La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas mencionó que esta problemática existe desde hace muchos años, sin embargo hace muy poco se tipificó como delito
La desaparición, forzada o por particulares, es un delito de alto impacto que causa un daño irreversible en las familias, es una tortura emocional, mental y espiritual, afirma Norma Ledezma Ortega, quien en carne propia vivió esa tortura tras la desaparición de su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma.
La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas mencionó que el fenómeno de desaparición de personas existe desde hace muchos años, sin embargo hace pocos años (2017) se tipificó como delito la desaparición por particulares.
Previo a ello sólo eran reportes de desaparición, a la fecha hay muchos casos que siguen en este estatus, así lo explicó la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma.
La comisionada afirma que es necesario que se reclasifiquen como delito a fin de que puedan integrarse al registro de víctimas.
A la fecha no se tiene un registro, por lo que el fiscal César Jáuregui se reúne personalmente con los familiares de personas desaparecidas a fin de revisar la carpeta y la situación de la familia.
“La desaparición es el delito que mayor afecta a la sociedad, ya sea forzada o por particulares, los familiares de las personas ausentes tienen consecuencias irreversibles y , permanentes, son sometidas a tortura, aunque no es física es una tortura mental, emocional, espiritual.
No hay tratamiento psicológico, medicamento o peritaje que ayude a sanar esas heridas”, afirma Norma, quien en carne propia vivió la desaparición de su hija Paloma.
Norma destacó que las familias que aún cuentan con el estatus de reporte no tienen limitación en la atención médica, psicológica y social, así como su integración a los programas de apoyo en becas.
La comisionada invitó a las familias que cuentan con un integrante desaparecido se acerquen a la CEAVE donde pueden brindarles asesoría y acompañamiento, así como una atención digna, humana y diferenciada.
Al cierre del mes de noviembre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha otorgado 92 mil 165 servicios victimológicos, el 60 por ciento de las atenciones son mujeres víctimas directas de violencia familiar y violencia sexual, informó la comisionada Norma Ledezma Ortega.
La CEAVE atiende a todas las víctimas de un delito o bien de la violación a los derechos humanos, la mayoría de las víctimas son por un delito de alto impacto como es homicidio, feminicidio, desaparición y desplazamiento forzado.
Lamentablemente el presupuesto de la CEAVE es limitado y por ende deben hacer alianzas y articularse con organizaciones de la sociedad civil para atender a las víctimas, quienes en muchos de los casos se encuentran en condiciones precarias.
Desde el 2017 se creó la CEAVE, la cual cuenta con asesores jurídicos que a la vez se convierten en representantes legales de algunos de los casos que llegan.
Al cierre de noviembre de 2023 cuentan con 4 mil 808 representados jurídicos, de éstos 982 en la zona Centro, 3 mil 210 en zona Norte, 245 en la zona Occidente y 371 en la zona Sur.
A las víctimas se les brinda atención, asesoría jurídica, psicología y trabajo social, para lo que existe el Fondo de Apoyo, Atención y Reparación (FAAR), por ejemplo para cubrir las despensas, medicamentos, traslados para los juicios, entre otras.
Del fondo también se pagan las reparaciones del daño cuando existe un imputado que no tiene solvencia para cubrirla, pero tiene que haber una sentencia judicial, recomendación de las CNDH y CEDH, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El FAAR se nutre sólo de la aportación que hace el Estado.
Cabe destacar que una de las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil que acompaña a víctimas es que se incremente el presupuesto para la CEAVE, lo cual aún se encuentra bajo análisis en el Congreso del Estado.
La abogada Norma Ledezma explicó que para iniciar el proceso de atención, las víctimas acuden ante el ministerio público a denunciar.
El MP es el que refiere a las personas a la CEAVE con un oficio donde determina que es víctima directa o indirecta de algún delito.
Al llegar a la CEAVE en el primer contacto se determina qué tipo de atención requiere, ya que ejemplifica que varía de acuerdo a los delitos, pues puede ser un evento impactante donde la víctima requiere de atención psicológica inmediata, o que al llegar no cuenta con recursos para regresar a su casa por lo que hay que conseguir despensa y trasladarla.
Hay otras víctimas que no requieren de mayor atención o que se niegan en primer momento a recibir apoyo o la representación jurídica, pero luego regresan.
En el caso de víctimas de violación de un derecho humano la referencia la hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que la víctima interpuso una queja.
Entre los más recurrentes está el derecho a la salud.
La CEAVE cuenta con un Comité Interdisciplinario Evaluador (CEI) que se encarga de evaluar los daños, se trata de especialistas en derechos humanos que determinan la reparación en cada caso.
El municipio de Guadalupe y Calvo es uno de los que registra mayor incidencia de desplazamiento forzado, la CEAVE atiende a una comunidad que salió de Santa Tulita, se trata de 58 personas, entre niñas, niños, mujeres y hombres.
Se cuenta con un programa de trabajo encaminado a que tengan una buena calidad de vida y en algún momento puedan regresar a su comunidad.
Ante la situación tan delicada de desplazamiento forzado la CEAVE acude a los lugares con mayor incidencia, donde los residentes afirman que la inseguridad los obliga a salir de su comunidad con el único objetivo de defender su vida.
Norma Ledezma recordó que en junio de 2022 ante el incremento del desplazamiento se empezó a atender la situación tras la reiterada denuncia de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que brindan acompañamiento a las comunidades de la Sierra Tarahumara.
En el mes de noviembre de 2022 se crea una mesa interinstitucional con los objetivos de atender a las personas que ya se encuentran desplazados y a las personas que se encuentran en las comunidades en riesgo de desplazamiento a fin de brindarles seguridad y las condiciones necesarias.
A partir de febrero que se tipifica el delito, las personas que atendía la CEAVE por despojo o amenazas se les da una reclasificación.
En julio que toma las riendas de la CEAVE le toca atender el caso de Santa Tulita, de cerca pudo palpar la realidad y atender las denuncias de manera directa.
Los 58 miembros fueron reubicados en otra localidad.
Se creó un plan por etapas para su atención, la primera fue darles atención inmediata en cuestión de alojamiento, alimentación y revisión médica, campañas de salud y se hizo un diagnóstico.
En la segunda etapa se les trasladó a otro sitio donde cada núcleo familiar pudo tener una vivienda, “Lamentablemente no puedo decir que es lo ideal, conseguimos enseres domésticos, no tenemos un presupuesto para esto, conseguimos donaciones y las organizaciones nos ayudaron para conseguir camas, colchones, cobijas, parrillas, tanques de gas, refrigeradores, sillones”.
En materia educativa, las 38 niñas y niños, se encuentran cursando su educación básica con Conafe a fin de que no pierdan su lengua de origen ódami.
Dado que una de las recomendaciones de la Acnur es que no pierdan su lengua, pero además para no someterlos a discriminación al insertarlos en una escuela regular.
“La Unicef impartirá una capacitación al personal a fin de atender a las niñas, niños y adolescentes con perspectiva cultural”.
A la fecha están preparando la tercera etapa que incluye dos opciones, la primera es regresarlos a su comunidad, pero se requieren las condiciones de seguridad, la segunda opción es que permanezcan en la zona urbana sin embargo también hay que brindarles las condiciones para que se conviertan en sujetos de derecho, que accedan a un trabajo digno, una vivienda digna, que puedan desarrollarse, crecer, estudiar.
Norma destacó que en semanas anteriores estuvo en varias zonas de Guadalupe y Calvo, donde las condiciones de inseguridad permanecen, “Consideramos que para que no haya desplazamiento tiene que haber seguridad, porque la tala clandestina influye”.
La desaparición, forzada o por particulares, es un delito de alto impacto que causa un daño irreversible en las familias, es una tortura emocional, mental y espiritual, afirma Norma Ledezma Ortega, quien en carne propia vivió esa tortura tras la desaparición de su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma.
La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas mencionó que el fenómeno de desaparición de personas existe desde hace muchos años, sin embargo hace pocos años (2017) se tipificó como delito la desaparición por particulares.
Previo a ello sólo eran reportes de desaparición, a la fecha hay muchos casos que siguen en este estatus, así lo explicó la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma.
La comisionada afirma que es necesario que se reclasifiquen como delito a fin de que puedan integrarse al registro de víctimas.
A la fecha no se tiene un registro, por lo que el fiscal César Jáuregui se reúne personalmente con los familiares de personas desaparecidas a fin de revisar la carpeta y la situación de la familia.
“La desaparición es el delito que mayor afecta a la sociedad, ya sea forzada o por particulares, los familiares de las personas ausentes tienen consecuencias irreversibles y , permanentes, son sometidas a tortura, aunque no es física es una tortura mental, emocional, espiritual.
No hay tratamiento psicológico, medicamento o peritaje que ayude a sanar esas heridas”, afirma Norma, quien en carne propia vivió la desaparición de su hija Paloma.
Norma destacó que las familias que aún cuentan con el estatus de reporte no tienen limitación en la atención médica, psicológica y social, así como su integración a los programas de apoyo en becas.
La comisionada invitó a las familias que cuentan con un integrante desaparecido se acerquen a la CEAVE donde pueden brindarles asesoría y acompañamiento, así como una atención digna, humana y diferenciada.
Al cierre del mes de noviembre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha otorgado 92 mil 165 servicios victimológicos, el 60 por ciento de las atenciones son mujeres víctimas directas de violencia familiar y violencia sexual, informó la comisionada Norma Ledezma Ortega.
La CEAVE atiende a todas las víctimas de un delito o bien de la violación a los derechos humanos, la mayoría de las víctimas son por un delito de alto impacto como es homicidio, feminicidio, desaparición y desplazamiento forzado.
Lamentablemente el presupuesto de la CEAVE es limitado y por ende deben hacer alianzas y articularse con organizaciones de la sociedad civil para atender a las víctimas, quienes en muchos de los casos se encuentran en condiciones precarias.
Desde el 2017 se creó la CEAVE, la cual cuenta con asesores jurídicos que a la vez se convierten en representantes legales de algunos de los casos que llegan.
Al cierre de noviembre de 2023 cuentan con 4 mil 808 representados jurídicos, de éstos 982 en la zona Centro, 3 mil 210 en zona Norte, 245 en la zona Occidente y 371 en la zona Sur.
A las víctimas se les brinda atención, asesoría jurídica, psicología y trabajo social, para lo que existe el Fondo de Apoyo, Atención y Reparación (FAAR), por ejemplo para cubrir las despensas, medicamentos, traslados para los juicios, entre otras.
Del fondo también se pagan las reparaciones del daño cuando existe un imputado que no tiene solvencia para cubrirla, pero tiene que haber una sentencia judicial, recomendación de las CNDH y CEDH, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El FAAR se nutre sólo de la aportación que hace el Estado.
Cabe destacar que una de las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil que acompaña a víctimas es que se incremente el presupuesto para la CEAVE, lo cual aún se encuentra bajo análisis en el Congreso del Estado.
La abogada Norma Ledezma explicó que para iniciar el proceso de atención, las víctimas acuden ante el ministerio público a denunciar.
El MP es el que refiere a las personas a la CEAVE con un oficio donde determina que es víctima directa o indirecta de algún delito.
Al llegar a la CEAVE en el primer contacto se determina qué tipo de atención requiere, ya que ejemplifica que varía de acuerdo a los delitos, pues puede ser un evento impactante donde la víctima requiere de atención psicológica inmediata, o que al llegar no cuenta con recursos para regresar a su casa por lo que hay que conseguir despensa y trasladarla.
Hay otras víctimas que no requieren de mayor atención o que se niegan en primer momento a recibir apoyo o la representación jurídica, pero luego regresan.
En el caso de víctimas de violación de un derecho humano la referencia la hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que la víctima interpuso una queja.
Entre los más recurrentes está el derecho a la salud.
La CEAVE cuenta con un Comité Interdisciplinario Evaluador (CEI) que se encarga de evaluar los daños, se trata de especialistas en derechos humanos que determinan la reparación en cada caso.
El municipio de Guadalupe y Calvo es uno de los que registra mayor incidencia de desplazamiento forzado, la CEAVE atiende a una comunidad que salió de Santa Tulita, se trata de 58 personas, entre niñas, niños, mujeres y hombres.
Se cuenta con un programa de trabajo encaminado a que tengan una buena calidad de vida y en algún momento puedan regresar a su comunidad.
Ante la situación tan delicada de desplazamiento forzado la CEAVE acude a los lugares con mayor incidencia, donde los residentes afirman que la inseguridad los obliga a salir de su comunidad con el único objetivo de defender su vida.
Norma Ledezma recordó que en junio de 2022 ante el incremento del desplazamiento se empezó a atender la situación tras la reiterada denuncia de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que brindan acompañamiento a las comunidades de la Sierra Tarahumara.
En el mes de noviembre de 2022 se crea una mesa interinstitucional con los objetivos de atender a las personas que ya se encuentran desplazados y a las personas que se encuentran en las comunidades en riesgo de desplazamiento a fin de brindarles seguridad y las condiciones necesarias.
A partir de febrero que se tipifica el delito, las personas que atendía la CEAVE por despojo o amenazas se les da una reclasificación.
En julio que toma las riendas de la CEAVE le toca atender el caso de Santa Tulita, de cerca pudo palpar la realidad y atender las denuncias de manera directa.
Los 58 miembros fueron reubicados en otra localidad.
Se creó un plan por etapas para su atención, la primera fue darles atención inmediata en cuestión de alojamiento, alimentación y revisión médica, campañas de salud y se hizo un diagnóstico.
En la segunda etapa se les trasladó a otro sitio donde cada núcleo familiar pudo tener una vivienda, “Lamentablemente no puedo decir que es lo ideal, conseguimos enseres domésticos, no tenemos un presupuesto para esto, conseguimos donaciones y las organizaciones nos ayudaron para conseguir camas, colchones, cobijas, parrillas, tanques de gas, refrigeradores, sillones”.
En materia educativa, las 38 niñas y niños, se encuentran cursando su educación básica con Conafe a fin de que no pierdan su lengua de origen ódami.
Dado que una de las recomendaciones de la Acnur es que no pierdan su lengua, pero además para no someterlos a discriminación al insertarlos en una escuela regular.
“La Unicef impartirá una capacitación al personal a fin de atender a las niñas, niños y adolescentes con perspectiva cultural”.
A la fecha están preparando la tercera etapa que incluye dos opciones, la primera es regresarlos a su comunidad, pero se requieren las condiciones de seguridad, la segunda opción es que permanezcan en la zona urbana sin embargo también hay que brindarles las condiciones para que se conviertan en sujetos de derecho, que accedan a un trabajo digno, una vivienda digna, que puedan desarrollarse, crecer, estudiar.
Norma destacó que en semanas anteriores estuvo en varias zonas de Guadalupe y Calvo, donde las condiciones de inseguridad permanecen, “Consideramos que para que no haya desplazamiento tiene que haber seguridad, porque la tala clandestina influye”.
