La mayoría del Consejo Fiscal ha mostrado su rechazo al nuevo diseño de acceso a la carrera fiscal que propone el Gobierno en su anteproyecto de ley orgánica sobre la materia, al considerar que, en vez de buscar la excelencia, rebaja la exigencia de los conocimientos técnicos y «abre una puerta de atrás» al implantar el llamado ‘cuarto turno’ e incorporar al personal interino, entre otros aspectos, según informan fuentes del órgano consultivo a Europa Press.
El Consejo Fiscal ha examinado en el Pleno celebrado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
El análisis se ha hecho en base a un borrador de informe remitido desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado al que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que conforman la mayoría del Consejo Fiscal– se han opuesto introduciendo varias modificaciones para plasmar su rechazo al nuevo modelo de acceso que plantea la reforma propuesta por el Gobierno.
«Se trata de una reforma particularmente cuestionada en los últimos meses en el seno de nuestra institución por su impacto en el régimen de acceso a la carrera fiscal y el traslado forzoso de las últimas promociones asociado al ascenso automático a la segunda categoría», ha dicho la AF, la asociación mayoritaria, en un comunicado.
En concreto, tanto la AF como la APIF se han mostrado en contra de implantar en la carrera fiscal el llamado ‘cuarto turno’, el sistema que permite el acceso a la carrera a juristas de reconocido prestigio sin pasar por la oposición tradicional; así como del «proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal».
Las fuentes consultadas consideran que la combinación de ambos elementos «abre una puerta de atrás» que permite eludir los filtros que implica la oposición tradicional, advirtiendo de que la consecuencia de rebajar el nivel de exigencia será también reducir los conocimientos técnicos y, con ello, la calidad del trabajo.
Otro de los puntos de fricción es el nuevo papel atribuido al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en la preparación a opositores, que incluirá la concesión de becas, para –según expone el anteproyecto de ley– convertirlo en «un verdadero centro público de preparación de los procesos de acceso a las carreras judicial y fiscal» y eliminar «cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos».
El informe ha quedado aprobado con estas modificaciones con estos siete votos a favor y los cuatro en contra de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas –la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite–. Además, han anunciado votos particulares.
De esta forma, el Consejo Fiscal se alinea con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado marzo aprobó por unanimidad su propio informe sobre este anteproyecto de ley alertando de «disfunciones» que podrían generar «una carrera a dos velocidades». El órgano de gobierno de los jueces advirtió de que algunas de las «innovaciones de calado» que contempla la reforma podrían «debilitar la independencia del Poder Judicial».
En particular, respecto al CEJ afeaba que le encomienda «la realización de actividades formativas de preparación del proceso selectivo para acceder a la carrera judicial o fiscal». Para el CGPJ, la preparación de las oposiciones, «en la medida que atañe directamente al interés público», debería recaer sobre «una autoridad u órgano plenamente independiente». Y el Poder Judicial debería tener «un papel notable», añadía.
«Plazas insuficientes» para violencia de género
Por otro lado, el Pleno ha abordado también el informe del proyecto de real decreto por el que se desarrolla la Ley Orgánica (LO) de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que prevé la creación de 39 nuevas plazas de segunda categoría, vinculadas a la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
«Entendimos de forma unánime que estas plazas son insuficientes para dar respuesta a las necesidades que generará la LO 1/2025, sobre todo en aquellos territorios donde se produce la comarcalización de juzgados y/o extensión de competencias a partidos judiciales, muchas veces con gran dispersión geográfica o que asumen materias que antes se tramitaban por juzgados de las capitales de provincia», ha avisado la AF en el comunicado.
Asimismo, se ha presentado ante el Pleno el proyecto de instrucción que regulará el funcionamiento, competencias y criterios generales de actuación de la unidad especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática que dirige Dolores Delgado. El Ministerio Público ha informado de que, «en la actualidad, esta área de especialización cuenta ya con una red de 49 fiscales especialistas, 45 de los cuales son delegados provinciales».
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