El exalcade de Rosales fue inhabilitado por firmar un contrato de casi 5 mdp para la adquisición de combustibles con una empresa de la que forma parte un familiar
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó al expresidente municipal de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, por haber firmado un contrato de casi 5 millones de pesos para la adquisición de combustibles, con una empresa en donde un familiar es accionista.
De la misma manera se inhabilitó al exdirector de Seguridad Pública de Delicias, Víctor Manuel Orona Holguín, a quien primero separaron del cargo porque la Comisión de Honor y Justicia juzgó su comportamiento como excesivo.
Durante una sesión plenaria del TEJA, se resolvió que el exedil tendría que ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, como una medida sancionatoria, luego de que se acreditará dicha irregularidad detectada por la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública del 2019 se desprende que el exalcalde firmó un contrato por un monto máximo de 5 millones de pesos para la compra de gasolina con una empresa con un familiar consanguíneo del exedil, conducta que el TEJA consideró grave y al acreditar la responsabilidad administrativa se determinó aplicar la inhabilitación.
En el segundo caso que se desahogó en la sesión, se determinó inhabilitar al ex director de Seguridad Pública Municipal de Delicias, por haber intervenido en una licitación pública beneficiando a una empresa específicamente.
Se comprobó abuso de funciones porque intervino en una licitación pública que tenía como fin adquirir un lote de semáforos para la ciudad de Delicias y en la que el servidor público sancionado descalificó arbitrariamente la propuesta del licitante que ofrecía el mejor precio en un contrato que superó los 8.
5 millones de pesos.
Ambos casos fueron documentados por la Auditoría Superior del Estado durante la revisión de la cuenta pública 2019 y denunciados por medio de informes de presunta responsabilidad ante el TEJA.
Ambas conductas están previstas como faltas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La sesión del TEJA se celebró de manera pública y hasta este viernes no se había notificado a la Auditoría Superior del Estado sobre la resolución que tomó el tribunal con base en los informes recibidos, y será en cuestión de horas cuando el desenlace de la sesión sea publicado en los estrados del tribunal.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó al expresidente municipal de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, por haber firmado un contrato de casi 5 millones de pesos para la adquisición de combustibles, con una empresa en donde un familiar es accionista.
De la misma manera se inhabilitó al exdirector de Seguridad Pública de Delicias, Víctor Manuel Orona Holguín, a quien primero separaron del cargo porque la Comisión de Honor y Justicia juzgó su comportamiento como excesivo.
Durante una sesión plenaria del TEJA, se resolvió que el exedil tendría que ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, como una medida sancionatoria, luego de que se acreditará dicha irregularidad detectada por la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública del 2019 se desprende que el exalcalde firmó un contrato por un monto máximo de 5 millones de pesos para la compra de gasolina con una empresa con un familiar consanguíneo del exedil, conducta que el TEJA consideró grave y al acreditar la responsabilidad administrativa se determinó aplicar la inhabilitación.
En el segundo caso que se desahogó en la sesión, se determinó inhabilitar al ex director de Seguridad Pública Municipal de Delicias, por haber intervenido en una licitación pública beneficiando a una empresa específicamente.
Se comprobó abuso de funciones porque intervino en una licitación pública que tenía como fin adquirir un lote de semáforos para la ciudad de Delicias y en la que el servidor público sancionado descalificó arbitrariamente la propuesta del licitante que ofrecía el mejor precio en un contrato que superó los 8.
5 millones de pesos.
Ambos casos fueron documentados por la Auditoría Superior del Estado durante la revisión de la cuenta pública 2019 y denunciados por medio de informes de presunta responsabilidad ante el TEJA.
Ambas conductas están previstas como faltas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La sesión del TEJA se celebró de manera pública y hasta este viernes no se había notificado a la Auditoría Superior del Estado sobre la resolución que tomó el tribunal con base en los informes recibidos, y será en cuestión de horas cuando el desenlace de la sesión sea publicado en los estrados del tribunal.
