La fiscal general europea, Laura Kövesi, ha pedido medios materiales y humanos al Gobierno advirtiendo de que no puede «aceptar» que la Fiscalía Europea no ejerza su «competencia por la falta de recursos», y citando como ejemplo lo ocurrido con el ‘caso Koldo’, que el Tribunal Supremo asignó a la Fiscalía Anticorrupción española.
Kövesi se ha expresado así en declaraciones a los medios en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid y horas después de haber mantenido sendas reuniones con los ministros de Interior y de Justicia, a los que ha solicitado dar un paso adelante para pasar «al siguiente nivel».
La fiscal general europea ha querido dejar claro que lo que necesitan son policías dedicados en exclusiva a las causas que instruye la propia Fiscalía Europea. «Nada más y nada menos que lo que ya existe en España con el modelo de Anticorrupción. Soy una gran fan de este modelo», ha añadido.
Esos medios, según Kövesi, impedirían en un futuro que la Fiscalía Europea se quedase sin investigar algunas causas, como el ‘caso Koldo’. «Incluso el Tribunal Supremo ha subrayado recientemente en la decisión por la que otorgó el caso Koldo a la Audiencia Nacional que la falta de una unidad policial fue la razón para no entregarle el caso a la Fiscalía Europea», ha recordado.
Fue a finales del pasado mes de julio cuando el Tribunal Supremo dejó la causa en la que se indaga en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas en la Audiencia Nacional.
El alto tribunal entendió que el juez de la Audiencia Nacional era el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario que ya estaba investigando la Fiscalía Europea. Consideró que el órgano comunitario debería mantener su competencia sobre tales expedientes solo para determinar si se cometió o no un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.
En su declaración, la fiscal general europea ha recordado que ellos también están «investigando corrupción», y que continuarán investigando la «corrupción en España». «Estamos aquí para quedarnos», ha advertido.
Precisamente en este contexto Kövesi también se ha referido al ‘caso Begoña Gómez’, en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
«Es una investigación que sigue y no podemos dar más información. En Rumanía, de donde vengo, también escriben muchos los periodistas, pero tenemos que actuar de forma igual en todos los Estados miembro. No podemos hablar más de la investigación, pero cuando tengamos cosas que comunicar lo haremos de forma proactiva», ha explicado.
Cabe recordar que el juez Juan Carlos Peinado derivó al órgano comunitario los contratos otorgados a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.
«Hay mucho en juego. Hemos coincidido con ambos ministros en que tanto el crimen organizado que trafica con migrantes o roba dinero de la Unión Europea es el mismo crimen organizado», ha explicado.
Kövesi ha asegurado que «la justicia es igual para todos». «Y debemos investigar. Somos totalmente independientes de las autoridades nacionales», ha aseverado, detallando que, solo en España, la Fiscalía Europea tiene 100 casos entre manos.
Solo en 2023, cerca de esas 47 investigaciones revelaron que el perjuicio total sería de cerca de 321,7 millones de euros, según ha detallado la fiscal general europea y se recoge en el informe anual de la institución.
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