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Por Francisco Javier Pizarro.
La masacre de Tlatelolco, que es como se le conoce al 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, ubicada en Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en el Distrito Federal de la república, no debe ser olvidada.
Minutos antes de la 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza.
Desde él se dispararon bengalas, siendo ésta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida; estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros.
Aquel día el Ejército y el Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la “Operación Galeana”, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH), órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por estudiantes de la UNAM y el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades más del interior de la república.
Los francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego contra miles de personas que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas, bajo el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el operativo del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, en contra del recién nacido movimiento estudiantil.
Ese grotesco y brutal asesinato dejó una estela de entre 300 y 400 estudiantes muertos y más de 1,000 heridos.
El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30; en los hospitales se reportaron 53 heridos graves; se calculó que el número de detenidos en el Campo Militar Número Uno llegó a 2 mil, lo que era incongruente, ya que, en acceso de archivos y expediente sobre el movimiento estudiantil, las cifras eran otras.
Las demandas de los estudiantes que tanto irritaban a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, eran:
Libertad de todos los presos políticos, no sólo de los activistas estudiantiles, sino también de los presos políticos sindicales, entre ellos los líderes los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, el líder magisterial Othón Salazar y varios más.
La derogación del artículo 145 del Código Penal Federal que sancionaba los delitos de disolución social, en los cuales se incluía “la difusión de ideas que perturbaran el orden público y/o afectaran la soberanía nacional”.
Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo entre autoridades, incluyendo al presidente de la república y el Consejo Nacional de Huelga para negociar peticiones, lo que para Díaz Ordaz era literalmente inaceptable.
Desaparición del Cuerpo de Granaderos.
Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y el teniente Armando Frías.
Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos
En su IV Informe de Gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz no expuso nada referente a la propuesta de los estudiantes.
Al contrario, exteriorizó: “Los desórdenes juveniles que ha habido en el mundo han coincidido con frecuencia con la celebración de un acto de importancia –se refería a la Olimpiada deportiva-- en la ciudad donde ocurren”.
A partir de entonces, el Gobierno de la República desplegó una brutal operación radical, ya no con acciones de los granaderos, sino del Ejército, para consolidar la “disolución del movimiento estudiantil” en boga.
Lo describo: El 18 de septiembre la UNAM fue tomada y cercada por el Ejército y, días después –24 de septiembre—también del Casco de Santo Tomás y Zacatenco y la Escuela Vocacional 7 del IPN ubicada en la plaza de las Tres Culturas.
A partir de entonces, se detonó la “Guerra fría” en contra ya no sólo de los estudiantes, entre ellos el de los normalistas de Ayotzinapa, sino también de los ferrocarrileros, mineros, campesinos, indígenas, con el despliegue de la militarización creada de los sexenios de 1960 a 1980 y, posteriormente de la corrupción e impunidad del sistema neoliberal del cual forman parte los cárteles de la droga, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Tan es así, que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
Veremos y diremos.
Sin pasado no hay presente, y sin presente no hay futuro.
Por Francisco Javier Pizarro.
La masacre de Tlatelolco, que es como se le conoce al 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, ubicada en Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en el Distrito Federal de la república, no debe ser olvidada.
Minutos antes de la 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza.
Desde él se dispararon bengalas, siendo ésta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida; estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros.
Aquel día el Ejército y el Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la “Operación Galeana”, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH), órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por estudiantes de la UNAM y el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades más del interior de la república.
Los francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego contra miles de personas que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas, bajo el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el operativo del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, en contra del recién nacido movimiento estudiantil.
Ese grotesco y brutal asesinato dejó una estela de entre 300 y 400 estudiantes muertos y más de 1,000 heridos.
El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30; en los hospitales se reportaron 53 heridos graves; se calculó que el número de detenidos en el Campo Militar Número Uno llegó a 2 mil, lo que era incongruente, ya que, en acceso de archivos y expediente sobre el movimiento estudiantil, las cifras eran otras.
Las demandas de los estudiantes que tanto irritaban a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, eran:
Libertad de todos los presos políticos, no sólo de los activistas estudiantiles, sino también de los presos políticos sindicales, entre ellos los líderes los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, el líder magisterial Othón Salazar y varios más.
La derogación del artículo 145 del Código Penal Federal que sancionaba los delitos de disolución social, en los cuales se incluía “la difusión de ideas que perturbaran el orden público y/o afectaran la soberanía nacional”.
Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo entre autoridades, incluyendo al presidente de la república y el Consejo Nacional de Huelga para negociar peticiones, lo que para Díaz Ordaz era literalmente inaceptable.
Desaparición del Cuerpo de Granaderos.
Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y el teniente Armando Frías.
Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos
En su IV Informe de Gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz no expuso nada referente a la propuesta de los estudiantes.
Al contrario, exteriorizó: “Los desórdenes juveniles que ha habido en el mundo han coincidido con frecuencia con la celebración de un acto de importancia –se refería a la Olimpiada deportiva-- en la ciudad donde ocurren”.
A partir de entonces, el Gobierno de la República desplegó una brutal operación radical, ya no con acciones de los granaderos, sino del Ejército, para consolidar la “disolución del movimiento estudiantil” en boga.
Lo describo: El 18 de septiembre la UNAM fue tomada y cercada por el Ejército y, días después –24 de septiembre—también del Casco de Santo Tomás y Zacatenco y la Escuela Vocacional 7 del IPN ubicada en la plaza de las Tres Culturas.
A partir de entonces, se detonó la “Guerra fría” en contra ya no sólo de los estudiantes, entre ellos el de los normalistas de Ayotzinapa, sino también de los ferrocarrileros, mineros, campesinos, indígenas, con el despliegue de la militarización creada de los sexenios de 1960 a 1980 y, posteriormente de la corrupción e impunidad del sistema neoliberal del cual forman parte los cárteles de la droga, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Tan es así, que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
Veremos y diremos.
Sin pasado no hay presente, y sin presente no hay futuro.
Osvaldo
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