Un cita para marcar los objetivos de los próximos años
La Abogacía Española clausuró su XIII Congreso nacional con una ambiciosa hoja de ruta que marcará sus objetivos de los próximos años. Las conclusiones de esta cita incluyen un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa. Entre esas enmiendas, que abordan aspectos muy diversos, se incluye un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, entre otras.
Las conclusiones de la ponencia de Derechos y libertades también incluyen un refuerzo del procedimiento de amparo colegial, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión. Las 44 conclusiones fueron votadas al término de cinco sesiones deliberativas, en las que los más de un millar de participantes debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión actualmente. Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se aprobó, entre otras conclusiones, determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Victoria Ortega reclama un pacto de Estado para evitar el colapso de la Justicia
En su inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, hizo un llamamiento a los partidos y poderes públicos para que desde el diálogo y el consenso alcancen un pacto de Estado “estable y duradero” para reformar un servicio público de justicia “al borde del colapso”. Ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, que también intervino en la inauguración, Ortega lamentó “el absoluto desencuentro político en temas decisivos para la profesión y la sociedad, el poder judicial pendiente de renovación, las huelgas y un servicio público de justicia al borde del colapso si no se reacciona pronto”. Y por eso reclamó que se alcance “el gran acuerdo que falta en democracia, el pacto de Estado por el servicio público de justicia”. “La calidad de la Justicia es una cuestión de Estado y por eso debe mantenerse fuera del juego partidista, ser objeto de un gran pacto”, añadió. “Dicho esto, es imprescindible hacer frente de manera inmediata y efectiva a las consecuencias de la paralización sufrida desde la pandemia, como es imprescindible evitar por todos los medios que el servicio público de justicia sufra nuevas paralizaciones”, añadió Ortega, recordando que “el diálogo y la escucha son la combinación perfecta para cualquier sociedad que quiere vivir en democracia”.
‘Cultura del diálogo’
En su intervención en la inauguración, la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó que tomaba “buena nota” de lo que se había dicho. “Es importante ensalzar la cultura del dialogo, evitar la cultura de la confrontación; solo así vamos a lograr algo que desean los ciudadanos que es la paz social”, afirmó, tras elogiar a “la abogacía comprometida con el estado de derecho”. “Jugáis un papel esencial en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. Os necesitamos porque tenemos que conseguir entre todos y todas que España siga avanzando”. Llop aseguró que están afrontando “huelgas y otros problemas” con “escucha y diálogo”, al mismo tiempo que promueven unas reformas legislativas para “avanzar hacia una justicia moderna y eficiente”.
Formación continua y los desafíos deontológicos
El Congreso de la Abogacía deliberó sobre cómo garantizar una formación continua de calidad y cómo regular, y acreditar, las especialidades. María Emilia Casas, catedrática del Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, al frente de la ponencia sobre especialidades y formación legal continua, señaló que la formación es una “exigencia imprescindible”. “El cambio social acelerado tiene un efecto en el ordenamiento jurídico y por eso un especialista que no conozca la jurisprudencia de todos los órdenes no estará en condiciones de defender correctamente a sus clientes. Ese cambio es imparable y obliga a una transformación continua del conocimiento”. Y por eso Casas señaló que es esencial que la Abogacía institucional desarrolle en todo el territorio un programa de formación continua “que garantice que todos los profesionales de la abogacía tengan las mismas oportunidades, independientemente de su lugar de residencia o de colegiación profesional”.
Debate sobre inteligencia artificial y las enmiendas al proyecto de ley del Derecho de Defensa
En su tercer y último día, el XIII Congreso de la Abogacía deliberó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la profesión y sobre el Proyecto de Ley del Derecho de Defensa para elaborar unas enmiendas a esta norma, que serán presentadas al Parlamento. “Hay que aprovechar para mejorar, fortalecer y matizar el derecho de defensa y el ejercicio profesional”, afirmó el abogado Jesús Remón, que dirigía la ponencia deliberativa sobre defensa y libertades hoy, muy centrada en ese texto normativo, fundamental para la profesión y en tramitación parlamentaria. “Se podría mejorar en temas como el asesoramiento previo, el trámite de audiencia, la lucha contra el intrusismo y el ejercicio irregular de la profesión, el amparo colegial o el secreto profesional”, explicó ante los cientos de participantes que han deliberado sobre este texto. El plazo de presentación de enmiendas a esta norma se amplió precisamente para que se pudieran presentar las enmiendas aprobadas en este Congreso, como expuso la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
Simultáneamente, en otra sala se deliberó sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, en una ponencia dirigida por el ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que expresó su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la profesión. “¿Son posibles unos servicios jurídicos sin abogados?”, se preguntó. Caamaño advirtió sobre las plataformas para buscar abogados online –“son como el Tripadvisor o el Meet de la abogacía”- y también sobre las plataformas online para presentar recursos, como la norteamericana Donotpay, que surgió para recurrir multas de tráfico. “Las cosas llegan para quedarse, no lo vamos a parar prohibiéndolo; habrá una parte del negocio de la abogacía actual, solo una parte porque nunca sustituirá por completo al abogado, donde la máquina haga de abogado de ambas partes y de árbitro”. Y por eso aseguró que es imprescindible “regular esta situación” e instó a la abogacía institucional a “establecer mecanismos para supervisar este tipo de situaciones”.
Conclusiones del informe ‘Mapa Legaltech en España, el presente y futuro de la abogacía’
Las conclusiones del informe Mapa Legaltech en España, el presente y futuro de la abogacía, un proyecto de la Fundación Mutualidad Abogacía con la Fundación PwC, se presentaron en el tercer y último día del XIII Congreso de la Abogacía. “Es un mapa vivo que se irá adaptando con mayor precisión para tomar medidas en cada sector, porque la mejor manera de predecir el futuro es creándolo”, remarcó Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad General de la Abogacía Española, sobre este documento, que aborda la relación entre los ciclos de la función jurídica con las LegalTech, tecnologías de análisis de datos e inteligencia artificial que ayudan a mejorar la eficiencia de los procesos en los despachos de abogados.
Pablo Fernández, senior manager de PwC Tax & legal de PwC Tax & Legal, detalló las soluciones que se ofrecen para los despachos dentro de su gestión operativa, las del negocio y en la ejecución de la práctica jurídica. Junto a Blanca Narváez, directora de la Fundación Mutualidad Abogacía, se abordaron los retos y oportunidades de esta tendencia hacia la automatización de procesos y gestión documental; y cómo desde la profesión se puede seguir siendo relevantes ofreciendo el valor añadido de comprender y adaptar la norma a un caso concreto. “El valor que los abogados ofrecemos está en el legaldesign o cómo acercar el derecho a la gente. Nuestro valor no es hacer lo mismo que hace la tecnología, sino usarlo como valor añadido en nuestro trabajo”, puntualizó Fernández.
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