Post Content
…Toca mal son.
Así lo dice la sabiduría popular.
Pareciera que ocurre lo mismo con el transporte en el estado, donde se propuso bolsear una vez más a la ciudadanía aumentando la tarifa dejando para después los supuestos beneficios de ello, afectando a cerca de 679,800 personas que utilizan este medio para trasladarse.
Promesas como el cambio de unidades, modernización del sistema de monitoreo, mayor puntualidad en las rutas, son muchas de las promesas que esperamos cumpla el gobierno, aunque no podemos ser tan optimistas como la administración estatal.
Sin ningún afán de ser aves de mal agüero, empezaremos por decir que el transporte público arrastra graves vicios, deficiencias y situaciones por décadas que lo han convertido en un mal negocio para algunos concesionarios que, desmotivados, cumplen con lo mínimo, pero, sobre todo, un mal necesario para las personas usuarias, situaciones que difícilmente se van a poder arreglar con el cambio de unidades y ante las cuales el aumento no tiene justificación.
Y es que ya estamos viendo las primeras fallas a la lógica del Gobierno del Estado, quien ofreciendo créditos a las personas que cuentan con alguna concesión para el cambio de unidades, les impuso requisitos que muy pocos pueden cumplir… sin ser malicioso, pareciera que le apuestan a propósito al caballo más lento.
Primero el aumento y después averiguamos… pareciera ser la premisa bajo la del secretario general de Gobierno, a quienes tras la desatinada decisión, han desmentido transportistas de Juárez quienes aseguran que en esa ciudad, el transporte no opera ni al 20% de su capacidad.
El problema no es sólo en Juárez: le comparto que acuerdo con la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte, el trasporte público es la principal fuente de traslado, aunque el peor calificado a nivel nacional, dado que las personas usuarias lo consideran lento, inseguro, incómodo, tardado, costoso y deteriorado.
Nada nuevo bajo el sol, y si le sumamos que son las personas con menores ingresos quienes tienen que destinar mayor porcentaje de su sueldo al pago de servicios de transporte público, tenemos un gran pendiente con los usuarios a quienes debe colocarse en primer término.
No debemos olvidar que el transporte es un servicio público, no un negocio privado, aunque muy a nuestro pesar monopolizado y que ha privilegiado su rentabilidad muy por encima de los intereses y necesidades de quienes pagan por su uso.
Por las anteriores consideraciones, de entrada, consideramos que el alza a la tarifa de transporte es además de, desproporcionado, injustificado, cuando persisten deficiencias no sólo en las unidades, sino en la cobertura del servicio e incluso en las condiciones de las vialidades que difícilmente se solucionarán a corto plazo, contrario a la decisión impulsiva que atendió al aumento -aunque se diga que hay estudios de por medio, estudios que estaremos esperando-.
…Toca mal son.
Así lo dice la sabiduría popular.
Pareciera que ocurre lo mismo con el transporte en el estado, donde se propuso bolsear una vez más a la ciudadanía aumentando la tarifa dejando para después los supuestos beneficios de ello, afectando a cerca de 679,800 personas que utilizan este medio para trasladarse.
Promesas como el cambio de unidades, modernización del sistema de monitoreo, mayor puntualidad en las rutas, son muchas de las promesas que esperamos cumpla el gobierno, aunque no podemos ser tan optimistas como la administración estatal.
Sin ningún afán de ser aves de mal agüero, empezaremos por decir que el transporte público arrastra graves vicios, deficiencias y situaciones por décadas que lo han convertido en un mal negocio para algunos concesionarios que, desmotivados, cumplen con lo mínimo, pero, sobre todo, un mal necesario para las personas usuarias, situaciones que difícilmente se van a poder arreglar con el cambio de unidades y ante las cuales el aumento no tiene justificación.
Y es que ya estamos viendo las primeras fallas a la lógica del Gobierno del Estado, quien ofreciendo créditos a las personas que cuentan con alguna concesión para el cambio de unidades, les impuso requisitos que muy pocos pueden cumplir… sin ser malicioso, pareciera que le apuestan a propósito al caballo más lento.
Primero el aumento y después averiguamos… pareciera ser la premisa bajo la del secretario general de Gobierno, a quienes tras la desatinada decisión, han desmentido transportistas de Juárez quienes aseguran que en esa ciudad, el transporte no opera ni al 20% de su capacidad.
El problema no es sólo en Juárez: le comparto que acuerdo con la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte, el trasporte público es la principal fuente de traslado, aunque el peor calificado a nivel nacional, dado que las personas usuarias lo consideran lento, inseguro, incómodo, tardado, costoso y deteriorado.
Nada nuevo bajo el sol, y si le sumamos que son las personas con menores ingresos quienes tienen que destinar mayor porcentaje de su sueldo al pago de servicios de transporte público, tenemos un gran pendiente con los usuarios a quienes debe colocarse en primer término.
No debemos olvidar que el transporte es un servicio público, no un negocio privado, aunque muy a nuestro pesar monopolizado y que ha privilegiado su rentabilidad muy por encima de los intereses y necesidades de quienes pagan por su uso.
Por las anteriores consideraciones, de entrada, consideramos que el alza a la tarifa de transporte es además de, desproporcionado, injustificado, cuando persisten deficiencias no sólo en las unidades, sino en la cobertura del servicio e incluso en las condiciones de las vialidades que difícilmente se solucionarán a corto plazo, contrario a la decisión impulsiva que atendió al aumento -aunque se diga que hay estudios de por medio, estudios que estaremos esperando-.
Osvaldo
Cartones
