El pasado jueves 1 de febrero Fundación Aranzadi LA LEY presentó el último Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia. El magistrado Miguel Pasqual del Riquelme y el abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti, miembros del Observatorio de …
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‘XV Informe anual del Observatorio de la Actividad de Justicia’
En la imagen, de izda.
a derch: Juan Mora-Sanguinetti, Cristina Retana (directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY) y Miguel Pasqual del Riquelme
Mora-Sanguinetti : “Cuando un sistema es poco previsible, hay más litigación”
Tras la presentación ambos expertos nos ofrecieron las principales claves del informe, tanto en lo relativo a su continente como a su contenido.
En referencia a la predictibilidad de la justicia, en el que se basa el estudio, Mora-Sanguinetti explica que dicho concepto se basa en “medir si el criterio de los tribunales, aquello que te va a decir la justicia, es más o menos algo que se haya podido predecir o prever…nos basamos en datos”.
Añade que, en términos de predictibilidad, somos bastante similares a nuestros vecinos.
Los datos dicen que “se recurre alrededor de un 8 % de las sentencias de primera instancia.
En Portugal estarían mejor: solo un 5 %.
En otros países, como Francia, tiene un 12 % de recurso”.
Pero dicha similitud no quiere decir que no tengamos que mejorar, “porque cuando un sistema es poco previsible, hay más litigación”.
Además, la complejidad y el volumen de nuestro marco normativo (se aprueban más de 12.
000 normas al año) dificulta predecir hacia dónde se inclinará un juez: “te pierdes en la red normativa y terminas en conflictos.
Conflictos, congestión judicial, falta de claridad y consecuencias económicas.
Es la cadena de efectos”.
Miguel Pasqual: “El sistema de acciones colectivas es complicado, costoso y de resultado incierto”
Por su parte, Miguel Pasqual del Riquelme coincide con Mora-Sanguinetti en que “tenemos margen de mejora en términos de previsibilidad.
También es un sistema lento.
Nuestro sistema de recursos provoca que tarde mucho en asentarse un criterio judicial cierto”.
Según recuerda el magistrado, en España hay 3.
803 jueces unipersonales.
Cada uno “debe interpretar novedades legislativas de calado.
A veces no hay un criterio previo, o el criterio que hay es discrepante entre jueces, lo que puede provocar 3.
803 instancias judiciales tratando de acertar”.
Además, el sistema de recursos, de primera, segunda y tercera instancia, “con la posibilidad de acudir a la Justicia europea y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tampoco ayuda.
La depuración del criterio final se dilata tanto en el tiempo que tarda demasiado en llegar”.
En referencia a la litigación en masa y como trasladan los jueces de lo mercantil y de lo civil, y los propios abogados, afirma que “el sistema de acciones colectivas es complicado, costoso y de resultado incierto, con problemas además de representatividad de las asociaciones, y que deriva en sentencias difíciles de ejecutar”.
Miguel Pasqual asegura estar a favor de los tribunales de instancia previstos en la Ley de Eficiencia Organizativa, “ya que es el tipo de medidas que tienden a promover y fomentan la seguridad jurídica y la unificación de criterios”.
También apuesta por la figura del juez especializado: “defiendo que esta vía otorga mayor calidad a nuestras resoluciones.
Tenemos jueces muy expertos en la materia y no hay que olvidar el extraordinario ahorro de recursos que supone que un juez trabaje siempre los mismos asuntos”.
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