La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado su «profunda preocupación» por lo que considera una «campaña de presiones» dirigida contra el Tribunal Constitucional (TC) que ha calificado de «inaceptable», al tiempo que ha apelado al «respeto institucional» pese a las discrepancias con sus resoluciones.
La asociación judicial ha denunciado que esta supuesta campaña no se dirige solo contra el TC sino contra sus integrantes y «particularmente su presidente», Cándido Conde-Pumpido.
«Recordamos que los nombramientos de sus magistradas y magistrados se han realizado conforme a la Constitución, siguiendo procedimientos establecidos y respetados bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas durante más de 40 años», ha dicho en un comunicado.
En este sentido, ha señalado que, «si bien la crítica a sus resoluciones es legítima dentro del debate democrático», observa con preocupación «cómo en los últimos tiempos se han lanzado insinuaciones sobre la posibilidad de admitir querellas contra integrantes del TC por el ejercicio de sus funciones».
«Esta campaña es inaceptable. La erosión de las instituciones por el mero hecho de mantener visiones distintas sobre la interpretación de la Constitución es una absoluta irresponsabilidad», ha sostenido.
A su juicio, «la práctica deslegitimadora con la que vemos que se actúa últimamente respecto de cualquiera que no se pliega a los intereses de determinados grupos es un grave error que amenaza el sistema de equilibrios en que todo sistema de derechos y libertades se sostiene».
«No podemos permitir que el pluralismo constitucional se vea amenazado por el uso del derecho penal como herramienta de presión política, una tendencia preocupante que observamos tanto a nivel nacional como internacional. La coacción penal no es un método válido para delimitar la interpretación constitucional», avisado.
Así, ha recordado que el TC «es el máximo intérprete de la Constitución y su labor es esencial para la protección de la ciudadanía frente a todos los poderes, incluido el judicial». «Su independencia no puede estar sujeta a intereses ajenos a su función. Cualquier intento de imponer una tutela externa sobre sus decisiones desvirtúa su papel y compromete el respeto al marco constitucional», ha subrayado.
Con todo, ha hecho un llamamiento a «la responsabilidad y al respeto institucional por parte de todos los actores políticos y sociales», indicando que «la solidez de nuestra democracia depende de la confianza en nuestras instituciones, y esa confianza debe mantenerse incluso cuando sus resoluciones puedan generar discrepancias».
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