Es importante la Justicia Digital. Un gran reto Institucional, en la Administración de Justicia de El Salvador

Es un hecho evidente; que debemos actualizar nuestro entorno laboral y profesional en la Innovación y desarrollo tecnológico, en participar de los foros internacionales sobre el abordaje de la IA en la aplicación del Derecho y de la Administración de …

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Catedrático de Derecho Constitucional.
Graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona, España Juez de Sentencia y Magistrado Suplente Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia

Es un hecho evidente; que debemos actualizar nuestro entorno laboral y profesional en la Innovación y desarrollo tecnológico, en participar de los foros internacionales sobre el abordaje de la IA en la aplicación del Derecho y de la Administración de Justicia.

Hace unos días en este mes, participe en el  taller sobre el tema «Mejores prácticas en la gestión de despacho y la evidencia financiera en casos complejos y procesos de extinción de dominio» organizado por las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT), donde asistieron jueces, magistrados y magistradas, secretarios y colaboradores de Salas de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y tribunales de diferentes competencias del país, fiscales, defensores públicos, investigadores, analistas financieros y agentes de la PNC.

Gracias a la gestión Walter Perkel, Asesor legal Residente de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (OPTAT) y con la colaboración de la Licenciada Bertha Moran; quien fue el enlace para coordinar con el Dr.
Alcides Guandique (Coordinador Área Especializada de Derecho Privado del CNJ) en la entrega de mi libro «Independencia Judicial y la Justicia Inclusiva» publicada por Aranzadi España; en mi calidad de Magistrado Suplente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; a los ponentes internacionales Taylor Hartstein, Fiscal Federal Albuquerque, New México, United States, Emely Belin Contadora de la Agencia FBI, Jared C Bennet, Magistrado de Utah United States, todos invitados por Departamento de Justicia de EEUU.

En el referido evento, se desarrolló una temática muy interesante sobre como el Sistema Judicial en nuestro país El Salvador, deberá actualizarse y capacitarse en temas muy importantes como los juicios y la aportación de pruebas en los casos de criptomonedas, o como proceder a inmovilizar activos digitales por medio de la Fiscalía General de la Republica y con autorización de un Juez.

En ese sentido en su intervención, destaco la Licenciada Eugenia Maricela Campos, Jefa de la Unidad Especializada contra el Lavado de activos de la Fiscalía General de la Republica de El Salvador; enfatizo en que las instituciones deben coordinar esfuerzos y trabajar en equipos para los casos de Lavado de activos; y los casos de corrupción, realizar mayor preparación en las auditorias contables forenses; para establecer una teoría del caso.
El crimen organizado en todos los países ha desarrollado los espacios de la nube para esconder los activos digitales y de la tecnología para establecer el lugar del cibercrimen; como debemos establecer la teoría de un caso del ciberdelito; investigar los activos digitales en las transacciones internacionales, el fraude electrónico esta en todos los países, y por ello debemos enfrentar estos retos en la esfera de la era digital.

Conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales; publicada en D.
O.
No 16 Tomo N° 438 Fecha: 24 de enero de 2023, en el artículo 3, dispone: “Un activo digital es una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente, utilizando un sistema de Tecnología de Registro Distribuida, o tecnología similar o análoga, en la cual los registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones.

Existe una Adición mediante una reforma a la  Ley de Emisión de Activos Digitales, en el inciso cuarto al artículo 3, de la siguiente manera: «Sin perjuicio de lo anterior, la certificación que emita el proveedor de servicios de activos digitales, debidamente autorizado por la Comisión Nacional de Activos Digitales, respecto de los activos digitales a los que se refiere la presente Ley, tendrá la calidad de título ejecutivo conforme a las reglas contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil.
«

Así mismo se agregó una reforma Ley de Emisión de Activos Digitales en el literal d) del artículo 5, de la siguiente manera: «d) Contrato Inteligente: Es un programa informático, el cual utiliza la Tecnología de Registro Distribuido o una similar o análoga, y que se implementa cuando ciertas condiciones predeterminadas se cumplen; y se utiliza típicamente para automatizar la ejecución de un acuerdo para que todos los participantes puedan tener certeza del resultado, sin la necesidad de un intermediario.
Según el acuerdo entre las partes, dichos programas pueden ser autoejecutables, ejecutados judicialmente o ejecutarse de forma combinada.
La certificación del contenido del contrato inteligente que emita el proveedor de servicios de activos digitales, debidamente autorizado por la Comisión Nacional de Activos Digitales, tendrá la calidad de título ejecutivo conforme a las reglas contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil.
»

Nuestro país; desarrolla la Agenda Digital El Salvador 2020-2030; donde se promueven la modernización del Estado a través de la desmaterialización de documentos físicos que serán reemplazados por documentos electrónicos, conforme a lo establecido en la Ley de Firma Electrónica y la Ley de Procedimientos Administrativos.

En ese sentido; la adopción de estándares para la normalización y digitalización de registros del Órgano Ejecutivo, el intercambio de datos a través de plataformas que permitan la interoperabilidad entre los Órganos y demás entidades del Estado y la publicación de datos abiertos y estadísticos actualizados, así como también, la modernización de servicios con la aplicación de la Arquitectura de Servicios Digitales de Gobierno en sectores estratégicos y la promoción de la transparencia normalizando la generación de conjuntos de datos en formatos abiertos para consumo público.

La actualidad sobre estos temas; también fue abordado en la Universidad Francisco Gavidia en San Salvador, El Salvador con el tema “Los activos digitales y los desafíos para la administración de justicia”, donde participo la excelentísima Diputada M.
Sc.
Dania González, Asamblea Legislativa de El Salvador, y los representantes del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador M.
Verónica González y M.
Santos Guerra Grijalba; anteriormente desarrollado por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia en el mes de abril de este año y fue expuesto magistralmente por el ponente M.
SC.
Héctor Torres y en esta conferencia realizada por el Magistrado de la Sala de lo Constitucional Licenciado Nahum Martínez.

En la actualidad, el Derecho informático se preocupa por regular las tecnologías disruptivas como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la ciberseguridad, el blockchain o cadena de bloques, las criptomonedas y los criptoactivos, los Smart contracts, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la neuro tecnología, entre otras.

Hace más de cuatro años; que he estudiado con mucha dedicación sobre el abordaje de las nuevas tecnologías; la IA y un Gobierno Digital; posterior a la pandemia los países han innovado sus sistemas legales y la jurisprudencia; es así que un referente es Europa y luego Estados Unidos.
Antes de la pandemia me encontraba en España y debo decir; tuve la oportunidad de contextualizar este acontecimiento y que como un tiempo antes ya se había desarrollado el tema sobre el Derecho Informático: hoy es la era de la IA y de la Innovación Tecnológica.

Andrés Guzmán Caballero, quien es el actual Comisionado Presidencial para los DDHH, y liberta de expresión El Salvador, profesor, protección de datos, IA y DDHH, por designación y nombramiento del señor Presidente de El Salvador Nayib Bukele; en los temas actualizados sobre este tema de la IA y de la administración de Justicia nos orienta en un artículo titulado “Uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales.
” ¿El fin de los peritos?

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando numerosos sectores, y el ámbito judicial no es la excepción.
Una de las aplicaciones más prometedoras de la IA en el derecho es su potencial para transformar la práctica de las pruebas periciales.
Coincido con Andrés Guzmán; en el tema y por ello recientemente opine en un foro realizado sobre los procesos judiciales y los juicios orales; donde se abordo sobre la IA y la innovación tecnológica; muchos de los asistentes también enfatizaron como se valorará la prueba digital en los procesos judiciales.

Nuestro proceso penal, si están regulados las pruebas con utilización de medios tecnológicos; su aportación y desarrollo de regulación del ingreso como prueba; no obstante ello los peritos que de alguna manera son aquellos expertos en una ciencia; o en la actualidad que sea certificado como un perito experto en IA y el uso de evidencias digitales, contador forense en activos digitales o en criptomonedas y los criptoactivos, los Smart contracts, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la neuro tecnología; serán una gran dificultad procesal para que este perito desarrolle su pericia y pueda declarar en el juicio.

Andres Guzman Caballero, Comisionado Presidencial nos orienta y pregunta: Al integrar IA como ChatGPT en las pruebas periciales, los abogados de ambas partes, pueden acordar su uso para agilizar la recolección y análisis de evidencias; llegar al juicio y determinar alguna estipulación probatoria.

Por ejemplo, en un caso de propiedad intelectual, un ChatGPT especializado podría analizar rápidamente grandes volúmenes de datos de patentes identificando patrones y precedentes relevantes que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano.

Es evidente que existirán muchas opiniones al respecto; como lo advierte  Emely Belin, de la Agencia FBI; quien nos dice que puedes realizar tu labor de investigación, utilizar análisis de datos digitales, gráficos e imágenes; archivos digitales; pero debes realizar una historia de la información de forma sencilla; pero en el análisis existen victimas en el lavador de activos, posiblemente utilizan programas tecnológicos de la red; uso de una billetera digital o billetera fria en la nube; todo puede suceder en el ciberespacio digital; pero siempre se puede rastrear la huella tecnológica hasta llegar el dinero, incautarlos y lograr obtener un responsable, para ello debemos tener los recursos tecnológicos del Estado, disponer de la cooperación internacional para la asistencia entre países y combatir estos ciberdelitos.

En Centro América, El Salvador se visualiza como una Nación digital y desarrolla la Agenda Digital El Salvador 2020-2030, con un clima de los negocios muy rentable para desarrollar y expandir las nuevas tecnologías.
Es importante para El Salvador que las políticas inclusivas de habilidades digitales facilitarían el desarrollo de competencias digitales, ayudando a acelerar la transformación digital y preparando a las personas para aprovechar mejor los beneficios de la economía digital.

Nuestro mayor reto institucional con la Justicia en El Salvador; es que los operadores de Justicia, desarrollen su mayor capacidad para cumplir con la sociedad, y el País que demanda Justicia.
Es un año de retos, pero mucho disponemos de las oportunidades de implementar la modernización del Sistema de Justicia en El Salvador.

En ese sentido y en mi calidad de catedrático, escritor y Magistrado Suplente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; asumo mi compromiso por desarrollar estos temas y aportar propuestas de mejorar los procesos digitales en la nueva administración de Justicia, este reto es una de las propuestas a la alta magistratura de este País y contribuir en estos ejes de la Agenda Digital de forma conjunta con el Gobierno Central y las demás instituciones del Sector Justicia.

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