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Por: Fryda Libertad Licano Ramírez
Más de cien son las iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión en el marco de una posible reforma político-electoral para las próximas semanas.
Una de las propuestas que mayor impacto tendría en la vida social y política de la república es aquella que hace referencia a la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), nombre que recibieron los institutos estatales electorales en la reforma de 2014.
Este interés por desaparecer los OPLE se ha basado -particularmente- en tres argumentos que hoy deseo desmentir: 1.
Existe duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE; 2.
El diseño actual del sistema electoral mexicano es muy caro; y 3.
Los órganos locales se encuentran cooptados por quienes gobiernan los estados.
Primero, a partir de la creación de un Sistema Nacional Electoral, en 2014, el órgano nacional y los institutos locales colaboran puntualmente en la organización de los comicios.
Los OPLE mantienen funciones sustantivas, exclusivas y plenamente delimitadas en la organización de las elecciones locales, y el volumen de actividad supera por mucho la de la autoridad nacional: Registro de candidaturas, partidos y coaliciones; diseño y producción de documentación y material electoral; desarrollo de sistemas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); escrutinios y cómputos de todas las elecciones locales; acceso a financiamiento estatal de partidos y candidaturas independientes; la entrega de constancias de la totalidad de cargos locales; entre muchas otras.
Sirva de ejemplo que desde 2014 los OPLE han organizado 57 elecciones a la gubernatura, 153 elecciones para la renovación de los ayuntamientos de sus estados y 99 elecciones para conformar congresos locales; por su parte, el INE ha estado a cargo de la organización de una elección para la Presidencia de la República, una elección de senadurías y tres elecciones de diputaciones federales.
En el mismo periodo, el INE ha registrado 11 mil 502 candidaturas para puestos federales, los OPLE han registrado 630 mil 488 para puestos locales.
Segundo, el recurso que se destina a los 32 OPLE e igual número de Tribunales Electorales locales proviene de los propios estados y se asigna anualmente en cada Ley de Egresos.
Para 2022, el presupuesto etiquetado para las 64 instituciones en el país representó menos del 0.
6% del total de los presupuestos estatales; es decir, una inversión relativamente pequeña si la medimos en función de la contribución que hacen estos órganos al desarrollo democrático de los estados.
Por otro lado, centralizar la organización de elecciones no garantiza un ahorro para el país, por el contrario, necesariamente se tendría que crear una estructura en cada estado, pues el órgano nacional no cuenta actualmente con las capacidades técnicas ni físicas para atender las actividades que realizan los OPLE en toda la geografía nacional; con los riesgos políticos y sociales que conlleva la toma centralizada de las decisiones, sumado al costo de la curva de aprendizaje de instituciones de reciente creación.
Finalmente, la evidencia más contundente de la independencia de los OPLE en el cumplimiento de sus funciones es la alternancia pacífica que se ha dado en el ejercicio del poder político a lo largo y ancho del país.
Hoy por hoy, la alternancia es la constante en México, sólo dos entidades no han tenido cambio de partido en el gobierno (las mismas que tienen elecciones a la gubernatura el próximo año).
De nueve elecciones a la gubernatura que se organizaron por los OPLE en 2015, cinco resultaron en alternancia; en 2018, siete de nueve; y en 2021, 12 de 15.
Así, las alternancias son prueba de las elecciones libres, legales y competidas que organizan los OPLE en apego a los principios rectores de la materia electoral.
El asunto no es menor, los OPLE no sólo responden a las exigencias y demandas de la población de cada estado y son el resultado de la historia y luchas sociales que se han vivido en cada entidad, sino también atienden, miden y contienen el pulso de la vida político-electoral de las comunidades; por lo que, a menos de un año de iniciar el proceso electoral 2023-2024, la iniciativa legislativa que nos ocupa, sin lugar a dudas, requiere un análisis concienzudo y puntual.
Twitter: @FrydaLicano
Por: Fryda Libertad Licano Ramírez
Más de cien son las iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión en el marco de una posible reforma político-electoral para las próximas semanas.
Una de las propuestas que mayor impacto tendría en la vida social y política de la república es aquella que hace referencia a la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), nombre que recibieron los institutos estatales electorales en la reforma de 2014.
Este interés por desaparecer los OPLE se ha basado -particularmente- en tres argumentos que hoy deseo desmentir: 1.
Existe duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE; 2.
El diseño actual del sistema electoral mexicano es muy caro; y 3.
Los órganos locales se encuentran cooptados por quienes gobiernan los estados.
Primero, a partir de la creación de un Sistema Nacional Electoral, en 2014, el órgano nacional y los institutos locales colaboran puntualmente en la organización de los comicios.
Los OPLE mantienen funciones sustantivas, exclusivas y plenamente delimitadas en la organización de las elecciones locales, y el volumen de actividad supera por mucho la de la autoridad nacional: Registro de candidaturas, partidos y coaliciones; diseño y producción de documentación y material electoral; desarrollo de sistemas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); escrutinios y cómputos de todas las elecciones locales; acceso a financiamiento estatal de partidos y candidaturas independientes; la entrega de constancias de la totalidad de cargos locales; entre muchas otras.
Sirva de ejemplo que desde 2014 los OPLE han organizado 57 elecciones a la gubernatura, 153 elecciones para la renovación de los ayuntamientos de sus estados y 99 elecciones para conformar congresos locales; por su parte, el INE ha estado a cargo de la organización de una elección para la Presidencia de la República, una elección de senadurías y tres elecciones de diputaciones federales.
En el mismo periodo, el INE ha registrado 11 mil 502 candidaturas para puestos federales, los OPLE han registrado 630 mil 488 para puestos locales.
Segundo, el recurso que se destina a los 32 OPLE e igual número de Tribunales Electorales locales proviene de los propios estados y se asigna anualmente en cada Ley de Egresos.
Para 2022, el presupuesto etiquetado para las 64 instituciones en el país representó menos del 0.
6% del total de los presupuestos estatales; es decir, una inversión relativamente pequeña si la medimos en función de la contribución que hacen estos órganos al desarrollo democrático de los estados.
Por otro lado, centralizar la organización de elecciones no garantiza un ahorro para el país, por el contrario, necesariamente se tendría que crear una estructura en cada estado, pues el órgano nacional no cuenta actualmente con las capacidades técnicas ni físicas para atender las actividades que realizan los OPLE en toda la geografía nacional; con los riesgos políticos y sociales que conlleva la toma centralizada de las decisiones, sumado al costo de la curva de aprendizaje de instituciones de reciente creación.
Finalmente, la evidencia más contundente de la independencia de los OPLE en el cumplimiento de sus funciones es la alternancia pacífica que se ha dado en el ejercicio del poder político a lo largo y ancho del país.
Hoy por hoy, la alternancia es la constante en México, sólo dos entidades no han tenido cambio de partido en el gobierno (las mismas que tienen elecciones a la gubernatura el próximo año).
De nueve elecciones a la gubernatura que se organizaron por los OPLE en 2015, cinco resultaron en alternancia; en 2018, siete de nueve; y en 2021, 12 de 15.
Así, las alternancias son prueba de las elecciones libres, legales y competidas que organizan los OPLE en apego a los principios rectores de la materia electoral.
El asunto no es menor, los OPLE no sólo responden a las exigencias y demandas de la población de cada estado y son el resultado de la historia y luchas sociales que se han vivido en cada entidad, sino también atienden, miden y contienen el pulso de la vida político-electoral de las comunidades; por lo que, a menos de un año de iniciar el proceso electoral 2023-2024, la iniciativa legislativa que nos ocupa, sin lugar a dudas, requiere un análisis concienzudo y puntual.
Twitter: @FrydaLicano
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