La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado este sábado al Ministerio de Justicia y las Cortes Generales «cambios legales», además de pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «una nueva interpretación» de la ley para evitar que se perjudique a las mujeres víctimas y a quienes en la judicatura trabajan en juzgados de violencia de género.
En un comunicado, la asociación pretende que se busque «un tratamiento semejante» de esta materia a otras cuanto a traslados judiciales, «lo que facilitaría que las personas más expertas atendieran a las mujeres víctimas de esta clase de violencia».
JJpD ha recordado que la reciente aprobación de la ley orgánica 1/2025, que modifica la ley de enjuiciamiento criminal, atribuye más competencias a los juzgados y audiencias con competencia en violencia sobre la mujer. En la práctica, según la asociación, va a permitir que estos juzgados especializados conozcan materias que hasta ahora correspondían a juzgados y secciones penales, «como delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos, trata para explotación sexual y otros».
«En estas materias las víctimas son personas especialmente vulnerables, por lo que resulta conveniente especializar su tratamiento, como se hace en los tribunales con competencia en materia de violencia sobre la mujer», ha defendido la asociación.
En este sentido, ha señalado que la modificación legislativa supondrá cambios y traslados en la judicatura, «que deben realizarse sin desconocer la mayor experiencia de quienes ya trabajan en violencia sobre la mujer».
Sin embargo, JJpD ha alertado que esta reforma no ha modificado el artículo 330.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «que otorga mayor preferencia para ocupar plazas a quienes trabajan en el orden jurisdiccional penal general respecto de quienes ya están sirviendo en juzgados que tienen la consideración de juzgados mixtos, como ocurre con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los de instrucción con esta materia».
Por otra parte, la asociación ha advertido que el órgano de gobierno de los jueces «no ha convocado pruebas ni ofertado cursos para obtener especialidad en materia de violencia de género». «Quienes trabajan en estos juzgados están en peor situación que el resto de la judicatura que ejerce en tribunales penales para poder obtener traslados a juzgados de violencia o a las secciones de las audiencias especializadas en esta delicada materia», ha avisado.
Por ello, JJpD ha defendido que se ha dirigido al Ministerio de Justicia y a las Cortes Generales «para reclamar una reforma de la LOPJ que equipare el tratamiento de quienes en la judicatura trabajan en Juzgados de Violencia de Género con quienes ya lo hacen en jurisdicciones como la contencioso-administrativa y laboral, que tienen preferencia cuando llevan un tiempo dedicándose a esas materias».
El Secretariado de JJpD también ha reclamado expresamente al CGPJ, mediante una carta que ya ha recibido, que propicie una interpretación analógica del artículo 330.5 e) LOPJ que suponga un trato semejante de la judicatura que trabaja en juzgados de violencia sobre la mujer o juzgados de competencia mixta penal y violencia, con aquélla que lo hace en juzgados de lo contencioso-administrativo o laboral.
«De esta forma, mientras se modifica la ley, el CGPJ podría evitar la desigualdad en el desarrollo de la carrera profesional y garantizaría el mejor ejercicio de la jurisdicción en esta delicada materia de violencia sobre la mujer», ha concluido.
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