El número de empresas españolas sancionadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están aumentando en los últimos años, pero los procesos se están resolviendo de forma mayoritaria a través de procesos negociados.
“Hemos visto un aumento de sanciones por fraude, tanto por parte del Banco Mundial como por parte del BID de empresas españolas. Nos preocupa mucho la posición que está ocupando España”, afirmó Sara Hormigo, jefa del departamento multilateral de la Oficina Económica y Comercial de la embajada española en Washington DC, en la conferencia ‘Fraude y Corrupción en los Proyectos multilaterales: perspectivas, retos y experiencias’.
Con esta ponencia, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española, con participación del ICEX, arranca este curso el programa de formación continua ofrecido semanalmente – de forma presencial y online- por el Consejo. La conferencia fue presentada por Rafael Bonmatí, por parte del Consejo General, y Rodrigo Tilve, por parte del ICEX.
“En los últimos años el Banco Mundial y el BID han abierto investigaciones y están imponiendo sanciones para combatir la corrupción en proyectos financiados por estos bancos. Los resultados pueden ser muy costosos para las empresas”, explicó Brígida Benítez, socia de Steptoe & Johnson LLP en Washington DC, quien contó el caso de Siemens, que fue multada con 100 millones y dos años de inhabilitación.
Hormigos señaló que España ocupa el puesto número 22 de los países sancionados por el Banco Mundial, por número de empresas. Sin embargo, en el caso del BID ocupa el cuarto país.
“En las sanciones por fraude, España es uno de los más frecuentes, de los países desarrollados es el número uno”, afirmó Marlon Q. Paz, socio de Latham & Watkins, quien explicó el proceso de investigación y sanción y destacó la importancia para las empresas de contar con abogados familiarizados con estos procesos.
“Son muy pocos los casos que salen sin sanción”, contó Benítez, quien explicó que ambos bancos exigen el cumplimiento de unas normas éticas. “El BID pide observar los más altos niveles éticos y denunciar al banco toda conducta sospecha de constituir una práctica prohibida”, añadió.
“También hay oportunidad de llegar a un acuerdo negociado, más de la mitad de los casos del Banco Mundial se resuelven así”, contó Benítez. “El BID no era muy partidario de esto, pero en el 2018 también aceptaron este proceso”.
Benítez explicó que por fraude se entiende “cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o evadir una obligación”.
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