El número de aspirantes a la prueba de acceso, que cada año publica el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha disparado hasta las 385 personas inscritas en este 2025, un 442% más que en la misma prueba convocada el año pasado. La cifra es todavía más alta en comparación con la última década: de las 3 personas inscritas en la prueba de 20+15 se ha pasado a las casi 400 actuales, 128 veces más. Los datos demuestran el creciente interés de la ciudadanía por la procura como opción profesional.
Este aumento coincide, además, con el reconocimiento a la profesión por la recientemente aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que otorga a las procuradoras y procuradores competencias de ejecución bajo la aprobación previa –bajo consentimiento informado– de un magistrado o magistrada.
En su nueva etapa, iniciada en octubre del año pasado, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), bajo la presidencia de Ricardo Rodríguez, ha centrado gran parte de su gestión en reivindicar el aumento de competencias de la procura española, en la línea ya en vigor en otros países europeos como Francia o Portugal.
El CGPE aboga por incrementar, de esta manera, los efectivos de la procura para trabajar, junto con otros agentes de la Justicia, por el buen funcionamiento de la Administración y su calidad como servicio público. En relación con la Ley de Eficiencia, el CGPE también se ha mostrado crítico con el requisito del consentimiento informado para el acceso a las competencias de ejecución, al entender que es innecesario y ralentiza el procedimiento.
El Consejo General de Procuradores de España representa los intereses de las 9.218 procuradoras y procuradores (el 67% son mujeres) que ejercen actualmente en España. Su comité ejecutivo, presidido desde octubre del año pasado por Ricardo Garrido, trabaja para poner en valor a la procura, los derechos de sus profesionales y la necesidad de ampliar sus competencias para contribuir a reducir el creciente atasco judicial y mejorar la calidad de los procedimientos.
“Cada vez más personas son conscientes de que la procura es una profesión clave para la agilización de la Justicia en nuestro país. Debemos atajar los 5 millones de casos pendientes en España, que van in crescendo. Para actuar contra el atasco, hace falta más procura. Y, por supuesto, todas las medidas adicionales posibles para reducirlo”, señala Ricardo Garrido.
Un informe elaborado por Sigmados para el CGPE evidencia que España se encuentra a la cola de sentencias en Europa en tiempo medio de ejecución, solo por delante de Grecia. Otro estudio publicado el año pasado por un grupo de trabajo de procuradores de varias partes de España estima que, con más competencias para la profesión, el atasco judicial podría reducirse a la mitad en tan solo cinco años.
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