El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su preocupación por los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores y ha pedido que éstos se corrijan «cuanto antes» para «evitar los riesgos para las víctimas».
En un comunicado, la Abogacía considera que los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores, dados a conocer por la Fiscalía General del Estado en su Memoria Anual 2024, «requieren una solución urgente» porque se trata de «posibles quebrantamientos de zonas de exclusión –de agresores y de penados– que no sólo ponen en riesgo la vida de la víctima, sino que pueden alterar la causa criminal al haberse perdido datos de los registros de esos dispositivos electrónicos».
«Estos dispositivos son clave en la protección de las víctimas», ha recordado Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía, que ha indicado además que la confianza en esta red institucional es «fundamental»: «No cabe un mínimo fallo en este asunto».
La Abogacía ha explicado que el buen funcionamiento de estas pulseras «se trata de una cuestión trascendente para garantizar, no sólo la protección real de las víctimas sino también su tranquilidad y la confianza en un sistema que, hasta ahora, viene funcionando».
Reclamó el año pasado más recursos
La Abogacía ha recordado que ya reclamó el año pasado, en las XII Jornadas de Violencia de Género celebradas en Toledo, que «se reforzaran los recursos para el seguimiento y protección de las víctimas, así como desarrollar sistemas de detección temprana que den respuestas más inmediatas y eficaces».
Asimismo, ha insistido en que la seguridad de las víctimas de maltrato «no debe depender solo de las pulseras telemáticas, sino también del acceso cercano a la justicia».
Por ello, la Abogacía cree que la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la Ley Orgánica 1/2025, «podría abrir la puerta», como advirtió en julio el presidente de la Subcomisión, «a la centralización del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer, lo que obligaría a las víctimas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad»
La incidencia, detectada tras el cambio de empresa en la gestión del servicio –del operador Telefónica a Vodafone– derivó en un vacío de datos de varios meses. En concreto, la Fiscalía avisó en su Memoria de «gran cantidad de sobreseimientos, provisionales y fallos absolutorios». Estos dispositivos, pieza esencial del sistema VioGén, actualmente dan cobertura a más de 45.000 mujeres en España.
Fuentes de Vodafone España han señalado que el sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género se encuentra plenamente operativo y que mantiene la continuidad del servicio y la seguridad de las mujeres bajo protección. La compañía recalca que su prioridad «ha sido y sigue siendo velar por la seguridad de las víctimas en todo momento».
El servicio se presta al Ministerio de Igualdad a través de la UTE Vodafone-Securitas, donde Vodafone se encarga de la plataforma tecnológica, los dispositivos y el software necesarios para su funcionamiento. Según fuentes de Vodafone, durante el traspaso de contrato en 2024 se produjeron determinados fallos en la transmisión de los datos entre la UTE saliente y la entrante, resueltos en su momento, y cuya información está actualmente accesible para las autoridades competentes.
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