Las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han avanzado que convocarán la huelga para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía si cuentan con el «respaldo mayoritario» de las bases.
En un comunicado, las asociaciones han cifrado en cerca del 70% los jueces y fiscales en activo que se han sumado al paro simbólico que han convocado este lunes a las puertas de las sedes judiciales, donde han denunciado «la gravedad de las reformas legislativas en curso, que ponen en entredicho principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal».
Ante el «éxito masivo» de la protesta, según han reiterado, las asociaciones han acordado iniciar un proceso de consulta a sus respectivas bases, «de conformidad con los estatutos y procedimientos internos de cada organización», con el fin de «valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal».
Las asociaciones han aclarado que si este respaldo mayoritario se confirma procederán a convocar la huelga, «como medida legítima, responsable y proporcionada frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal».
En este contexto, han constituido formalmente un Comité de Huelga integrado por representantes de todas las asociaciones convocantes que será el encargado «de canalizar el proceso y coordinar las acciones necesarias».
Así, en este grupo de trabajo estarán Alejandro González Mariscal de Gante, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Óscar López Bermejo, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Esteban Basalo Moreno, del Foro Judicial Independiente (FJI); Esther Moreno Amaya, de la Asociación de Fiscales (AF); y Santiago Sánchez López, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Para las asociaciones, la decisión de plantear la huelga «responde al convencimiento de que, ante la persistencia de reformas que erosionan pilares esenciales del sistema judicial, es necesario mantener y, en su caso, intensificar la respuesta institucional, siempre dentro del marco legal y con pleno respeto a los cauces democráticos».
Valoración de los paros
Por otra parte, las asociaciones han explicado que, «a pesar de las dificultades para cuantificar con precisión el seguimiento de la convocatoria», han estimado que aproximadamente cerca del 70% de los integrantes de la carrera judicial y fiscal ha participado «activamente en esta jornada de protesta».
Este seguimiento, a juicio de las asociaciones, confirma «el profundo malestar existente» ante unas reformas «que se están tramitando por vía de urgencia, sin diálogo y de forma unilateral». «La lectura simultánea del manifiesto conjunto en múltiples puntos del territorio ha sido un gesto institucional firme, unitario y visible, que ha resonado dentro y fuera del ámbito judicial», ha defendido.
Por último, han agradecido el respaldo al paro convocado «desde las grandes capitales hasta los partidos judiciales más pequeños». Una respuesta, han reiterado, que «ha evidenciado la determinación del colectivo y su compromiso con una Justicia independiente, de calidad y al servicio de los ciudadanos».
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