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La movilidad en el mundo se ha convertido en un problema, la migración de personas, ya sea por desplazamiento forzado producto de la falta de oportunidades, la inseguridad alimentaria y la violencia en sus países, está poniendo a prueba los sistemas de protección de cada una de las naciones.
México no es la excepción a este fenómeno, nuestra posición geográfica, como vecino de los Estados Unidos de América, nos ubica como un paso obligado hacia el llamado sueño americano; sin embargo, este anhelado sueño se ha visto truncado para muchos que en el camino se quedan por diversas violaciones a las derechos fundamentales, por una parte; o bien, porque no logran cruzar y se quedan en territorio nacional.
2022 fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por México en una situación irregular 444.
439 arrestos, un 44% más que el año anterior.
El perfil migratorio está cambiando.
Los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) ya no son los únicos en expulsar a su población.
Ahora hay que sumar personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Centroamérica desde la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia y Europa, incluyendo Rusia y Ucrania.
Los cambios en las políticas del país vecino han causado impacto en la situación migratoria en México, especialmente el Título 42, una polémica norma instaurada por el expresidente Donald Trump durante la pandemia de coronavirus.
La medida, bajo la excusa de la prevención sanitaria, en la práctica permite expulsar en fast track a los migrantes que llegan irregularmente a territorio estadounidense.
Pese a que el actual mandatario Joe Biden ha intentado en varias ocasiones derogarla, no lo ha logrado.
Desde marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2022, Estados Unidos ejecutó 2’548,284 deportaciones bajo el Título 42 y otras 2’539,990 expulsiones bajo el Título 8, otra norma de similar calado.
Sólo en 2022, la policía fronteriza estadounidense realizó 2’578,184 detenciones de migrantes, nivel anual histórico.
Las preguntas obligadas son: ¿qué hacer ante este fenómeno? ¿Cerrar las fronteras? ¿Establecer un cerco migratorio? ¿Brindar oportunidades de empleo? ¿Dar cabida a los migrantes en los apoyos del bienestar? ¿Una política de inversión pública internacional? ¿Detenerlos y repatriarlos? ¿Cuidar de sus derechos humanos?… y como éstas pueden existir más preguntas, que cada día surgen ante la oleada migrante que nos aqueja.
La política migrante en Estados Unidos es firme para no dejar pasar a nadie ilegalmente; México conviene con el Gobierno americano para recibir a todos aquellos que pretenden ser repatriados, del país que sea, no sólo mexicanos; es aquí donde una parte de problema se presenta, porque nuestra capacidad de atención a este grupo de personas es limitado, no contamos con las oportunidades de empleo para los nacionales, menos para los extranjeros que pasan o son regresados a nuestro país.
Ante ello, varios frentes de atención se presentan: vivienda, seguridad, empleo y atención a la salud, por decir lo mínimo indispensable para que las personas puedan vivir; así vemos entonces casas que estaban abandonadas en zonas de las ciudades, como Juárez y Chihuahua, que son invadidas y/o ocupadas; grupos delincuenciales que intentan involucrar a los migrantes en sus “negocios”; migrantes en las calles pidiendo ayuda en los cruceros de las ciudades; migrantes tratando de conseguir algún empleo en México; un problema que lejos de disminuir ha ido en aumento.
Estamos ante un problema que requiere atención global, porque va en aumento y difícilmente el Estado Mexicano podrá hacerle frente, sin una política migratoria eficaz.
ALEX DOMÍNGUEZ
La movilidad en el mundo se ha convertido en un problema, la migración de personas, ya sea por desplazamiento forzado producto de la falta de oportunidades, la inseguridad alimentaria y la violencia en sus países, está poniendo a prueba los sistemas de protección de cada una de las naciones.
México no es la excepción a este fenómeno, nuestra posición geográfica, como vecino de los Estados Unidos de América, nos ubica como un paso obligado hacia el llamado sueño americano; sin embargo, este anhelado sueño se ha visto truncado para muchos que en el camino se quedan por diversas violaciones a las derechos fundamentales, por una parte; o bien, porque no logran cruzar y se quedan en territorio nacional.
2022 fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por México en una situación irregular 444.
439 arrestos, un 44% más que el año anterior.
El perfil migratorio está cambiando.
Los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) ya no son los únicos en expulsar a su población.
Ahora hay que sumar personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Centroamérica desde la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia y Europa, incluyendo Rusia y Ucrania.
Los cambios en las políticas del país vecino han causado impacto en la situación migratoria en México, especialmente el Título 42, una polémica norma instaurada por el expresidente Donald Trump durante la pandemia de coronavirus.
La medida, bajo la excusa de la prevención sanitaria, en la práctica permite expulsar en fast track a los migrantes que llegan irregularmente a territorio estadounidense.
Pese a que el actual mandatario Joe Biden ha intentado en varias ocasiones derogarla, no lo ha logrado.
Desde marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2022, Estados Unidos ejecutó 2’548,284 deportaciones bajo el Título 42 y otras 2’539,990 expulsiones bajo el Título 8, otra norma de similar calado.
Sólo en 2022, la policía fronteriza estadounidense realizó 2’578,184 detenciones de migrantes, nivel anual histórico.
Las preguntas obligadas son: ¿qué hacer ante este fenómeno? ¿Cerrar las fronteras? ¿Establecer un cerco migratorio? ¿Brindar oportunidades de empleo? ¿Dar cabida a los migrantes en los apoyos del bienestar? ¿Una política de inversión pública internacional? ¿Detenerlos y repatriarlos? ¿Cuidar de sus derechos humanos?… y como éstas pueden existir más preguntas, que cada día surgen ante la oleada migrante que nos aqueja.
La política migrante en Estados Unidos es firme para no dejar pasar a nadie ilegalmente; México conviene con el Gobierno americano para recibir a todos aquellos que pretenden ser repatriados, del país que sea, no sólo mexicanos; es aquí donde una parte de problema se presenta, porque nuestra capacidad de atención a este grupo de personas es limitado, no contamos con las oportunidades de empleo para los nacionales, menos para los extranjeros que pasan o son regresados a nuestro país.
Ante ello, varios frentes de atención se presentan: vivienda, seguridad, empleo y atención a la salud, por decir lo mínimo indispensable para que las personas puedan vivir; así vemos entonces casas que estaban abandonadas en zonas de las ciudades, como Juárez y Chihuahua, que son invadidas y/o ocupadas; grupos delincuenciales que intentan involucrar a los migrantes en sus “negocios”; migrantes en las calles pidiendo ayuda en los cruceros de las ciudades; migrantes tratando de conseguir algún empleo en México; un problema que lejos de disminuir ha ido en aumento.
Estamos ante un problema que requiere atención global, porque va en aumento y difícilmente el Estado Mexicano podrá hacerle frente, sin una política migratoria eficaz.
ALEX DOMÍNGUEZ
Osvaldo
Cartones
