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Por Miguel Salvador Gómez González
Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC)
Uno de los grandes problemas que enfrenta la democracia para su conformación (en los procesos electorales) es la corrupción.
Si tomamos en cuenta que la democracia es el ejercicio del poder de la sociedad, y que la corrupción es son los actos que realizados por particulares y, sobre todo, por personas de responsabilidad pública, abusan de la confianza para obtener un beneficio personal, de poder o partidista, todos ellos en contra del interés público.
Entre muchos otros derechos que se pueden ver afectados con la corrupción en tiempos electorales, voy a destacar dos fundamentales: El primero es el descarte del derecho libre de ejercer un voto razonado e informado; y segundo se da cuando los candidatos, partidos políticos o servidores públicos restringen la libertad al tergiversan la voluntad de la ciudadanía que se verá expresada en las urnas.
Los medios para llevar a cabo corrupción en los procesos electorales, son tan diversos que sería prácticamente imposibles enumerarlos, sin embargo, en prácticamente en todos, el común denominador es el uso indebido de los recursos públicos, tanto económicos, como de tiempo de los servidores públicos, equipos, materiales, hostigamiento, plataformas de información, etc.
En la elección pasada del año 2021, el INE, el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción y otros actores, elaboraron en conjunto un documento público denominado “Cuaderno ciudadano anticorrupción en procesos electorales”, por lo que voy a destacar algunos ejemplos que considero son relevantes.
Condicionar el trabajo a cambio de apoyo electoral: El voto es libre y secreto, nadie puede condicionarte a que votes por alguien en contra de tu voluntad.
Condicionar un apoyo social o amenazar con perderlo, a cambio de tu voto: Las actividades de campaña y propaganda deben propiciar la exposición, desarrollo y acciones fijadas en las propuestas y programas de acción de quienes buscan ocupar un cargo de elección popular.
Usar recursos públicos en acciones proselitistas: Los recursos públicos conforman el presupuesto que tiene el Estado para costear los servicios públicos y las funciones que realiza.
Deben usarse para aquello a lo que están destinados.
Ocultar gastos de campaña: Los candidatos, candidatas y partidos políticos deben presentar informes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben y administran.
Utilizar el aparato del Estado para amedrentar o afectar candidaturas: Todo el funcionariado público tiene la obligación de ser imparcial durante las campañas electorales, así como de no intervenir en beneficio de un partido político o de una o un candidato a un cargo de elección popular.
Uno de las más grandes atribuciones que tiene el CPC es el desarrollar pedagogía social en todos los actos en donde, potencialmente se puede dar actos o hechos de corrupción, por lo que, en breve, estaremos invitando a la sociedad civil, organismos empresariales, medios de comunicación y todo aquel actor que tenga la voluntad y quiera ser factor de cambio de esta realidad que vivimos de los efectos de la corrupción, a que se sumen al esfuerzo que realizaremos el CPC Chihuahua al elaborar una versión estatal del “Cuaderno ciudadano anticorrupción en procesos electorales”.
La corrupción es la vulnerabilidad de todos.
Por Miguel Salvador Gómez González
Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC)
Uno de los grandes problemas que enfrenta la democracia para su conformación (en los procesos electorales) es la corrupción.
Si tomamos en cuenta que la democracia es el ejercicio del poder de la sociedad, y que la corrupción es son los actos que realizados por particulares y, sobre todo, por personas de responsabilidad pública, abusan de la confianza para obtener un beneficio personal, de poder o partidista, todos ellos en contra del interés público.
Entre muchos otros derechos que se pueden ver afectados con la corrupción en tiempos electorales, voy a destacar dos fundamentales: El primero es el descarte del derecho libre de ejercer un voto razonado e informado; y segundo se da cuando los candidatos, partidos políticos o servidores públicos restringen la libertad al tergiversan la voluntad de la ciudadanía que se verá expresada en las urnas.
Los medios para llevar a cabo corrupción en los procesos electorales, son tan diversos que sería prácticamente imposibles enumerarlos, sin embargo, en prácticamente en todos, el común denominador es el uso indebido de los recursos públicos, tanto económicos, como de tiempo de los servidores públicos, equipos, materiales, hostigamiento, plataformas de información, etc.
En la elección pasada del año 2021, el INE, el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción y otros actores, elaboraron en conjunto un documento público denominado “Cuaderno ciudadano anticorrupción en procesos electorales”, por lo que voy a destacar algunos ejemplos que considero son relevantes.
Condicionar el trabajo a cambio de apoyo electoral: El voto es libre y secreto, nadie puede condicionarte a que votes por alguien en contra de tu voluntad.
Condicionar un apoyo social o amenazar con perderlo, a cambio de tu voto: Las actividades de campaña y propaganda deben propiciar la exposición, desarrollo y acciones fijadas en las propuestas y programas de acción de quienes buscan ocupar un cargo de elección popular.
Usar recursos públicos en acciones proselitistas: Los recursos públicos conforman el presupuesto que tiene el Estado para costear los servicios públicos y las funciones que realiza.
Deben usarse para aquello a lo que están destinados.
Ocultar gastos de campaña: Los candidatos, candidatas y partidos políticos deben presentar informes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben y administran.
Utilizar el aparato del Estado para amedrentar o afectar candidaturas: Todo el funcionariado público tiene la obligación de ser imparcial durante las campañas electorales, así como de no intervenir en beneficio de un partido político o de una o un candidato a un cargo de elección popular.
Uno de las más grandes atribuciones que tiene el CPC es el desarrollar pedagogía social en todos los actos en donde, potencialmente se puede dar actos o hechos de corrupción, por lo que, en breve, estaremos invitando a la sociedad civil, organismos empresariales, medios de comunicación y todo aquel actor que tenga la voluntad y quiera ser factor de cambio de esta realidad que vivimos de los efectos de la corrupción, a que se sumen al esfuerzo que realizaremos el CPC Chihuahua al elaborar una versión estatal del “Cuaderno ciudadano anticorrupción en procesos electorales”.
La corrupción es la vulnerabilidad de todos.
Osvaldo
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