Al considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se “ha extralimitado” en sus fallos contra las reformas aprobadas por el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso definir que “en ningún caso podrán otorgarse suspensiones generales en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo contra normas generales”.
Al considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha extralimitado en sus fallos contra las reformas aprobadas por el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso definir que en ningún caso podrán otorgarse suspensiones generales en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo contra normas generales.
En su iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que este miércoles se enviará a comisiones con las otras 19 propuestas entregadas el lunes, el mandatario afirma que si bien la suspensión es una medida cautelar que permite evitar perjuicios irreparables, en los años recientes el PJF ha adoptado criterios contrarios al principio de relatividad del juicio de amparo.
En la exposición de motivos, que sustenta su propuesta de modificar la fracción 10 del artículo 107 de la Carta Magna, señala que si bien esa tendencia jurisprudencial de los ministros tiene una lógica tutelar de derechos colectivos, su aplicación ha resultado poco uniforme, contradictoria e incluso discrecional.
Para el Ejecutivo, todas las leyes aprobadas por el Congreso tienen presunción de legitimidad y constitucionalidad, hasta en tanto no se declare expresamente su incompatibilidad con la Constitución, y no puede cesar su aplicación mientras no se dicte una sentencia ni ser objeto de medidas cautelares ,como la suspensión.
Incluso, considera que suponer que el trabajo legislativo es inconstitucional, al otorgar una suspensión con efectos generales, representa una grave intromisión a las facultades del Congreso y una clara vulneración al principio de poderes.
Asimismo, insiste en su propuesta de que los ministros no ganen más que el presidente y reitera sus críticas al gasto altamente oneroso de la SCJN.
En el proyecto se incluye un contraste entre los salarios de los ministros y la población en general.
Sostiene que la desigualdad en la asignación de remuneraciones de ministros resulta ilustrativa, en comparación con el nivel de ingreso de la población en general.
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