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“Amarra” la militarización de la seguridad pública
POR JOSÉ LUIS JÁQUEZ BALDERRAMA
Mientras que la inseguridad crece a pasos agigantados en México, la clase política ha convertido los espacios legislativos en "arena de lucha libre” donde “rifan” los insultos y quien grita más fuerte.
A pesar de los constantes cuestionamientos de la sociedad civil, empresarios y medios de comunicación a los legisladores opositores a la Cuarta Transformación, terminaron “doblegándose al poder” y la llamada “militarización de la seguridad pública” ya tiene el visto bueno en las cámaras de diputados y senadores.
Y de pasada, se da un “duro golpe” a la “alianza de opositores” de los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática.
Hoy los discursos de los dirigentes partidistas van desde reclamos hasta acusaciones de traición.
El grupo en el poder gana por partida doble, pues obtiene la reforma y "fractura" la alianza opositora ante la cercanía de las elecciones en el Estado de México, Coahuila y las presidenciales de 2024.
México fue nota internacional, tanto por el “arrabalero” debate legislativo, como por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de extender hasta el año 2028 el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel nacional.
En casi dos décadas de intervención del Ejército en la seguridad pública, principalmente en el combate al narcotráfico, no se ha podido detener la violencia.
Desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pasando por el de Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, los cárteles aumentaron en número y se hicieron más agresivos incluso asesinando a civiles como ocurrió el 11 de agosto del presente año en Zapopan, Celaya, Tijuana y Ciudad Juárez.
Fue un “jueves negro” donde mandó el terror.
La delincuencia en México ha diversificado su actividad, pues ahora trafican con más drogas (mariguana, cocaína, heroína, fentanilo etc.
) incrementaron los secuestros, extorsiones, el cobro de piso, la trata de blancas, control de migrantes y lavado de dinero.
Su “mirada” está fija en la narcopolítica.
Para Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch.
“El presidente de México debería emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil”.
Con la reforma constitucional ya “amarrada” por la 4T, los militares podrán suplir a las autoridades civiles en seguridad pública, como por ejemplo capturar e interrogar, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes y posibles órdenes judiciales.
Entre otras acciones
Un tema también que debe atenderse con prontitud es el respeto a los derechos humanos y transparencia en la información, pues muchos hechos donde interviene la milicia se manejan como “reservados”, como sucedió con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Hay opacidad en cuanto a los documentos relacionados con el caso.
Otro hecho es lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020 en Ciudad Delicias, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon contra Jessica Silva Zamarripa (ella murió) y su esposo Jaime Torres, al regresar a su casa después de participar en la toma de la presa La Boquilla por el conflicto del agua.
La milicia informó que repelieron un ataque a tiros, cuando la pareja de agricultores no portaba armas.
En lo que va de la presente administración federal, según la información oficial del Ejército han tenido 640 encuentros con civiles armados, con un saldo de 515 personas muertas, 89 lesionados y la detención de 381 presuntos delincuentes.
En estos enfrentamientos perdieron la vida 21 soldados.
Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer un dictamen en el sentido de que los militares deben intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles.
Y por supuesto que haya rendición de cuentas.
La apuesta del gobierno mexicano es enorme por recuperar la paz social.
Para ello, lo primero es detener la espiral de violencia, luego resolver la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones responsables de la seguridad pública.
Nos puede seguir: twiter@palabrapropia
Antena Radio 102.
5 FM, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde
“Amarra” la militarización de la seguridad pública
POR JOSÉ LUIS JÁQUEZ BALDERRAMA
Mientras que la inseguridad crece a pasos agigantados en México, la clase política ha convertido los espacios legislativos en "arena de lucha libre” donde “rifan” los insultos y quien grita más fuerte.
A pesar de los constantes cuestionamientos de la sociedad civil, empresarios y medios de comunicación a los legisladores opositores a la Cuarta Transformación, terminaron “doblegándose al poder” y la llamada “militarización de la seguridad pública” ya tiene el visto bueno en las cámaras de diputados y senadores.
Y de pasada, se da un “duro golpe” a la “alianza de opositores” de los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática.
Hoy los discursos de los dirigentes partidistas van desde reclamos hasta acusaciones de traición.
El grupo en el poder gana por partida doble, pues obtiene la reforma y "fractura" la alianza opositora ante la cercanía de las elecciones en el Estado de México, Coahuila y las presidenciales de 2024.
México fue nota internacional, tanto por el “arrabalero” debate legislativo, como por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de extender hasta el año 2028 el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel nacional.
En casi dos décadas de intervención del Ejército en la seguridad pública, principalmente en el combate al narcotráfico, no se ha podido detener la violencia.
Desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pasando por el de Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, los cárteles aumentaron en número y se hicieron más agresivos incluso asesinando a civiles como ocurrió el 11 de agosto del presente año en Zapopan, Celaya, Tijuana y Ciudad Juárez.
Fue un “jueves negro” donde mandó el terror.
La delincuencia en México ha diversificado su actividad, pues ahora trafican con más drogas (mariguana, cocaína, heroína, fentanilo etc.
) incrementaron los secuestros, extorsiones, el cobro de piso, la trata de blancas, control de migrantes y lavado de dinero.
Su “mirada” está fija en la narcopolítica.
Para Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch.
“El presidente de México debería emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil”.
Con la reforma constitucional ya “amarrada” por la 4T, los militares podrán suplir a las autoridades civiles en seguridad pública, como por ejemplo capturar e interrogar, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes y posibles órdenes judiciales.
Entre otras acciones
Un tema también que debe atenderse con prontitud es el respeto a los derechos humanos y transparencia en la información, pues muchos hechos donde interviene la milicia se manejan como “reservados”, como sucedió con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Hay opacidad en cuanto a los documentos relacionados con el caso.
Otro hecho es lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020 en Ciudad Delicias, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon contra Jessica Silva Zamarripa (ella murió) y su esposo Jaime Torres, al regresar a su casa después de participar en la toma de la presa La Boquilla por el conflicto del agua.
La milicia informó que repelieron un ataque a tiros, cuando la pareja de agricultores no portaba armas.
En lo que va de la presente administración federal, según la información oficial del Ejército han tenido 640 encuentros con civiles armados, con un saldo de 515 personas muertas, 89 lesionados y la detención de 381 presuntos delincuentes.
En estos enfrentamientos perdieron la vida 21 soldados.
Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer un dictamen en el sentido de que los militares deben intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles.
Y por supuesto que haya rendición de cuentas.
La apuesta del gobierno mexicano es enorme por recuperar la paz social.
Para ello, lo primero es detener la espiral de violencia, luego resolver la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones responsables de la seguridad pública.
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Osvaldo
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