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Osvaldo Chavira Villalobos
El pasado 8 de mayo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con nueve votos a favor y dos en contra, resolvió en cuanto a la inconstitucionalidad de la primera parte del famoso Plan B Electoral del presidente López Obrador.
Esta resolución derivó en diversos ataques por parte del presidente dirigidos a los ministros de la SCJN, para que finalmente explotará declarando que propondrá que los ministros de dicho organismo sean puestos de elección popular, lo que podría ser muy peligroso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación si bien de cierta manera adquiere algún tipo de poder legislativo al poder declarar la inconstitucionalidad de diversas leyes y normas nuevas, no hay que olvidar su papel judicial.
En términos más fáciles de entender los ministros y ministras no dejan de ser jueces.
Ahora imaginemos que todos los jueces fueran de elección popular, en lugar que sea mediante la realización de exámenes.
¿En manos de quien estaríamos dejando la justicia?
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia normalmente aparezca en notas y periódicos cuando realiza resoluciones de este tipo no quiere decir que no conozca de otro tipo de asuntos de los cuales son de personas comunes y corrientes como tú y como yo.
La SCJN cuenta con dos funciones principales como tribunal constitucional y como tribunal superior, es decir que además de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, la Corte también conoce amparos directos de gran relevancia, así como de recursos de revisión y apelación en contra de otras sentencias, entre otras funciones más.
El Derecho es una materia la cual es muy política, sin embargo, lo que más debe de ser es objetiva e imparcial.
Por lo tanto, no hay que permitir que el sistema justicia a la cual acudimos en busca de imparcialidad se vea afectado todavía más por partidos políticos llevándonos a resoluciones las cuales se encuentren inclinadas hacia un lado u otro para que el o la juez o ministro quede bien con alguien que no busca la justicia sino el poder.
Cierro como menciona Pablo Marín promotor de derechos humanos en México: Primero vinieron por los servidores públicos, luego vinieron por los científicos, luego por los periodistas, empresarios, médicos, activistas, luego por universidades, por los derechos humanos, después llegaron por el poder judicial, y demás órganos, y nunca dijimos nada porque no éramos ninguno de ellos, pero cuando vengan por nosotros no habrá quien nos defienda.
Osvaldo Chavira Villalobos
El pasado 8 de mayo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con nueve votos a favor y dos en contra, resolvió en cuanto a la inconstitucionalidad de la primera parte del famoso Plan B Electoral del presidente López Obrador.
Esta resolución derivó en diversos ataques por parte del presidente dirigidos a los ministros de la SCJN, para que finalmente explotará declarando que propondrá que los ministros de dicho organismo sean puestos de elección popular, lo que podría ser muy peligroso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación si bien de cierta manera adquiere algún tipo de poder legislativo al poder declarar la inconstitucionalidad de diversas leyes y normas nuevas, no hay que olvidar su papel judicial.
En términos más fáciles de entender los ministros y ministras no dejan de ser jueces.
Ahora imaginemos que todos los jueces fueran de elección popular, en lugar que sea mediante la realización de exámenes.
¿En manos de quien estaríamos dejando la justicia?
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia normalmente aparezca en notas y periódicos cuando realiza resoluciones de este tipo no quiere decir que no conozca de otro tipo de asuntos de los cuales son de personas comunes y corrientes como tú y como yo.
La SCJN cuenta con dos funciones principales como tribunal constitucional y como tribunal superior, es decir que además de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, la Corte también conoce amparos directos de gran relevancia, así como de recursos de revisión y apelación en contra de otras sentencias, entre otras funciones más.
El Derecho es una materia la cual es muy política, sin embargo, lo que más debe de ser es objetiva e imparcial.
Por lo tanto, no hay que permitir que el sistema justicia a la cual acudimos en busca de imparcialidad se vea afectado todavía más por partidos políticos llevándonos a resoluciones las cuales se encuentren inclinadas hacia un lado u otro para que el o la juez o ministro quede bien con alguien que no busca la justicia sino el poder.
Cierro como menciona Pablo Marín promotor de derechos humanos en México: Primero vinieron por los servidores públicos, luego vinieron por los científicos, luego por los periodistas, empresarios, médicos, activistas, luego por universidades, por los derechos humanos, después llegaron por el poder judicial, y demás órganos, y nunca dijimos nada porque no éramos ninguno de ellos, pero cuando vengan por nosotros no habrá quien nos defienda.
Osvaldo
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