Las mujeres reciben acompañamiento por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y exigen a los jueces que no se violenten sus derechos humanos ni el de sus hijos
Mujeres víctimas de violencia se manifestaron en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para exigir que los jueces dejen de violentar sus derechos humanos y el de sus hijas e hijos, ya que señalan, hay juzgadores que prefieren darle beneficio a los agresores.
Más de una decena de mujeres que reciben acompañamiento por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) se manifestaron al pie de la estatua de la justicia para exigir un alto a la violencia que viven por parte de los juzgadores.
Señalaron que la licenciada Nicolasa Concepción Payán Holguín, juez Séptimo de lo Familiar por Audiencias, es una de las juzgadoras que registra una alta incidencia en casos que presentan arbitrariedades y un cúmulo de quejas generalizadas.
"Es una juzgadora que sigue emitiendo resoluciones totalmente violatorias a los derechos de las mujeres, hijos e hijas”.
La licenciada María Luisa Salazar Olvera, coordinadora de Delitos de Género del CEDEHM señaló que la problemática es grave, debido a que los jueces, sin conocer el contexto de violencia que se vive, prefieren entregar a los hijos e hijas a los agresores.
A ello se suma que las medidas de protección no se otorgan a tiempo y cuando las otorgan se revocan porque solo se atiende a la versión del agresor.
En el caso de pensión alimenticia, refirió que cuentan con un estudio de las mujeres que atiende el CEDEHM, en donde los jueces otorgan pensiones alimenticias que equivalen a 13 pesos diarios para que una niña o niño tenga su sustento.
Se denunció que los tribunales carecen de perspectiva de género e infancias, por ello, las resoluciones son cada vez más favorables para los agresores.
El CEDEHM y su equipo de abogadas acompañan a las mujeres en los procesos familiares y penales, debido a que en muchos casos, las mujeres son denunciadas por los agresores.
Tal es el caso de Isela, originaria de Honduras, quien al poner un alto a la violencia que vivía con su expareja Marcos Eduardo, se convirtió en imputada, ya que el hombre la acusa de todo lo que le pasa.
A pesar de que cuenta con medidas de protección emitidas por un juzgado, estas no se cumplen.
El agresor vive a tres cuadras de su hogar y va frecuentemente.
“Temo por mi vida y pido ayuda.
Cuando salgo siento que no voy a regresar y es difícil vivir así.
Quiero justicia”.
La licenciada María Luisa Salazar Olvera explicó que en muchas ocasiones, los agresores a través de la violencia vicaria, es decir, a través de las hijas e hijos, buscan seguir violentándolas.
Actualmente, existen muchas disposiciones jurídicas que defienden los derechos e intereses de las mujeres, hijas e hijos, sin embargo, lamentó que todo ello quede a criterio de los juzgadores y sigue faltando una buena interpretación por parte de los tribunales.
Lamentablemente, estos casos de violencia llegan a diario al CEDEHM, donde las mujeres tienen que enfrentar entre cuatro a cinco procesos de índole familiar y penal, solo con la intención de seguir ejerciendo violencia.
Mujeres víctimas de violencia se manifestaron en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para exigir que los jueces dejen de violentar sus derechos humanos y el de sus hijas e hijos, ya que señalan, hay juzgadores que prefieren darle beneficio a los agresores.
Más de una decena de mujeres que reciben acompañamiento por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) se manifestaron al pie de la estatua de la justicia para exigir un alto a la violencia que viven por parte de los juzgadores.
Señalaron que la licenciada Nicolasa Concepción Payán Holguín, juez Séptimo de lo Familiar por Audiencias, es una de las juzgadoras que registra una alta incidencia en casos que presentan arbitrariedades y un cúmulo de quejas generalizadas.
"Es una juzgadora que sigue emitiendo resoluciones totalmente violatorias a los derechos de las mujeres, hijos e hijas”.
La licenciada María Luisa Salazar Olvera, coordinadora de Delitos de Género del CEDEHM señaló que la problemática es grave, debido a que los jueces, sin conocer el contexto de violencia que se vive, prefieren entregar a los hijos e hijas a los agresores.
A ello se suma que las medidas de protección no se otorgan a tiempo y cuando las otorgan se revocan porque solo se atiende a la versión del agresor.
En el caso de pensión alimenticia, refirió que cuentan con un estudio de las mujeres que atiende el CEDEHM, en donde los jueces otorgan pensiones alimenticias que equivalen a 13 pesos diarios para que una niña o niño tenga su sustento.
Se denunció que los tribunales carecen de perspectiva de género e infancias, por ello, las resoluciones son cada vez más favorables para los agresores.
El CEDEHM y su equipo de abogadas acompañan a las mujeres en los procesos familiares y penales, debido a que en muchos casos, las mujeres son denunciadas por los agresores.
Tal es el caso de Isela, originaria de Honduras, quien al poner un alto a la violencia que vivía con su expareja Marcos Eduardo, se convirtió en imputada, ya que el hombre la acusa de todo lo que le pasa.
A pesar de que cuenta con medidas de protección emitidas por un juzgado, estas no se cumplen.
El agresor vive a tres cuadras de su hogar y va frecuentemente.
“Temo por mi vida y pido ayuda.
Cuando salgo siento que no voy a regresar y es difícil vivir así.
Quiero justicia”.
La licenciada María Luisa Salazar Olvera explicó que en muchas ocasiones, los agresores a través de la violencia vicaria, es decir, a través de las hijas e hijos, buscan seguir violentándolas.
Actualmente, existen muchas disposiciones jurídicas que defienden los derechos e intereses de las mujeres, hijas e hijos, sin embargo, lamentó que todo ello quede a criterio de los juzgadores y sigue faltando una buena interpretación por parte de los tribunales.
Lamentablemente, estos casos de violencia llegan a diario al CEDEHM, donde las mujeres tienen que enfrentar entre cuatro a cinco procesos de índole familiar y penal, solo con la intención de seguir ejerciendo violencia.
