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Crónicas Urbanas de Chihuahua
En esta ocasión nos enfocaremos a los antecedentes que dieron lugar a la consumación de dos grandes proyectos, los cuales costarían muchas alegrías, tristezas, dolores, satisfacciones, sangre, paciencia, perseverancia y bastante pero bastante dinero, y me refiero a la construcción de la actual Catedral de la ciudad de Chihuahua y la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, ambas, íconos de la cristiandad católica que le darían a la región un motivo fuerte de inspiración religiosa, fe, esperanza y caridad, por ello nos remontamos a los primeros tiempos del poblado de San Francisco de Cuéllar (1709), hoy la ciudad de Chihuahua, donde se empezaron a señalar los primeros lotes para comenzar a edificar la nueva comunidad; estas lotificaciones se extenderían hasta una hacienda colindante con la de Trasviña y Retes, que era la de “Guadalupe”, hoy parte de los terrenos donde se encuentra el templo de San Francisco y la actual plaza Ignacio Zaragoza, donde existió una capilla atendida por el presbítero José García de Valdés.
De esos terrenos antes mencionados, el sargento mayor don Juan Antonio de Trasviña y Retes donaría parte de un terreno de su hacienda para la construcción de una iglesia parroquial que de inicio le llamarían “Nuestra Señora de la Regla”, nombre que también tenía su hacienda.
Este nombre obedecía a una imagen negra que se veneraba en “Chipiona” (España y Cuba), imagen según se dice, había pertenecido a san Agustín, quien formuló una regla o reglamento para los religiosos.
Sin embargo, después de la expulsión de los moros de Cádiz, se recuperó la imagen que estaba escondida y fue llevada al santuario de Chipiona, donde los canónigos prometieron llevar una vida de acuerdo a lo normado por san Agustín, según lo manifiesta el maestro Zacarías Márquez.
Fue así que, el 21 de junio de 1725 con la visita del obispo Benito Crespo, el cual colocaría la primera piedra de la nueva construcción en el mismo sitio que ocupaba la primitiva capilla, asistiendo a la ceremonia miembros del Cabildo, el corregidor Bartolomé Gracia Montero y la mayoría de los vecinos que con alegría y mucha fe tal vez verían realidad ese sueño de tener una iglesia parroquial.
Esta rudimentaria construcción estaría a cargo del mayordomo don Pedro Coronel.
Viajamos en el tiempo y nos trasladaríamos hasta el 7 de mayo de 1727, un mes demasiado cálido en la Villa de San Felipe el Real de Chihuahua, cuando serían convocados algunos de los grupos más prominentes de la zona, incluyendo a los del poblado del Real de Santa Eulalia de Mérida.
Estos grupos se denominaban “cuerpos de minería y comercio”, y se reunirían con el fin de contemplar la posible construcción de dos grandes templos parroquiales, uno en cada lugar de los antes citados, sin embargo, la situación no iba a estar tan sencilla debido a las carencias económicas que se tenían para erigirlos.
Estas reuniones en ciertos momentos habían llegado a ser tan álgidas y controversiales que después de un tiempo se lograría un acuerdo entre ambos gremios para contribuir con una pequeña cantidad de un real por cada marco de plata que rindiese ese metal, para así, llevar a la práctica los dos proyectos.
Pero para emprender estos visionarios planes, se tendría que dar parte al real obispo diocesano para que diera su punto de vista, el cual, cuando lo estudió detenidamente le parecería hermoso y viable, por lo que este documento los transferiría al otro lado del Atlántico para hacerlos llegar a las manos del rey don Felipe V, con el fin de que, este “dignatario” le diera su aprobación.
Enterado Felipillo, mandaría expedir en la ciudad de Sevilla, España, su real cédula del 11 de marzo de 1731, ya casi cuatro años después del primer acuerdo, en la que se aseguraba la complacencia que le causaba tan laudable pensamiento y estimulaba a sus autores, a llevarlo adelante hasta verlos realizados.
¡Magnífico!
Pasarían los años entre llevar y traer documentos para ser autorizados de aquí, hasta Durango y, de Durango a España y viceversa (mucha burocracia, ¿no creen?) en un mundo todavía primitivo cuando las comunicaciones eran tan lentas que se necesitaba paciencia de “santo” para recibir la contestación positiva o negativa para el proyecto y no sería hasta el 17 de junio de 1753 cuando los gremios serían de nueva cuenta convocados a una nueva junta, casi 26 años después de la primera, donde se les hizo saber que siendo ya bastante la suma colectada para la terminación de su obra, cesarían de seguir pagándose las contribuciones establecidas en 1727, pero con este impedimento no se frenarían los trabajos de construcción de ambos templos hasta el 25 de junio de 1757, en que se vería que había salido fallida la cuenta, pues los caudales (ahorros), apenas alcanzarían a sostener los gastos emprendidos en dichos templos, sin haber finalizado ninguno de éstos, ni haber logrado agregar el ornato que les correspondía a dichas iglesias.
Ante esta situación, se buscaría una salida urgente a la crisis de fondos materiales que estaban frenando los proyectos, por lo que fue necesario, la celebración de una nueva junta para el frío 6 de noviembre de 1757, en la que se darían cuenta del error que se había cometido al negar las contribuciones, resolviéndose así ponerlas de nuevo en vigor aquellas creadas el 7 de mayo de 1727, disposición aprobada por el rey y por todos los integrantes de ambos gremios: de San Felipe el Real de Chihuahua y en Santa Eulalia de Mérida, quienes encontraron justa la solicitud los cuales se comprometerían solemnemente a cumplirla en los sucesivo, siempre y no se detectara irregularidad alguna o alguna emergencia o conflicto armado que en su tiempo, siempre existían con las tribus hostiles.
De esta manera, no se faltaría a la providencia hasta que, en octubre 1767, se pagaría con exactitud las contribuciones empleadas para solventar gastos y deudas que habían generado los dos proyectos.
Un año después, llegaría un capitán de nombre Lope de Cuéllar, comisionado por el visitador general de la Nueva España don José Gálvez, el cual, se haría presente ante el Cabildo y el Ayuntamiento para determinar y disponer de los recursos disponibles de ese fondo para ser utilizados en otras actividades.
Ante tan violenta determinación, los diputados de minería y comercio no pudieron hacer otra cosa que darse por notificados y prometer obedecerla en todas sus partes (lo que hoy en día se dice “doblaron las manitas”), reservándose sin embargo, el derecho de dirigirse al virrey, con el fin que éste se dignara a declarar si la contribución de granos representaba una verdadera donación, se debía entender y considerar como cualquier otro arbitrio correspondiente al ramo de la Real Hacienda para así, ser pasado a la instancia de la Junta de Guerra y Real Hacienda que se celebraría el 2 de abril de 1772, donde se acordaría que estas sumas se podían aplicar a las expediciones militares que se proyectaban en contra de los indios y con este dictamen, se aprobaría la entrega de caudales para don Lope de Cuéllar y que se continuarían verificando en lo sucesivo.
No contentos los diputados con la resolución, se propusieron a dar la batalla, dando cuenta de todo lo que pasaba al rey Carlos III, por medio de un apoderado que habían nombraron en la ciudad de Madrid, España, y para justificar su influencia, le acompañarían todos los documentos que constaban en las diligencias practicadas, haciéndole notar el objeto primitivo que había motivado a las personas de minería y comercio a la creación de dichos fondos y cómo habían sido aprobados por su antecesor el rey Felipe V.
En vista de todas estas razones, el rey Carlos III atendería la solicitud, ordenando al virrey de la Nueva España, don Matías de Gálvez, informarse sobre dicha situación; éste su vez, pediría noticias al señor de Croix, comandante general de las provincias internas, quien rendiría en el sentido de los hechos expuestos en la solicitud aludida, dando cuenta del estado en que se hallaba la construcción de los dos templos e indicando, la urgencia de que se procediese al adorno interno de ellos, la cual, no correspondía con la suntuosidad material de los dos edificios.
Sin embargo, los caudales siguieron entregándose en las arcas reales hasta el 4 de junio de 1776, cuando llegó a la suma de $96,841 reales, dicha cantidad parecía ser la mayor parte destinada para tal fin…Esta crónica continuará.
“Iglesias de Chihuahua: Catedral y Santa Eulalia de Mérida”, forman parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua.
Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XIII, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No.
111) y si está interesado en los libros, mande un WhatsApp al 614 148 85 03 y con gusto le brindamos información.
Crónicas Urbanas de Chihuahua
En esta ocasión nos enfocaremos a los antecedentes que dieron lugar a la consumación de dos grandes proyectos, los cuales costarían muchas alegrías, tristezas, dolores, satisfacciones, sangre, paciencia, perseverancia y bastante pero bastante dinero, y me refiero a la construcción de la actual Catedral de la ciudad de Chihuahua y la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, ambas, íconos de la cristiandad católica que le darían a la región un motivo fuerte de inspiración religiosa, fe, esperanza y caridad, por ello nos remontamos a los primeros tiempos del poblado de San Francisco de Cuéllar (1709), hoy la ciudad de Chihuahua, donde se empezaron a señalar los primeros lotes para comenzar a edificar la nueva comunidad; estas lotificaciones se extenderían hasta una hacienda colindante con la de Trasviña y Retes, que era la de “Guadalupe”, hoy parte de los terrenos donde se encuentra el templo de San Francisco y la actual plaza Ignacio Zaragoza, donde existió una capilla atendida por el presbítero José García de Valdés.
De esos terrenos antes mencionados, el sargento mayor don Juan Antonio de Trasviña y Retes donaría parte de un terreno de su hacienda para la construcción de una iglesia parroquial que de inicio le llamarían “Nuestra Señora de la Regla”, nombre que también tenía su hacienda.
Este nombre obedecía a una imagen negra que se veneraba en “Chipiona” (España y Cuba), imagen según se dice, había pertenecido a san Agustín, quien formuló una regla o reglamento para los religiosos.
Sin embargo, después de la expulsión de los moros de Cádiz, se recuperó la imagen que estaba escondida y fue llevada al santuario de Chipiona, donde los canónigos prometieron llevar una vida de acuerdo a lo normado por san Agustín, según lo manifiesta el maestro Zacarías Márquez.
Fue así que, el 21 de junio de 1725 con la visita del obispo Benito Crespo, el cual colocaría la primera piedra de la nueva construcción en el mismo sitio que ocupaba la primitiva capilla, asistiendo a la ceremonia miembros del Cabildo, el corregidor Bartolomé Gracia Montero y la mayoría de los vecinos que con alegría y mucha fe tal vez verían realidad ese sueño de tener una iglesia parroquial.
Esta rudimentaria construcción estaría a cargo del mayordomo don Pedro Coronel.
Viajamos en el tiempo y nos trasladaríamos hasta el 7 de mayo de 1727, un mes demasiado cálido en la Villa de San Felipe el Real de Chihuahua, cuando serían convocados algunos de los grupos más prominentes de la zona, incluyendo a los del poblado del Real de Santa Eulalia de Mérida.
Estos grupos se denominaban “cuerpos de minería y comercio”, y se reunirían con el fin de contemplar la posible construcción de dos grandes templos parroquiales, uno en cada lugar de los antes citados, sin embargo, la situación no iba a estar tan sencilla debido a las carencias económicas que se tenían para erigirlos.
Estas reuniones en ciertos momentos habían llegado a ser tan álgidas y controversiales que después de un tiempo se lograría un acuerdo entre ambos gremios para contribuir con una pequeña cantidad de un real por cada marco de plata que rindiese ese metal, para así, llevar a la práctica los dos proyectos.
Pero para emprender estos visionarios planes, se tendría que dar parte al real obispo diocesano para que diera su punto de vista, el cual, cuando lo estudió detenidamente le parecería hermoso y viable, por lo que este documento los transferiría al otro lado del Atlántico para hacerlos llegar a las manos del rey don Felipe V, con el fin de que, este “dignatario” le diera su aprobación.
Enterado Felipillo, mandaría expedir en la ciudad de Sevilla, España, su real cédula del 11 de marzo de 1731, ya casi cuatro años después del primer acuerdo, en la que se aseguraba la complacencia que le causaba tan laudable pensamiento y estimulaba a sus autores, a llevarlo adelante hasta verlos realizados.
¡Magnífico!
Pasarían los años entre llevar y traer documentos para ser autorizados de aquí, hasta Durango y, de Durango a España y viceversa (mucha burocracia, ¿no creen?) en un mundo todavía primitivo cuando las comunicaciones eran tan lentas que se necesitaba paciencia de “santo” para recibir la contestación positiva o negativa para el proyecto y no sería hasta el 17 de junio de 1753 cuando los gremios serían de nueva cuenta convocados a una nueva junta, casi 26 años después de la primera, donde se les hizo saber que siendo ya bastante la suma colectada para la terminación de su obra, cesarían de seguir pagándose las contribuciones establecidas en 1727, pero con este impedimento no se frenarían los trabajos de construcción de ambos templos hasta el 25 de junio de 1757, en que se vería que había salido fallida la cuenta, pues los caudales (ahorros), apenas alcanzarían a sostener los gastos emprendidos en dichos templos, sin haber finalizado ninguno de éstos, ni haber logrado agregar el ornato que les correspondía a dichas iglesias.
Ante esta situación, se buscaría una salida urgente a la crisis de fondos materiales que estaban frenando los proyectos, por lo que fue necesario, la celebración de una nueva junta para el frío 6 de noviembre de 1757, en la que se darían cuenta del error que se había cometido al negar las contribuciones, resolviéndose así ponerlas de nuevo en vigor aquellas creadas el 7 de mayo de 1727, disposición aprobada por el rey y por todos los integrantes de ambos gremios: de San Felipe el Real de Chihuahua y en Santa Eulalia de Mérida, quienes encontraron justa la solicitud los cuales se comprometerían solemnemente a cumplirla en los sucesivo, siempre y no se detectara irregularidad alguna o alguna emergencia o conflicto armado que en su tiempo, siempre existían con las tribus hostiles.
De esta manera, no se faltaría a la providencia hasta que, en octubre 1767, se pagaría con exactitud las contribuciones empleadas para solventar gastos y deudas que habían generado los dos proyectos.
Un año después, llegaría un capitán de nombre Lope de Cuéllar, comisionado por el visitador general de la Nueva España don José Gálvez, el cual, se haría presente ante el Cabildo y el Ayuntamiento para determinar y disponer de los recursos disponibles de ese fondo para ser utilizados en otras actividades.
Ante tan violenta determinación, los diputados de minería y comercio no pudieron hacer otra cosa que darse por notificados y prometer obedecerla en todas sus partes (lo que hoy en día se dice “doblaron las manitas”), reservándose sin embargo, el derecho de dirigirse al virrey, con el fin que éste se dignara a declarar si la contribución de granos representaba una verdadera donación, se debía entender y considerar como cualquier otro arbitrio correspondiente al ramo de la Real Hacienda para así, ser pasado a la instancia de la Junta de Guerra y Real Hacienda que se celebraría el 2 de abril de 1772, donde se acordaría que estas sumas se podían aplicar a las expediciones militares que se proyectaban en contra de los indios y con este dictamen, se aprobaría la entrega de caudales para don Lope de Cuéllar y que se continuarían verificando en lo sucesivo.
No contentos los diputados con la resolución, se propusieron a dar la batalla, dando cuenta de todo lo que pasaba al rey Carlos III, por medio de un apoderado que habían nombraron en la ciudad de Madrid, España, y para justificar su influencia, le acompañarían todos los documentos que constaban en las diligencias practicadas, haciéndole notar el objeto primitivo que había motivado a las personas de minería y comercio a la creación de dichos fondos y cómo habían sido aprobados por su antecesor el rey Felipe V.
En vista de todas estas razones, el rey Carlos III atendería la solicitud, ordenando al virrey de la Nueva España, don Matías de Gálvez, informarse sobre dicha situación; éste su vez, pediría noticias al señor de Croix, comandante general de las provincias internas, quien rendiría en el sentido de los hechos expuestos en la solicitud aludida, dando cuenta del estado en que se hallaba la construcción de los dos templos e indicando, la urgencia de que se procediese al adorno interno de ellos, la cual, no correspondía con la suntuosidad material de los dos edificios.
Sin embargo, los caudales siguieron entregándose en las arcas reales hasta el 4 de junio de 1776, cuando llegó a la suma de $96,841 reales, dicha cantidad parecía ser la mayor parte destinada para tal fin…Esta crónica continuará.
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Osvaldo
Cartones
