El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) de cara a una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que deje en manos de los fiscales las investigaciones penales.
Fuentes fiscales han precisado a Europa Press que la reunión se celebrará el próximo miércoles 10 de abril, después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado a las asociaciones de fiscales su intención de recuperar el proyecto de una nueva LeCrim.
Las mismas fuentes han incidido en que desde la Fiscalía General del Estado entienden que «esta nueva ley debe ir acompañada necesariamente» de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, lo que ha impulsado a García Ortiz a adoptar su decisión de reunir a representantes de la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En su reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la AF –mayoritaria en la carrera fiscal– pidió al Gobierno un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para «asegurar la independencia» del fiscal general del Estado, según informó la asociación en un comunicado.
La nueva LeCrim
El movimiento del fiscal general tiene lugar después de que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 26 de marzo, el titular de Justicia anunciara que el Ejecutivo pretendía impulsar en este 2024 la reforma de la LeCrim, una iniciativa pendiente de Gobiernos anteriores.
Bolaños apuntó que el objetivo del Ejecutivo era «adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI». «No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal», manifestó.
Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción como el Gobierno ofreció a Junts en febrero en el marco de las negociaciones de la ley de amnistía, Bolaños incidió en que el texto estaba en una fase «muy inicial». «Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea», señaló.
El ministro insistió en que el texto aún está «en una fase muy inicial de trabajo» porque todavía está pendiente que el CGPJ presente su informe preceptivo, que –según recordó– lleva tres años pendiente «cuando el plazo legal es un mes».
Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, a mediados de marzo el Ministerio de Justicia remitió al órgano una misiva en la que le apremiaba a entregar el informe. Las mismas fuentes apuntaron que era «inviable» que el Consejo presentara sus conclusiones en un plazo de una semana, pero avisaron de que estaban trabajando en el texto.
La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor y serán los fiscales quienes dirijan la investigación cuando la reforma entre en vigor. Eso sí, con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
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