El cúmulo de medidas legislativas extraordinarias adoptadas a raíz de la pandemia y la entrada en vigor del Estado de Alarma han retrasado, todavía más, los procedimientos judiciales en España, provocando un colapso muy perjudicial para los propietarios con inmuebles okupados.
“Los mecanismos que contemplan las leyes para que el propietario pueda recuperar su propiedad no son suficientes, sería necesario que fuesen más taxativos y sobre todo que facilitasen que los desahucios y precarios fuesen más rápidos”, advierte Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
La justicia española atraviesa en la actualidad un estado de colapso que ha provocado el retraso sistemático de numerosos procedimientos judiciales. Entre ellos destacan los desahucios y precarios, que cada vez afectan a más propietarios que se ven obligados a esperar durante meses a que se produzca el lanzamiento de las personas que okupan su vivienda ilegalmente.
Y es que, si bien existen una serie de procedimientos para que el propietario pueda recuperar sus propiedades, detalla la abogada, estos no son lo suficientemente taxativos y agiles en lo que respecta a facilitar los lanzamientos: “No se puede proteger la ocupación y establecer medidas que favorezcan la misma y eso es lo que parece que están haciendo”.
Del mismo modo, la abogada recuerda que “todas las personas tienen derecho a tener una vivienda digna”, y que por eso mismo los poderes públicos deberían dotarse de mayores medios para reducir el número de familias precarias, sin trasladar esta responsabilidad al particular.
Un sistema judicial colapsado
El principal problema, sin embargo, no es la falta de regulación, sino el colapso judicial existente. En este sentido, Goenaga señala que los Real Decretos Leyes aprobados a raíz de la pandemia se centraron en proteger a los ocupantes y arrendatarios vulnerables, y no tanto a los propietarios que tienen que hacer frente a desahucios y procedimientos judiciales de precario.
“No vamos a poner en duda y lo suscribimos totalmente que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una vivienda y digna, pero diferimos totalmente en cómo se debe garantizar y la implicación de los organismos públicos y los medios que deben destinar. Parece que existe cierta sensación de impunidad por parte de los ocupantes o de los arrendatarios que dejan de cumplir con su obligación de pagar la renta”, concluye la experta.
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