El proyecto de ley impulsado por el Gobierno por el que se pretende reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal se someterá este jueves a su primer examen en el Pleno del Congreso de los Diputados, que decidirá si sigue adelante o no con la tramitación del texto. Un día antes está convocado un paro de diez minutos por parte de cinco asociaciones de jueces y fiscales -todas menos las progresistas- en rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.
Se trata del proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que incluye -entre otras cuestiones- un nuevo examen escrito para las oposiciones, una ampliación del número de plazas de jueces y fiscales, el blindaje de las becas a los opositores y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales.
El texto también incluye la creación del ‘cuarto turno’ para los fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces y un «proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos». A petición de las asociaciones de jueces y fiscales, se eliminó del proyecto la actual fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas, así como el traslado forzoso de los jueces cuando ascendían a magistrados.
PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad del texto, que se votarán el jueves. Los de Alberto Núñez Feijóo consideran que el proyecto de ley debe devolverse al Gobierno para que se sustituya por «un proceso de reforma participado, abierto y riguroso, que respete los principios constitucionales y refuerce, y no debilite, las garantías de independencia judicial».
De igual forma, Vox pide que se devuelva el texto al Gobierno al considerar que es «manifiestamente perjudicial para el sistema de equilibrio de las instituciones del Estado y por tanto para el interés nacional y para el bien común».
Durante la sesión del jueves, comparecerá para defender el proyecto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien insistió el pasado mayo -primero en una carta a las asociaciones de jueces y fiscales que han criticado públicamente el texto y luego en la Comisión de Justicia del Senado- que la reforma era «imprescindible» para «abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las estructuras que «no se han modificado en lo sustancial» en décadas.
Críticas de asociaciones de jueces y fiscales
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han reclamado «la retirada» del proyecto de ley porque consideran que recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial». A su juicio, el texto no responde a «una verdadera demanda social» y no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia».
En este marco de tensión, que incluye una convocatoria de paro para el miércoles organizada por dichas asociaciones y un llamado de huelga por parte de miles de jueces y fiscales, todas las asociaciones de las carreras judicial y fiscal se reunieron el pasado 4 de junio con el Ministerio.
Horas antes de aquel encuentro, las cinco asociaciones críticas pidieron a Justicia que no les acusara de lanzar «bulos» o «fango» al criticar las reformas. Bolaños llegó a decir en declaraciones a la prensa en el Senado el pasado mayo que los «temores» de dichas asociaciones respecto a la reforma eran «infundados».
Todas las asociaciones, excepto las progresistas, aseguraron que la reunión del 4 de junio no fue «productiva» y recalcaron que Justicia les había trasladado «de forma tajante» que el Gobierno no contempla retirar la reforma. Fuentes ministeriales, por su parte, calificaron el encuentro de constructivo y respetuoso. Ambos, sin embargo, aseguraron que quedaban abiertos a seguir dialogando.
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