Energía y agua son agendas indisociables y deberían estar en la base de una renovada estrategia nacional para la reversión del cambio climático y la restauración de los ecosistemas.
Energía y agua son agendas indisociables y deberían estar en la base de una renovada estrategia nacional para la reversión del cambio climático y la restauración de los ecosistemas.
Todos los gobiernos enfrentan, todo el tiempo, múltiples crisis.
Por definición, se trata de situaciones que ponen en tensión las capacidades institucionales para resolver problemas que surgen en coyunturas, o bien que, dado su carácter estructural, llegan a niveles insostenibles e impiden el funcionamiento de la vida social, económica y política; en los casos más graves, pueden poner en tensión además a otros sectores y tener un carácter sistémico.
Hay, entre otros más, dos elementos de la vida económica y social que son indispensables para cualquier Estado contemporáneo: el agua y la energía.
Sin ellas la vida productiva, la vida comunitaria, la vida cotidiana se hacen casi imposibles en el contexto socio-económico en que vivimos.
En ese sentido, la crisis del agua ha llevado ya a la desecación de numerosas presas, lagos, ríos y arroyos en todo el territorio nacional, lo cual ha colocado en lo que se denomina como “el día cero” en diversas regiones, es decir, se encuentran al borde de un severo desabasto de agua para consumo humano, para uso industrial; para uso agrícola y ganadero, en medio de un país donde sólo el 75% de las viviendas tienen agua entubada al interior de sus edificios, y donde incluso en ellos, únicamente alrededor del 70% reciben agua todos los días.
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De acuerdo con el Monitor de la Sequía de la CONAGUA, al 30 de abril del 2024, sólo el 17.
8% del territorio nacional no presentaba afectaciones por sequía.
Sin embargo, el 28.
86% presentaba sequía extrema, mientras que el 11.
37% presentaba condiciones de sequía excepcional.
Visto desde el criterio de la división política en nuestro país, el 79.
4% de los municipios que hay en el territorio nacional presentan algún nivel de esta problemática, en medio de una de las olas de calor más severas que se han enfrentado en décadas y que han llevado al registro de récord de temperaturas máximas en distintas zonas metropolitanas y regiones.
De otra parte, en el tema de la energía, nuestro país ha tenido, quizá por primera vez en la historia reciente, una crisis que ha llevado a la declaración del “Estado Operativo de Emergencia del Sistema Interconectado Nacional”; lo cual implica, en términos llanos, apagones programados debido al incremento en la demanda de energía ante las intensas jornadas de calor que se están registrando en todas partes.
A pesar de que en el discurso oficial se maneja el argumento de que “no hay insuficiencia de energía, sino incremento estacional de la demanda”, en realidad ningún sistema integral debería llegar a este nivel; pues debería estar preparado para enfrentar contingencias de este y otro tipo.
Las estimaciones oficiales estiman que la demanda anual de energía eléctrica en el país, ha tenido un incremento anual aproximado de 2.
2%; y hacia el 2050 se estima que podría duplicarse, si de verdad México logra aprovechar el proceso de relocalización de empresas que se está dando a nivel global.
Energía y agua son agendas indisociables y deberían estar en la base de una renovada estrategia nacional para la reversión del cambio climático y la restauración de los ecosistemas.
Esto es una responsabilidad ineludible para México, pues de acuerdo con fuentes oficiales, consumimos alrededor del 14% de la energía final consumida en el planeta.
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Siendo uno de los cinco países más megadiversos del mundo, el nuestro debería plantearse, en los próximos 30 años, convertirse en uno de los principales “pulmones planetarios” y uno de los territorios que pueda ser considerado como un santuario global de protección de la biodiversidad.
Pero ello exige de una muy rápida y eficiente transformación de toda la matriz energética, lo que implica una también muy acelerada transición hacia energías renovables y limpias, y dejar atrás la economía del carbono.
Estamos ya muy lejos del planteamiento ilusorio de la “economía sin límites” que se presentó en la década de los 60 en el siglo XX.
Los beneficios de explotar inmisericordemente a la naturaleza han sido para muy pocos, y aún cuando se hubiesen generalizado, no habría valido la pena la destrucción de tantos ecosistemas pues de cualquier modo se habrían comprometido los derechos presentes y de las generaciones que están por venir.
Es preocupante que, en México, además de las cuestiones estrictamente económico-climáticas, la protección de los ecosistemas enfrente además la amenaza permanente del crimen organizado.
En efecto, hay al menos tres ámbitos en los cuales las bandas criminales imponen severos costos y restricciones a la posibilidad de proteger a la naturaleza.
El primero de ellos es el llamado “huachicol del agua”, el cual es controlado ya en diversas regiones por las mismas bandas que roban combustible y que trafican sustancias adictivas, armas e incluso seres humanos.
No se ha cuantificado aún el daño que han generado a presas, ríos y pozos en el país, pero dado lo valioso del recurso, el análisis y diagnóstico debe ir mucho más allá de lo estrictamente económico.
El segundo ámbito de intervención y control criminal está en la tala y tráfico ilegal de productos maderables, lo cual genera daños, a veces casi irreversibles en extensas franjas de bosque, selva y manglares, además de dañar gravemente el patrimonio natural e incluso cultural de pueblos y comunidades indígenas.
La tercera dimensión es la del desmonte e incluso provocar incendios forestales con el fin de disponer de mayores extensiones de tierra para la siembra de enervantes, fundamentalmente amapola y, aunque cada vez en menor medida, de distintas variedades de cannabis.
Todos estos elementos tienen puntos de interconexión e incluso de mutua determinación; por lo que las soluciones jurídicas y de política pública deben diseñarse desde visiones holísticas y sistémicas.
Desde esta perspectiva, la próxima administración federal debe reconocer que tendrá muy escasos márgenes para actuar; y que estos estarán determinados por varias urgencias que deben ser atendidas con carácter prioritario y urgente: la violencia, la salud, la educación, la crisis climática y la crisis energética.
En todos esos ámbitos el tiempo se agotó y la acción es ahora inevitable.
Investigador del PUED-UNAM
