro Laynez, quien se ha distinguido por ser una voz libre y contundente, no conozca del caso de la eliminación de los fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial.
El Ejecutivo pide que Laynez se excuse, cuando es algo que debe hacer el propio ministro.
Debemos recordar que los votos de Laynez junto con otros ministros, han sido incómodos para AMLO.
No debe considerarse que un ministro no es imparcial cuando sus resoluciones no son conforme a sus intereses.
El presidente considera enemigos a quienes han mostrado lealtad a su alta función y a la república.
No podemos permitirnos un Plan C que acabe con nuestra joven democracia.
Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben distinguirse por su imparcialidad, capacidad y compromiso con la nación.
Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con Maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y especialidad en Estudios Políticos Aplicados en Madrid, España.
Actualmente, soy catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
He participado en diversos diplomados, incluyendo el Diplomado en Mando Policial por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el Diplomado en Prevención Local por la Universidad de Chile y en Economía Social y de Mercado por la Universidad Iberoamericana, Campus Torreón.
Actualmente, soy diputada reelecta por el Distrito 12 de la LVII Legislatura en el H.
Congreso del Estado de Chihuahua, donde fui nombrada presidenta del Congreso durante el primer año Legislativo.
También, ocupé el puesto de secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo.
Entre 2016 y 2018, dirigí el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua.
A nivel federal, fui secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de la Unión de 2013 a 2016 y asesora de la presidencia del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en 2012.
En el ámbito municipal, coordiné la zona III del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2011-2012 y fui subdirectora en el área de Profesionalización en la Procuraduría General de la República de 2010 a 2011.
Osvaldo
Cartones
